(El Mercurio) «No importa cómo se haya originado, está claro que el error se generó en el Estado de Chile. Aquí hay una clara negligencia , y todo indica que proviene de la Cancillería», dice sin ambages el ex embajador chileno y ex cónsul en Bolivia, Jorge Canelas.
Canelas se refiere al conflicto que enfrenta a la minera Los Pelambres -de Antofagasta Minerals, propiedad del grupo Luksic- y la Cancillería chilena por un botadero en suelo argentino, de 52 hectáreas y 50 millones de toneladas.
La empresa señaló a «El Mercurio» el 20 de agosto que el Estado de Chile le entregó cartografía errónea el 2004, cuando solicitó los permisos, y terminó instalando el botadero en suelo argentino, pensando que era territorio chileno, por lo que hoy sus ejecutivos enfrentan una causa civil y otra penal en la justicia trasandina. Mientras que la Cancillería señala que este es «un problema entre privados».
Canelas, diplomático de carrera y actual columnista de El Líbero, revela: «Hay un error reconocido ya en una nota diplomática enviada a Argentina. En ella se habla de error. Si el error fue del Instituto Geográfico Militar (IGM) o de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), es un asunto que van a tener que resolver las indagaciones y sumarios correspondientes. Todavía no se hace ese ejercicio».
Y agrega: «Pero eventualmente se va a saber. Y lo que se va a saber es que hubo negligencia. Si te demoras más de 10 años en actualizar los mapas es negligencia. No puede haber otra cosa. Los argentinos están actuando como deben actuar, ante lo que consideran una violación a su soberanía territorial…».
-¿Cuál es su evaluación del manejo de esta situación?
-El manejo diplomático ha sido pésimo. Porque no se puede decir que es un problema entre privados y reconocer en una nota oficial del gobierno enviada a Argentina que hay un error. Según lo que ha dicho la Cancillería argentina, hay un error de Chile oficialmente reconocido.
-¿Para Cancillería sería complejo asumir los costos de retirar el botadero, que según estimaciones trasandinas superarían los 200 millones de dólares?
-Claro. El Estado de Chile va a tener que asumir los costos como sea si eventualmente la responsabilidad va a tener que hacerse efectiva. Ya se sabe que el error partió en la Difrol, que no comunicó al IGM que tenía que modificar los mapas.
-¿El responsable primero de emitir los mapas es la Difrol?
-Si hay una comisión mixta de límites, se decide modificar el trazado limítrofe, ese trazado se debe convertir en mapa oficial. Los mapas oficiales los hace el IGM, por lo que la Cancillería tiene que pedirle al IGM que actualice los mapas. Y eso no se hizo hasta el año 2008. Son acuerdos que se habían tomado en 1994. ¡La actualización se hizo catorce años después! En 2008 le dicen al IGM ‘tiene que actualizar los mapas’. Resulta que ese nuevo trazado se había convenido en 1994. El 96, el 2000 y el 2004 el IGM había consultado y no le habían dicho nada. Hay una negligencia inexcusable.
-En 2004, cuando la minera solicitó los permisos, los cancilleres eran Soledad Alvear y luego Ignacio Walker. ¿Ellos deberían explicar este supuesto error?
-Claro. Ahora, uno piensa los cancilleres no pueden estar enterados de todos los detalles. Pero la Difrol estuvo a cargo de una sola persona en esos años.
-¿Se refiere a María Teresa Infante (embajadora y actual coagente de Chile en La Haya)?
-Claro. El problema se suscitó cuando ya se habían dado las autorizaciones. Era cuando estaba María Teresa Infante. No se puede tapar el sol con un dedo. No se trata de pedir la responsabilidad de una sola persona, pero el Estado es el que está comprometido. Y el Estado tendrá que restituir las cosas a su estado original pagando lo carísimo que será levantar ese botadero.
-¿No es la empresa la que debería hacerse cargo?
-La empresa puede hacerse cargo, pero dice ‘yo hice todo correctamente, le pedí autorización al Ministerio de Minería y me dijeron que lo hiciera de acuerdo a determinados parámetros. Nos entregaron los mapas y los mapas decían que estaba en territorio chileno’. Esto lo tiene que pagar el que lo hizo, y ¿quién lo hizo? El Estado de Chile, porque entidades oficiales incurrieron en una negligencia.
-¿Le parece que el canciller debería dar a conocer de manera pública este supuesto error?
-Si ya hay notas de prensa y actas del Senado argentino, no podemos seguir diciendo que es un problema entre privados. Porque ya hemos reconocido un error. Hay notas intercambiadas y reiteradas peticiones del gobierno argentino de que el Estado de Chile se haga cargo. Chile sigue pagando caro el hecho de no tener cancilleres profesionales. Todos los cancilleres están de paso. En su momento, Soledad Alvear usó la Cancillería como plataforma presidencial.
-Se ha mencionado en notas de prensa sobre el caso que Soledad Alvear asesoró a Los Pelambres frente a este problema …
-Claro. Entre otras personas, ella ha estado asesorando. Eso no tiene nada de malo, pero da que pensar sobre la posibilidad de asumir responsabilidades, cuando la misma persona que está asesorando a la empresa de Luksic estaba a cargo de la entidad estatal donde pudo originarse el problema.
-¿Argentina podría recurrir a tribunales internacionales?
-Por supuesto. Podría pedir un arbitraje. No lo han querido hacer hasta ahora porque la relación -después de todo lo que ocurrió en 1978 con el tema del Beagle y de la mediación- está encaminada muy bien. Lo que se echa de menos es transparencia y profesionalismo, en este caso. Nadie va a crucificar al ministro Heraldo Muñoz por decir que se cometieron errores y que se buscará determinar quiénes son los responsables, en vez de hacer como si el problema no existe.