(El Mercurio) Infructuoso fue el intento de conciliación entre Codelco y la Contraloría General de la República (CGR) en el marco de la disputa judicial que los tiene enfrentados desde el año pasado.
Ayer, y concurriendo a un llamado realizado por el 25° Juzgado Civil de Santiago, ejecutivos y representantes de Codelco y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -organismo que representa a la Contraloría- concurrieron a una audiencia de conciliación que duró unos pocos minutos y en la que no salió humo blanco.
La disputa entre la minera y Contraloría surge luego de una auditoría en la que se cuestionan algunas contrataciones. La discusión se centra ñen qué marco legal rige a Codelco al momento de contratar con partes relacionadas, es decir, con firmas en las que existan familiares de ejecutivos.
Según Contraloría, la minera debe regirse por algunos artículos de la Ley de Compras Públicas referidos a la contratación con relacionados. La estatal, en tanto, argumenta que se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que optó por la vía judicial para resolver el diferendo con Contraloría.
El abogado que representa a Codelco, Pedro Pablo Gutiérrez, comentó a la salida de la audiencia que «habría que llegar a acuerdo sobre si se aplica o no una ley particular a Codelco, que es la Ley de Compras Públicas. La empresa estima que no se le aplica porque tiene unas normas particulares en su ley orgánica y esa diferencia, estamos de acuerdo las partes, es mejor que la resuelva un juez».
«Es difícil llegar a un consenso porque tenemos opiniones muy divergentes», añadió.
No obstante, sostuvo que «existe la mejor de las voluntades de parte nuestra y del Consejo, pero hoy no fue el día en el que nos pudiéramos encontrar con un acuerdo. Tal vez más adelante, pero no es fácil».
El abogado consejero del CDE, Raúl Letelier, manifestó que «en juicios de este tipo es muy difícil llegar a una conciliación debido a que el objeto del litigio se refiere al alcance de las facultades de fiscalización de la Contraloría General de la República vinculadas a contrataciones de Codelco y dichas facultades no pueden ser objeto de indagación».
Ahora, el juez deberá determinar si es necesaria la rendición de pruebas o si con los antecedentes entregados está en condiciones de dictar sentencia.
Tras el fallo, las partes podrían acudir a la Corte de Apelaciones y, finalmente, a la Suprema. Todo tardaría hasta cinco años.