(Pulso) Puede haber diferentes visiones y opiniones acerca del rechazo de Dominga por parte del Comité de Ministros, así como de sus consecuencias. Pero hay algo que la mayoría está de acuerdo: marcó un antes y un después con respecto a cómo las empresas mineras deben analizar los grandes proyectos de inversión.
Mientras la disputa apasionada -y a veces bizantina- sobre la compatibilización entre crecimiento económico y protección medioambiental continúa, el sector privado y los inversionistas analizan cómo no repetir la historia. Y para eso, hay que ver dónde estuvieron los puntos débiles. Mal que mal, nadie quiere perder cerca de siete años de acercamiento con comunidades y trámites medioambientales, en un proyecto que contemplaba una inversión de US$2.500 millones.
Mirada más territorial
Según los expertos, una de las lecciones más importantes que deja este mega impasse es la importancia de fijarse más aún en cómo los proyectos afectan al entorno, tanto a nivel de comunidades como medioambiente.
Para Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero y ex ministro de Economía (Eduardo Frei), Andes Iron lo hizo bien con respecto al diálogo temprano con las comunidades. “De hecho tuvo muy buena aceptación. Pero existió una falencia: muchos proyectos de inversión afectan a un territorio mayor del que se considera en la evaluación de impacto ambiental. Faltó un análisis de sustentabilidad estratégica más amplio, que considerada la construcción y expansión de otros puertos en la zona”, dice García.
Alejandra Medina, socia líder de Sostenibilidad de EY opina que se espera que este hito abra nuevamente la discusión sobre “la necesidad de que se tomen decisiones sobre ordenamiento territorial, que sean transparentes y permitan dar señales a todas las partes respecto de dónde pueden y dónde no pueden desarrollarse proyectos de este tipo. Esta decisión tardía solo genera desconfianza en el sistema por parte de las empresas y la comunidad”, indica Medina.
Cambios en la institucionalidad
Otra crítica recurrente del proceso apunta los dardos hacia la institucionalidad medioambiental. A pesar de que el Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo ayer en CNN que el yacimiento “va a ser explotado en algún un momento”.
Al respecto, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, opina que la resolución del Comité de Ministros “dejó en evidencia algunas falencias que presenta la instancia. Por lo pronto, vemos que es necesario implementar las propuestas presentadas por la Comisión Asesora Presidencial para la revisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -de la que fuimos parte-. De no avanzar en estas materias, la instancia terminará por desacreditarse definitivamente, tanto que los titulares de nuevos proyectos relevantes deben contar con altas cuotas de arrojo y tolerancia para someterse a un sistema que puede caer en la arbitrariedad con facilidad”.
Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sonami es categórico: “La decisión del Comité de Ministros ha sido lamentable. A partir de ella creemos que se deberá revisar la institucionalidad ambiental en el sentido de otorgar al inversionista mayores grados de certeza jurídica, en la medida que cumpla la normativa”, dice Merino.
Desde la mirada del conservacionismo, Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, cree que se observa un diagnóstico compartido entre la sociedad civil, los privados y el Gobierno, en relación a que el actual SEIA requiere modificaciones. “Ha demostrado no ser capaz de crear los consensos alrededor de grandes proyectos de inversión. Es preocupante, porque el caso Dominga está instalando en la opinión pública un falso dilema respecto a que cuidar el medio ambiente no es compatible con el crecimiento económico, lo cual no es real. Hoy existen metodologías para reducir al máximo el impacto de los proyectos, velando a la vez por su adecuada inserción en los territorios o paisajes”, comenta Bosshard.
Ricardo Irarrázabal, ex subsecretario del Medio Ambiente (Sebastián Piñera) es de una idea similar. “El rechazo de Dominga marca un verdadero fracaso de la gestión ambiental, en el sentido de que al parecer, no sería posible compatibilizar crecimiento económico con cuidado ambiental y equidad social, pese a los esfuerzos que se hagan desde el punto de vista de la evaluación de proyectos. Ello constituye una pésima noticia para todos quienes proponemos que la compatibilización sí es posible”, dice el actual vicedecano de Derecho UC.
Por su parte, Monserrat Moya, abogada especialista en RSE de Peralta, Gutiérrez y Asociados, cree que el rechazo puede provocar cambios institucionales que son necesarios, “porque ni las empresas ni las ONG ambientales están satisfechas con la actual institucionalidad. Lo más lamentable es la gran inversión de recursos sin resultados positivos ni de la protección ambiental ni del desarrollo económico, ya que para proteger el medio ambiente se requieren recursos que sólo pueden provenir de la actividad económica sustentable”.
Con la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417 y reglamento DS 40/12 del MMA), nuestro país mejoraba la ley de bases de medio ambiente que fue nuestro marco regulador por casi 16 años.
Si bien Dominga fue sometida a trámite con el reglamento anterior (DS 95/2001) “su rechazo puede dañar la actual institucionalidad y la credibilidad del actual sistema de evaluación ambiental”, comenta Rodrigo Velásquez, director de Sustentabilidad y Cambio Climático de PwC, y agrega: “Dominga representará un hito importante dentro de nuestra institucionalidad, lo que probablemente haga pensar varias veces a un inversionista cómo se deberá enfrentar o iniciar un proceso de tramitación”.
Gobierno afirma que la explotación del mineral aún es posible
El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo en conversación con CNN que, a pesar del rechazo del Comité de Ministros ocurrido el pasado 21 de agosto, la explotación del yacimiento donde se rechazó el proyecto Dominga aún es viable. Pero para que esto ocurra, tendría que presentarse un nuevo proyecto y cumplir con la normativa medioambiental vigente.
El jefe de la cartera señaló: “el yacimiento está ahí disponible, y por lo tanto, va a ser explotado en algún un momento. Lo que importa es que esto se haga en forma sustentable y que cumpla la normativa y eso significa otro proyecto que tendrá que entrar nuevamente al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)”.
Eso sí, Mena confirmó que el actual proyecto está cerrado, y que al respecto, “el Gobierno no tiene más que agregar”, afirmó el ministro.