(El Mercurio) «Hay declaraciones que pueden ser muy adecuadas para un Twitter, pero no para una sentencia», aseveró el presidente del Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, Daniel Guevara (45), al abordar las resonancias políticas y empresariales del caso Dominga.
El viernes pasado, el tribunal declaró admisible el recurso de reclamación presentado por la compañía Andes Iron en contra de la resolución que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero portuario en la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo, y que ratificó un Comité de Ministros en agosto.
Guevara reconoció la complejidad de la causa, aunque descarta que declaraciones como las del ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, en octubre pasado, referente a que el proyecto «está cerrado», predeterminen la decisión de los jueces. «Las decisiones que hubiese tomado el ministro dentro del proceso forman parte de la revisión que tiene que hacer este Tribunal, pero no las declaraciones de prensa», enfatizó el abogado.
Tercera causa que ven
Guevara afirmó que «la madurez de una persona para llegar al cargo de una judicatura está basada precisamente en que sepa separar la paja del trigo, y que evite colar el mosquito y dejar pasar el camello. En eso estamos diciendo que hay elementos que son externos, son declaraciones que pueden ser declaraciones muy adecuadas para un Twitter, pero muy inadecuadas para una sentencia».
Por ello advirtió que se actuará al margen de cualquier tipo de presión de las partes en el litigio. «No corresponde que los jueces estemos atendiendo ni llamadas telefónicas ni estemos haciendo contactos de ningún tipo. Tenemos una función de análisis reposado, y (esperamos) que buenos abogados y jueces logren entender esa función. Por tal motivo, si llegara a ser el caso que alguien sobrepase aquello, lo haremos constar», sostuvo.
La causa se convierte en la tercera que ingresa al tribunal desde que inició sus operaciones en septiembre pasado, y en la que Andes Iron acusa «manifiestos y graves vicios jurídicos» en el rechazo al proyecto, que contempla una inversión de US$ 2.500 millones.