Con la exposición por parte del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, la alianza Valor Minero consolida sus cinco componentes propuestos que buscan la promoción de una nueva institucionalidad para proyectos de inversión con base en el diálogo permanente.

“Nuestro compromiso, porque este proyecto es financiado con recursos públicos, es entregarle al gobierno la propuesta final a mediados del presente año”, expuso Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero, justo antes de la exposición del Centro de Políticas Públicas UC, que presentó su proyecto de certificación para facilitadores y mediadores de diálogo en proyectos de inversión.

Con esto, la alianza público-privada consolida sus cinco módulos de cooperación con otras instituciones que generarán las instancias para concretar la propuesta de diálogo institucional.

Los módulos de diálogo propuestos

Los cinco componentes de diálogo que propone Valor Minero se constituyen, en primer lugar, por entidades de fomento del diálogo; en segunda instancia, por la asistencia en el proceso para generar igualdad de condiciones entre las partes a través de facilitadores y mediadores; como tercer punto, se propone la resolución de controversias a través de un sistema que promueva los acuerdos entre las partes y evite llegar a juicios; en cuarto lugar, la existencia de indicadores que den a conocer la calidad de los diálogos y, finalmente, se presenta el módulo de un sistema de certificación para mediadores y facilitadores.

El Centro de Políticas Públicas UC, propuso un diseño preliminar de sistemas de certificación, para desarrollar el último punto que considera Valor Minero.

Si bien el equipo de la casa de estudios identificó cuatro perfiles de individuos capaces de aportar en los procesos de diálogo, “dentro del sistema de certificación no podemos hacernos cargo de los cuatro perfiles, porque es algo muy ambicioso”, aseguró María Olga Vallejos, coordinadora del proyecto, quien agregó que se enfocarán en la formación exclusiva de facilitadores de los procesos de diálogos y mediadores de los conflictos que puedan surgir.

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El proceso de certificación se estima que tendrá una duración de máximo dos meses para cada profesional y contabiliza que tenga actualizaciones que se exigirán cada cuatro años. Asimismo, el Centro espera generar una implementación gradual del sistema de certificación.

Según Juan Pablo Schaeffer, gerente de la División de Desarrollo Sustentable de Colbún, “toda la institucionalidad de diálogo en territorio, y particularmente la certificación de facilitadores y mediadores, va a ser un mecanismo que nos va ayudar en Chile a darle viabilidad a proyectos».

La directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Macarena Letelier, aseguró: “no tengo duda alguna que tenemos que llegar a una institucionalidad formal de certificación de competencias y de recertificación como está planteado en este estudio, pero también creo que necesitamos un cambio cultural».