(El Mercurio) Con los antecedentes que estaban sobre la mesa, era fácil suponer que el cambio de gobierno traería movimientos algo bruscos en la Enap. Lo que no se sabía hasta hace pocas semanas es que el mismo aire pesado también se empezaría a respirar en Codelco, donde la caída del histórico líder sindical Raimundo Espinoza -el fiel de la balanza entre la administración y los trabajadores- hizo que la gobernabilidad de la cuprera y sus planes de inversión también aparezcan hoy bajo cierto aire de amenaza.
Con Espinoza fuera de la presidencia de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -aunque no del directorio de Codelco-, ya no es tan claro que los trabajadores sigan bien alineados detrás de la administración. Asunto complejo si se piensa que en los próximos 10 años la estatal deberá invertir US$ 39 mil millones y remover al menos a 1.700 trabajadores en Chuquicamata.
Así las cosas, dos de las mayores empresas del Estado chileno hoy atraviesan por transiciones cargadas de encrucijadas. Algunas comienzan a despejarse favorablemente, mientras otras amenazan con agitar más las cosas, con consecuencias potenciales en materias cruciales, como políticas de inversiones, relacionamiento con los proveedores y el elevado costo de la mano de obra.
Codelco: Rebaja de dotación en 1.700 puestos y ajuste en sueldos tensiona a Chuqui
Esta semana, en La Serena, con la presencia de 115 dirigentes sindicales de Codelco, se ratificó la salida de Raimundo Espinoza de la presidencia de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y fueron más allá. Anunciaron que reformarán completamente la multisindical de la estatal, con nuevos comités y aumentando el número de consejeros de 15 a 17.
Raimundo Espinoza presidía desde 1993 la FTC, que agrupa a los sindicatos de todas las divisiones de Codelco. Y es, a la vez, el director más antiguo de la estatal. Fue nombrado en 1994 por Eduardo Frei, siguió con Ricardo Lagos hasta 2002; luego designado por la Presidenta Michelle Bachelet en 2006, y ratificado durante el gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, y por Bachelet en 2016 y hasta 2022. Este último nombramiento es personal, por lo que Espinoza puede dejar de trabajar en Codelco y aún así tener una silla en el directorio.
En el mundo sindical e incluso entre algunos ejecutivos de Codelco, hay críticas al rol del ex timonel de la FTC, lo que explica este golpe dado a su gestión en esta multisindical. «Dejó de representar a los trabajadores, hay incluso una relación promiscua con el presidente del directorio (Óscar Landerretche) y el presidente ejecutivo (Nelson Pizarro)», señala un profesional de la corporación. Incluso, se le cuestiona la extrema cercanía con Daniel Sierra, vicepresidente de Recursos Humanos, porque es «poco apropiada entre la dirigencia sindical y su contraparte». Otro le critican que ejerció un «monopolio del diálogo sindical en Codelco», en perjuicio de los propios trabajadores, señalan dirigentes mineros.
Fueron estos puntos débiles los que levantaron los dirigentes de Chuquicamata -Cecilia González, Héctor Roco y Hernán Guerrero, los dos primeros antes eran del círculo de Raimundo Espinoza- para arremeter contra Espinoza. Y es que Chuquicamata está en un tránsito, en que su rol de interlocución era clave.
Laura Albornoz, directora de Codelco, señala que el conflicto al interior de la FTC no ha afectado el normal funcionamiento de la empresa.
Fuentes de la administración Codelco dicen que este es un conflicto de los líderes sindicales, no de los trabajadores, y hacen ver que la estatal ha cerrado en los últimos días tres negociaciones colectivas con acuerdo. Pero sí reconocen que la caída del ex presidente de la FTC afecta la concreción del proyecto estructural Chuquicamata Subterránea, que «requiere cambios significativos en el negocio», según ha señalado Nelson Pizarro. «Chuquicamata debe asegurar su viabilidad transformando su cultura y aplicando nuevas prácticas de trabajo y tecnología para quebrar la tendencia de productividad y costos», dijo el CEO de Codelco hace pocas semanas. Hay que subir la productividad de 44 toneladas por persona, a 61 toneladas -el promedio de Codelco actual es de 51 toneladas-, y reducir los costos a menos de un dólar por libra, frente a 1,296 centavos de dólar en que está hoy.
Eso pasa, cuenta una profesional de Codelco, por reducir o reconvertir a unos 1.700 trabajadores de Chuqui y «entrar a picar» en tres áreas productivas de la mina: la concentradora, la fundición y la refinería. «Chuqui Subterránea necesita menos de 4.000 trabajadores y la reducción o reconversión debe producirse desde este año y hasta el 2023», señalan en la administración. Por ejemplo, el cierre del rajo abierto parte en 2020, y allí trabajan 1.000 mineros.
