(La Tercera) Si Potash vende el 32% que posee en la propiedad de la minera SQM, no sólo avanzará en las autorizaciones que necesita para fusionarse con Agrium. Con la venta, la canadiense -que obtendría unos US$ 4.500 millones- también cerraría un ciclo de 16 años de una compleja relación con Julio Ponce, el otro principal accionista de la minera. Una relación marcada por la confrontación y la disputa de poder en el manejo de la principal productora mundial de litio y yodo.
El más reciente conflicto data de 2015 y se gatilló tras destaparse los aportes irregulares que realizó la minera a campañas políticas. Pese a las peticiones de Potash para que Ponce colaborara con la investigación de la Fiscalía, el chileno no cedía, y los canadienses, como una forma de protesta, decidieron retirar a sus directores de la mesa de SQM.
La contienda escaló a tal punto que, tras 28 años, Ponce renunció a la presidencia de la firma, en abril de 2015. Un año más tarde fue su hermano Luis Eugenio quien tomó el timón de la minera no metálica.
Pero la disputa mayor se remonta a 2001, con el ingreso de PCS a la propiedad de SQM. La canadiense buscaba controlar SQM a través de la compra de títulos de la serie A -la mayoría de las cuales estaba en manos de Julio Ponce, que tenía el 25% de SQM a través de Calichera-, ya que permiten nombrar a siete directores, mientras que la serie B elige sólo a uno. El octavo director representa a los ADR (acciones emitidas en EE.UU.)
Ese año, además de Ponce, las acciones de SQM estaban en manos de las AFP y de la firma Israel Chemical. PCS compró a las AFP el 18% de los títulos, equivalentes al 33% de las acciones de la serie A, y nombró a tres directores. Luego, Calichera efectuó una OPA y Potash subió al 27%. En 2004, la canadiense adquirió los papeles de Israel Chemical y se quedó con el 32%, iniciando la guerra por el control.
Entre 2006 y 2007 Ponce comenzó a aumentar su posición en la serie A, a través de una serie de OPAs en las sociedades cascadas (controladoras de SQM), aunque sin superar a PCS. Eso, hasta que anunció un acuerdo con la japonesa Kowa con el que sumó 2,3% de las acciones.
Aunque Potash y las AFP reclamaron que el acuerdo transgredía el estatuto interno de SQM, según el cual ningún accionista puede tener más de 32% de las acciones en forma directa o indirecta, Ponce continuaba teniendo la última palabra en las decisiones de la empresa. Junto a Kowa, tenía cuatro de los ocho votos en la mesa directiva, y en caso de empate entre los directores nombrados por Ponce y los canadienses más los ADR, el que dirimía era el presidente de la minera, cargo que entonces ocupaba él.
Este conflicto fue resuelto por un acuerdo firmado en abril de este año, que suspendió la figura del voto dirimente del presidente del directorio de SQM, que siempre favoreció a Ponce. Ahora, las decisiones de la mesa deberán ser aprobadas por cinco de los ocho directores.
Si bien el objetivo tras el acuerdo fue favorecer el interés de la sociedad y de sus accionistas, el pacto, además, constituyó una señal para la estatal Corfo. La entidad mantiene una pugna con la minera por el Salar de Atacama y ha estado presionando para mermar el poder absoluto de Ponce sobre las decisiones de la empresa.
Pero si bien el “acuerdo de paz” suscrito en abril -que dura tres años- le restó poder al empresario, al mismo tiempo habría asegurado su permanencia en la minera, pues habría congelado por ese plazo el segundo intento por vender parte de las cascadas. La decisión de PCS de enajenar su 32% de SQM le impondría un dificultad a Ponce en caso de querer retomar el proceso de venta, pues ambos competirían por los mismos interesados.
De todas formas, el pacto de abril estipula que si hay un cambio de tenedor de las acciones de SQM, las condiciones del acuerdo se hacen vinculantes a ese nuevo controlador.