(Pulso) Los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena patrocinaron una querella presentada por el sindicato de Supervisores de la División Salvador de Codelco, contra quienes resulten responsables en un caso de supuestas prácticas sindicales, ligado a su vez a una demanda laboral dirigida al CEO de la minera, Nelson Pizarro.
Esto, luego que se perdiera una carpeta administrativa en la Dirección del Trabajo, que sustentaba la demanda interpuesta en diciembre del año pasado contra Pizarro.
Todo se inició tras una conversación que sostuvieron los supervisores con Pizarro, en la que este habría proferido dichos “amenazantes” contra los trabajadores en un encuentro sostenido el 23 de agosto del año pasado. Estas serían constitutivas, según los dirigentes como prácticas antisindicales.
“No puedo aceptar que tengamos profesionales de alta calificación demandados (…). En esas condiciones, no puedo avalar el esfuerzo, no puedo comprometerme frente al directorio y decirle vamos para adelante y el objetivo de mi presencia acá es intentar generar con ustedes una suerte de compromiso, borrón y cuenta nueva, ¿a cambio de qué? A cambio de que yo pueda hacer el compromiso de gatillar la factibilidad del Rajo Inca y de anticipar el inicio del pre-stripping del Rajo Inca”, habrían sido los dichos, según un archivo de audio que guardan los líderes sindicales.
Dicho suceso tuvo diversas consecuencias. La última de ellas, se conoció ayer, luego de que el presidente de dicho sindicato, Rodrigo González, anunciara que el organismo ingresó una querella criminal contra quienes resulten responsables por la ausencia de la carpeta administrativa en la DT, la que está patrocinada por los ex fiscales del Ministerio Público, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
“En la práctica fue un condicionamiento del empleo, porque si nosotros no hacíamos lo que él quería, él nos iba a dejar sin trabajo”, señaló González, quien detalló que lo que buscaba Pizarro era dejar sin efecto una demanda laboral contra un ex ejecutivo de la división, dando como moneda de cambio la posible ejecución del proyecto Rajo Inca, que asegura la continuidad de la operación cuya vida útil termina en 2021, por 40 años más.
“El sindicato interpuso una demanda por prácticas antisindicales y por vulneración de derechos laborales. En el marco de ese proceso, se ofició a la DT para que remitiera tanto la denuncia interpuesta por el sindicato al organismo fiscalizador como el expediente administrativo respectivo y el director de la DT subrogante emitió un oficio indicando que no se había generado ningún informe ni un expediente administrativo”, explicó Norambuena.
“Efectivamente, se generó una denuncia, una comparecencia con una fiscalización. La DT entrevistó a los sindicatos (…)Parece que la información que dio el funcionario público no respondió a la realidad”, agregó, detallando que si se determinan responsables en el caso, estos pueden ser sancionados por el delito de falsificación de instrumento público, con penas que van desde los tres años y un día a los 10 años de presidio.
A su turno, Gajardo señaló que la querella ya fue admitida a tramitación. “A partir de eso pasa a ser tramitada en la fiscalía donde pedimos una seria de diligencias”, comentó, especificando que estas tienen que ver con aspectos como citar a las personas involucradas y la solicitud de la correspondencia electrónica de la DT.
En 2017, la división Salvador terminó con un costo directo de 198 centavos por libra de cobre, mientras la productividad laboral fue la más baja de la estatal, con 17,9 de toneladas por trabajador.