(La Tercera) El próximo jueves será un día clave en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen). Ese día, el consejo directivo, presidido por la subsecretaria de Energía, Jimena Jara, se reunirá para pronunciarse sobre el nuevo contrato que Corfo y SQM firmaron la tarde del miércoles 17 de enero y que dio por finalizado el conflicto que se extendía desde fines del año 2013 entre el organismo estatal y la minera no metálica.
El martes y jueves pasado ya estuvieron analizando el contrato que, de ser aprobado, entregará una cuota adicional de 349.553 toneladas de litio metálico a SQM hasta el año 2030. A la cifra se suma el remanente de 64.816 toneladas de litio metálico que aún mantiene y que sumadas permitirán que la minera no metálica produzca el equivalente a 2,2 millones de toneladas de carbonato de litio en los próximos 12 años.
El plazo de análisis de la Cchen se aleja de los tres meses que se tomó en 2017 para analizar el contrato de Albemarle, competidora de SQM y que dio inicio a la renovación de condiciones y exigencias de parte del Estado a los privados que buscan desarrollar el negocio del litio en Chile.
“Hoy tenemos muchas más capacidades. Cuando comenzó esto recién estábamos formando el equipo y hoy ya tenemos el equipo andando. No hay comparación”, asegura Patricio Aguilera, director ejecutivo de la Cchen y quien ha liderado el proceso de modernización del organismo estratégico
Es que en la comisión han estado trabajando día y noche para darle un nuevo aire al organismo, que tiene que velar porque las compañías que explotan litio cumplan con las exigencias pactadas con el Estado. Misión antigua, pero que no se había seguido con la rigurosidad necesaria, revela.
Aguilera, quien venía de Corfo, cuenta que al llegar a la Cchen, a fines de 2015, se dieron cuenta de que los registros que existían respecto del litio, su producción, exportación y precio de venta, entre otros detalles, no coincidían con la información que tenía Corfo y menos la que estaba en Aduanas.
Esto, pese a que su llegada se produce dos años después del inicio del arbitraje entre Corfo y SQM, donde la estatal acusaba, inicialmente, el no pago, en forma íntegra ni oportuna, de las rentas trimestrales por el arrendamiento de las pertenencias ubicadas en el Salar de Atacama desde el año 2009 en adelante.
“Acá había una falla sistémica”, dice tajante Aguilera. “Desde el punto de vista del control, no había un procedimiento explícito para controlar los acuerdos que se habían pactado. Tampoco era muy claro cómo hacer el control. Había una falla que no tenía que ver con una persona, con un consejo ni con un director ejecutivo en particular. Había una falla sistémica”, recalca.
Además, se dieron cuenta de que había autorizaciones que se estaban otorgando en momentos distintos a la fecha de envío del litio al exterior y que también había información poco precisa.
¿Por qué? Probablemente, porque antes el litio y sus contratos no tenían tanta relevancia como ahora, dice Aguilera. “Hoy, recién es un tema polémico, por lo de SQM”, añade.
Auditoría
Por eso, su primera tarea al llegar a Amunátegui 99 fue diseñar un procedimiento para el control del litio, proceso que comenzó a operar en febrero de 2016. Además, fortalecieron el capital humano y para eso firmaron un convenio de colaboración entre Cchen, Corfo y Aduanas, y desde la fecha han estado trabajando en conjunto para chequear los datos que son entregados por las empresas y testear la información.
Paralelo a eso, también se aumentaron las capacidades técnicas de la propia Comisión Chilena de Energía Nuclear, con el fin de controlar de manera técnica lo que efectivamente se está vendiendo respecto del litio. “Antes no existía ninguna capacidad para hacerlo”, asegura Aguilera.
Para eso se creó una unidad especializada, llamada “grupo control de venta de litio”, donde trabajan dos personas y que pide apoyo a distintas áreas de la propia Cchen. En total son cinco personas. “No es un equipo grande, porque la Cchen cuenta con una planta de 326 personas. Nos tenemos que ajustar a los recursos que están disponibles”, cuenta.
Junto con eso, Aguilera solicitó una auditoria donde se comenzaron a revisar los números. El proceso duró un año y se logró alinear los datos desde el año 2010 al 2015. Luego de eso comenzó a trabajar para tener el periodo completo, hasta la actualidad. “Esto era necesario para que haya certeza de lo que efectivamente se ha autorizado y para que todos tengamos la misma información”, explica.
