(Pulso) Han pasado catorce meses desde que la Comisión Asesora Presidencial entregara a la mandataria Michelle Bachelet un documento con 25 propuestas para reformar el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Hoy, a seis meses del cambio de mando, se trabaja a toda maquina para transformar las ideas en una realidad.
Para ello, el grupo de 29 comisionados -integrado por autoridades del área, académicos y representantes de la sociedad civil- contrató hace meses al abogado Luis Cordero para aterrizar las propuestas en modificaciones legales y/o administrativas. Según detallan conocedores de las tratativas, el trabajo se ha centrado en cuatro ámbitos.
El primero, responde a las medidas de gestión para optimizar los actuales plazos que maneja el SEA para la tramitación de proyectos, los cuales no necesitarían una reforma legal. Este punto estaría en su fase final, por lo que se espera que sea presentado en las próximas semanas, es decir, este mes se oficiaría a las reparticiones.
El segundo aspecto incluye la elaboración de un instructivo presidencial, que apunta a lo mismo: desburocratizar el sistema. A la vez, se busca unificar los criterios de las unidades que deben dar su visto a las iniciativas que se presentan para su tramitación ambiental. De hecho, según el borrador de esta guía -que estaría siendo analizado por Presidencia- se establece que los pronunciamientos de los órganos del Estado con competencia ambiental “que participen en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, deberán ser adecuadamente fundados y formulados estrictamente dentro de la esfera de sus respectivas competencias, indicando expresamente la norma legal que autoriza la forma y fondo de su pronunciamiento”.
El tercer ámbito en el que trabaja la comisión busca ajustar el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), mientras que el cuarto es una propuesta de reforma legal. Los últimos dos aspectos ya fueron puestos en conocimiento de los comisionados, pero todavía no han sido trabajados por ellos.
Según comentan cercanos al trabajo del grupo de expertos, la propuesta más importante que está siendo analizada es la reforma legal, que busca anticipar el diálogo que se produce entre las comunidades y los impulsores de los proyectos. Esto, para evitar dar un portazo a las iniciativas que se encuentren en una fase avanzada por presión de las comunidades.
El objetivo
Las meta de los esfuerzos en los cuatro ámbitos que están siendo trabajados son básicamente evitar interpretaciones e inconsistencias en la tramitación de los proyectos ante el SEA y fortalecer las competencias del organismo. Según comenta un conocedor de la materia, la reforma no habría evitado las críticas que surgieron a la institucionalidad tras lo sucedido con Dominga, pero sí habría evitado que el rechazo se produjera al final.