La dirigencia sindical se opone a esta reconversión, porque también baja su base sindical. Al sacar a Raimundo Espinoza, aquella posición sindical contraria a los cambios se fortalece, dicen en el headquarter de Codelco.
Codelco tiene una dotación propia total de 18.562 trabajadores. De ellos, 5.664 están en Chuquicamata, con remuneraciones más altas. Por ejemplo, en El Teniente, hoy la mayor división en términos productivos, el salario anual promedio de cada trabajador es de US$ 70 mil al año ( unos $3,5 millones al mes), versus los US$ 111.600 (unos $5,7 millones mensuales) que, en promedio, gana su equivalente en Chuqui. Estos trabajadores reciben una asignación de zona que representa el 35% de su sueldo.
El costo laboral de Codelco sin Chuqui en 2017 es más bajo, de US$ 85.100 mensuales ($ 4,3 millones). La idea de la administración es igualar los beneficios de la otrora mina más grande de Codelco al resto, cuestión que suscita el rechazo de los dirigentes.
Aunque estas diferencias vienen desde hace tiempo, el hecho que provocó el quiebre al interior de la FTC y la posterior salida de Espinoza de esta presidencia fue que este avaló el fin del Plan de Desarrollo Sindical (PDS), un plan que costaba varios millones de dólares. Se finiquitó este programa el 31 de diciembre de 2017 y ardió la pradera.
PDS daba bonos a los dirigentes hasta $1,2 millones al mes más su sueldo
Pensado para facilitar el tránsito desde la dirigencia sindical a la vida «normal», el PDS partió en 2002. Consistía en capacitar a los dirigentes por 18 meses para retomar sus trabajos en sus respectivas áreas.
Además, accedían a bonos que sumaban $1,2 millones al mes y la opción de adherir a los planes de egreso vigentes. Este plan se mantuvo vigente por más de 15 años. En 2016, la administración le puso fecha límite: hasta el 31 de diciembre de 2017. Algunos dirigentes llevaron este tema a la justicia, que lo rechazó en primera y segunda instancia, señalan en Codelco. Como expiró en 2017, muchos dirigentes actuales no alcanzaron a inscribirse a los planes de egreso y tampoco recibirán los bonos.
Codelco debe invertir US$ 39 mil millones en 10 años y no hay claridad de cómo financiarlo
Otro tema que complica a Codelco son las inversiones: no se ve cómo financiarlas. Actualmente, hay en marcha tres proyectos estructurales -Chuquicamata Subterránea; Traspaso Andina y Nuevo Nivel Mina de El Teniente-, a los que se suman otros tres en estudio, como Mina Rajo Inca en El Salvador, Desarrollo Futuro de Andina y Planta desalinizadora en Distrito Norte.
«Tenemos un desafío de inversión gigantesco de US$ 39 mil millones en los próximos 10 años y que, estimamos, serán financiados a través de tres vías: recursos propios generados por la corporación, deuda adquirida con financistas privados y aportes del dueño, mediante el programa de capitalización que está en curso», señala Óscar Landerretche, en la memoria 2017 de Codelco.
En la misma, el actual presidente del directorio considera «imperioso pensar en una ley de financiamiento que garantice ciertos niveles de reinversión, en función del precio del cobre y de nuestro desempeño, lo cual generaría los incentivos para seguir siendo cada vez más productivos y competitivos». En esa línea está el ministro de Minería, Baldo Prokurica, pero esto se opone a la política de austeridad fiscal que impulsa Hacienda.
En el anterior gobierno de Sebastián Piñera, en un ciclo de precios altos del cobre, la entrega de capital a Codelco fue más bien escasa, lo que obligó a la estatal a endeudarse para concretar inversiones, ha explicado Landerretche en varias ocasiones, pasando su deuda de US$ 6 mil millones a US$ 14.000 millones, entre 2010 y 2014.
Por la ley de capitalización de 2014, desde ese año el Estado ha inyectado capital por US$ 1.620 millones a Codelco, autorizó la retención de utilidades por US$ 200 millones más y permitió traspasar recursos provenientes de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre al tesoro público, lo que implicó una capitalización extraordinaria a la empresa, por US$ 475 millones en 2017.
En total, US$ 2.295 millones en el período 2014-2017, y aún restan US$ 1.705 millones a entregar entre 2018 y 2019. Pero hay incertidumbre sobre qué pasará después. Consultado el Ministerio de Hacienda, al cierre de esta edición no había dado una respuesta.