(El Mercurio) Un importante respaldo de la autoridad de Estados Unidos recibió Antofagasta Minerals (Amsa), el brazo minero del grupo Luksic, para llevar adelante el proyecto Twin Metals, futura faena de cobre y níquel que se emplazaría en Minnesota. Esta es la apuesta más ambiciosa de la compañía fuera del país.

El Departamento del Interior estadounidense restituyó, de manera oficial, dos licencias claves para la iniciativa que durante la administración de Barack Obama le fueron quitadas a la compañía, poniendo en peligro el desarrollo minero por US$ 1.100 millones. Esta decisión fue comunicada el miércoles, en línea con una opinión legal que emitió en diciembre pasado el mismo organismo, durante el gobierno de Donald Trump.

El presidente ejecutivo de Amsa, Iván Arriagada, comentó que la reinstalación de las licencias mineras canceladas abre el camino para seguir adelante con la iniciativa, declarada como relevante por la firma. «Lo que nos preocupaba es que la revocación de estas licencias impedía que siquiera presentáramos el proyecto a evaluación», sostuvo.

Añadió que «estas licencias comprometían una parte importante de los recursos del plan minero; por lo tanto, sin ellas, el proyecto era inviable o muy cerca de ser inviable».

Detalló que ahora «lo que haremos es iniciar el proceso de renovación medioambiental, por lo que el proyecto sigue adelante, y continuaremos haciendo los estudios con el propósito de seguir avanzando, pero evidentemente es una muy buena noticia que formalmente las licencias fueran restituidas».

Sostuvo que este es un paso relevante, pero todavía quedan varias etapas para que se concrete Twin Metals. «Este es un proyecto de largo aliento, que tiene muchos años por delante para desarrollarse. Creemos que serán siete u ocho años, pero significa un avance en nuestro objetivo de desarrollar yacimientos de clase mundial y con los mejores estándares», opinó.

Consultado sobre si esta definición se interpretaba como un apoyo del gobierno de Trump a la iniciativa, a diferencia de lo que ocurrió en la administración anterior, Arriagada respondió que acá se dio cumplimiento a la legislación. «Esto no es el respaldo de un gobierno en particular; aquí, lo que han funcionado son las instituciones en Estados Unidos, asociadas a aspectos territoriales y de permisos», indicó.

Añadió que «nos habían sido canceladas las licencias de forma, creemos, arbitraria y equivocada».

Sobre el proceso de tramitación ambiental y la existencia de grupos ecologistas que se oponen a él, el ejecutivo apuntó: «tenemos que seguir un largo proceso de preparar un estudio de impacto ambiental para ser presentado a aprobación. Aquí se contemplan, en sus distintas etapas, consultas con los distintos estamentos y grupos de interés. Quienes tengan observaciones pueden manifestarlas».

Agregó que estos procesos son largos, en especial cuando se trata de proyectos mineros nuevos, también denominados greenfield .