(El Mercurio) Una ampliación progresiva de los plazos de tramitación ambiental preocupa cada día más al mundo empresarial. En su edición N° 17, el catastro Observatorio de la Inversión de la Sofofa da cuenta de ello.

El estudio identificó al 30 de septiembre de este año un total de 508 proyectos, que suman una inversión de US$ 119.342 millones, con resolución de calificación ambiental favorable o en proceso de calificación ambiental. Los resultados obtenidos de esta muestra revelaron que el tiempo promedio de revisión que registran los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde 2010 hasta la fecha de cierre es de 269 días hábiles, lapso equivalente a 12,6 meses en promedio de evaluación ambiental. De estos 508 proyectos, 268 fueron registrados como «aprobados», correspondiendo a una inversión ascendente a US$ 80.450 millones, mientras que los 240 restantes permanecen «en calificación» ambiental, que representan una inversión que suma US$ 38.892 millones.

Según explica el estudio, si bien la Ley Nº 20.417 introdujo modificaciones significativas al SEIA, diversos organismos que han analizado sus efectos concluyen que uno de los principales reparos al procedimiento administrativo de calificación ambiental es el bajo nivel de cumplimiento de los plazos de tramitación. La ley establece para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) un plazo de 120 días hábiles, prorrogable en 60 días adicionales, mientras que el pronunciamiento de las autoridades frente a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe realizarse en 60 días hábiles, extensible en 30 días más. Sin embargo, muchos proyectos de inversión han estado más de dos años en tramitación ambiental o a la espera de obtener una resolución de calificación ambiental favorable.

«Consideramos que es un síntoma de la necesidad de implementar cambios en la gestión y estructura del sistema. Los actuales promedios en los tiempos de tramitación no solo superan los plazos establecidos en la Ley de Bases del Medio Ambiente, sino que además reflejan cómo este procedimiento administrativo ha incorporado complejidades sectoriales que extienden el alcance de la evaluación a materias no ambientales que terminan prolongando los plazos de evaluación innecesariamente», dice Rafael Palacios, director de Políticas Públicas de la Sofofa.

El catastro también da cuenta de que los proyectos «aprobados» en el SEIA registraron 11,4 meses en promedio para obtener una resolución favorable, mientras que las «en calificación» se mantienen 14 meses en promedio en tramitación ambiental. Los proyectos ingresados al sistema a través de un EIA demoraron 18,3 meses en promedio en obtener su autorización ambiental, mientras que aquellos que ingresaron mediante una DIA resuelven su evaluación en 9,2 meses en promedio.

Palacios agrega que si bien se observa que la permanencia de proyectos en tramitación ambiental ha caído de 12,8 meses en 2016 a 4,7 meses en 2017, ello se debe a la reducción en la cantidad de proyectos ingresados al SEIA durante el presente año: 156 iniciativas en 2016, versus 84 proyectos este año.

Reforma al sistema

Respecto a los cambios necesarios, Palacios añade que espera que la adopción de medidas tales como el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la incorporación de una etapa temprana de evaluación sean prioridad para los primeros 100 días del próximo gobierno de Sebastián Piñera.

Entre las sugerencias del gremio, proponen utilizar un instrumento existente en la regulación, como es la Evaluación Ambiental Estratégica, pero que sea debidamente fortalecido. También sugieren que la instancia final de resolución de las materias referidas en esta etapa sea el Comité de Ministros, en base a recomendación del SEA.