Y, además, se perfeccionó el proceso de autorización de explotación de los salares. “Las autorizaciones ahora son distintas. Nos preocupamos de que exista una reserva estratégica. Además, nos fijamos en la ley y la Cchen tiene facultades para autorizar el litio extraído, sus concentrados, derivados y compuestos. Mucho más que antes”, dice.
Debido a las falencias que existían en los procedimientos, Aguilera informó a la Auditoría General de Gobierno, instancia que está siendo constantemente informada de todos los hallazgos que se han encontrado en los procesos que realiza la Cchen.
Con estos cambios, Aguilera es enfático, no habrá más errores. “El campo cambió completamente. El nivel de control, supervisión y de capacidades aumentó. Siempre las cosas pueden fallar, pero pueden ser fallas menores y no sistémicas como las que existían acá”, indica.
Añade que “a partir de 2016 tenemos un procedimiento mucho más desarrollado de cómo se llevan los registros y de cuáles son las responsabilidades y los mecanismos de interacción con las empresas. Antes llegaba un papel, se registraba y se firmaba, nada más”.
Nuevas funciones
Pero la Cchen quiere ir mucho más allá y está a la espera de varias autorizaciones por parte de Corfo y del consejo directorio del organismo para cumplir otras tareas.
Uno es modernizar el sistema de control, el que hoy se hace vía manual. Además, implementar un programa tecnológico, que ya presentaron a Corfo, para conocer bien los alcances del litio. La idea de la Cchen es trabajar en conjunto con otros centros de investigación, nacionales e internacionales, universidades y empresas, para mejorar la información técnica del mineral, como las reservas, recursos y potencialidades de los salares que hay en el país.
También investigar el rol energético del litio, necesario, por ejemplo, para el desarrollo de las baterías de almacenamiento de energía; como una solución a la intermitencia que tienen las energías renovables, principalmente la eólica y solar.
Por último, está mejorar la eficiencia en los salares, sello que ha sido fuertemente defendido en nuevos contratos otorgados a los privados. “El país no puede darse el lujo de estar botando el litio en los procesos productivos. Ese tema nos preocupa mucho”, señala.
Para eso ya están trabajando con Albemarle para el estudio de reserva que la compañía tiene que presentar a fines de este año a la Cchen y que está dentro de las exigencias impuestas en su nuevo contrato de extracción. “Ellos tienen que presentar el 31 de diciembre de 2018 un estudio de reserva y estamos participando en ello en el diseño de la metodología del muestreo. Esto es relevante para que nosotros después podamos hacer la contramuestra con el fin de chequear la información que nos entreguen”, explica.
Gracias a estos cambios, hoy la Cchen tendrá información mucho más real, señala Aguilera, la que se complementará con las visitas que realizarán a los salares. La última, dice, se realizó en 2016 y para este año ya tienen programadas varias visitas, las que deben ser sin aviso previo, recalca, sin querer entregar más detalles.
Si bien las nuevas funciones se pondrán en marcha hacia el año 2022, la Cchen espera recibir prontamente las aprobaciones para comenzar a implementarlas. “No corresponde dilatar esto. Estamos trabajando para hacerlo luego”, dice.
Mayor transparencia
Pero no todo ha sido cambios. La Cchen también hace un análisis respecto de su actuación al momento de entregar información estratégica, la que ha sido solicitada a raíz del arbitraje entre SQM y Corfo por varios actores, entre ellos medios de comunicación y la propia Corfo, y que han tenido que recurrir al Poder Judicial para poder tener acceso.
Ante eso, Aguilera explica que el organismo solo puede entregar la información que es aprobada por terceros, en este caso SQM y Albemarle. “No podemos hacer más o menos de lo que nos faculta la ley (de Transparencia)”, indica.
Añade que incluso cuando ellos hicieron la auditoría externa, tuvieron que pedir autorización a las empresas por la información solicitada y que era vital para contrastar los datos que se tenía en la Cchen. Y cuando hubo que entregarla, también tuvieron que pedir autorización, a lo que las empresas respondieron que se trabaja con datos confidenciales y se rayaron varios datos.
“Siempre entregamos la información que podemos entregar. Es feo o raro, pero no podemos pasar por encima de la ley”, recalca.
Indica que para la Cchen sería más fácil entregar directamente la información. “Nos genera un trabajo enorme, porque tenemos que responder amparos y entregar información parcial a cada rato. Es harto trabajo y acá solo tenemos dos abogados. Estamos llenos de pega y no es nuestro fin ocultarla”, enfatiza.