(El Mercurio) El miércoles pasado el canciller argentino, Jorge Faurie, se reunió con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para tratar un tema que preocupa al gobierno de ese país: el botadero de la minera chilena Los Pelambres, que se extiende por más de 50 hectáreas en esa provincia trasandina.

Así lo comenta a «El Mercurio» el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, Julio Cobos.

El problema de ese extenso botadero, de más de 50 millones de toneladas, es que fue vertido en territorio argentino y no en territorio nacional.

No es primera vez que el canciller y el gobernador se reunían. Tras una cita el dos de julio, Faurie planteó: «Encontrar una solución a la situación planteada en territorio argentino por la escombrera de la minera chilena Los Pelambres constituye un tema de gran relevancia para el gobierno nacional».

El tema, de hecho, fue abordado durante la cumbre del Mercosur en Mendoza entre el canciller Heraldo Muñoz y su par argentino, el 20 de julio.

En Los Pelambres -minera de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic- aumenta la preocupación por un conflicto que se arrastra hace tiempo, pues la justicia argentina lleva adelante dos causas, una civil y una penal, interpuestas por Pachón -empresa filial de Glencore- contra la empresa chilena, lo que amenaza a sus ejecutivos.

El botadero se inició luego de su aprobación por parte de autoridades chilenas en 2004 y cesó su funcionamiento en 2011.

Según consta en las actas del Senado argentino, del 14 de septiembre de 2016, la Cancillería de ese país planteó que «en 2011, la compañía operadora de la minera El Pachón (Glencore) denunció que Los Pelambres había depositado escombros en sus terrenos, acumulando aproximadamente 50 millones de toneladas de material en una superficie de 51 o 52 hectáreas».

Los Pelambres: «Este conflicto no es nuestra responsabilidad»

Los Pelambres afirma que cumplió con todos los requisitos que exigieron las autoridades chilenas, las que siempre le señalaron que se encontraban en territorio nacional.

«Los Pelambres construyó y operó el botadero Cerro Amarillo cumpliendo todas y cada una de las normas legales, mineras y ambientales correspondientes, ya que las autoridades chilenas nos otorgaron todos los permisos necesarios para hacerlo», dice el presidente del directorio, Francisco Veloso.

Y enfatiza: «Este conflicto no es de nuestra responsabilidad, ya que sólo hicimos lo que nos fue autorizado. Por eso, nos parece injusto que se nos acuse ante la justicia argentina de haber instalado un depósito de roca en territorio que no era chileno. Siempre actuamos bajo el convencimiento que estábamos en Chile, porque eso es lo que indicaban los permisos que recibimos, basados en cartografía vigente en 2004».

Quienes han seguido el caso desde la minera afirman que la compañía actuó de acuerdo a la cartografía oficial vigente -del Instituto Geográfico Militar- cuando solicitaron los permisos y se inició la construcción del botadero en 2004, correspondiente al año 1996.

Sin embargo, plantean que cuando la cartografía fue modificada en su versión impresa, en el año 2007, esa modificación no fue publicada ni les fue informada. Solo en 2011, señalan, supieron de ese cambio. Por lo tanto, afirman, este no es un problema entre empresas privadas, sino que deben intervenir ambos Estados.

Cancillería: «Conflicto entre privados»

La Cancillería chilena, sin embargo, dice otra cosa. «Se trata de un conflicto entre privados. El tema es de interés primordial para las empresas y como Cancillería tenemos que resguardar el excelente nivel de las relaciones bilaterales alcanzado con Argentina y de su proyección futura. Podemos coadyuvar al encuentro de una solución práctica, en eso estamos trabajando, sin perder de vista nuestro objetivo principal», señaló por escrito Relaciones Exteriores a «El Mercurio».

Frente a la explicación de la empresa, la Cancillería, en su respuesta, no se pronuncia respecto de un eventual error en la cartografía y permisos entregados por el Estado de Chile a la minera.

«No nos vamos a pronunciar sobre esos planteamientos de la minera y la posición del gobierno de Chile es bien conocida en cuanto a que el límite entre Chile y Argentina, en ese lugar, está establecido en un tratado de 1881. Estamos concentrados en facilitar la definición de una solución que sea práctica por parte de los privados, teniendo presente las singularidades de esta situación», afirman.

Respecto de las gestiones realizadas por Cancillería señalan: «Hemos sostenido conversaciones en las que se ha comprobado un alto grado de convergencia sobre una solución práctica a ser acordada e implementada por los privados, con el apoyo y colaboración que ambos gobiernos puedan aportar».

Pese a ello, la controversia con la minera se mantiene.

Francisco Veloso: «Compañía actuó conforme a permisos que otorgaron los organismos del Estado chileno»

-¿Cuál es la opinión de Antofagasta Minerals frente a lo que ha sostenido la Cancillería chilena respecto de que esto es un conflicto «entre privados»?

-Desde el inicio hemos dicho que no compartimos esa opinión, y así lo hemos planteado tanto a las autoridades chilenas como a los tribunales argentinos. Se requiere el concurso de los Estados, cualquiera que sea la solución.

-Antofagasta Minerals ha sostenido que cumplieron con todas las normativas chilenas para establecer el botadero; sin embargo, agregan serían los mapas oficiales del Estado de Chile los que no estaban actualizados. ¿Cómo creen que eso puede subsanarse?

-Esto se debería subsanar con la colaboración de ambos Estados, ya que hay definiciones que se escapan de nuestro ámbito, que es el minero. Sin embargo, en Pelambres seguimos abiertos al diálogo con las autoridades chilenas y argentinas para continuar trabajando en una solución integral y definitiva. Desde el punto de vista minero, lo que corresponde hacer es un cierre ambiental, tal como se hace en Chile y en otras partes del mundo. Sin embargo, entendemos que existen otras consideraciones, que no son mineras ni ambientales, que pueden derivar en otro tipo de soluciones. En Pelambres estamos abiertos a ellas.

-En Argentina se sigue un proceso civil y uno penal contra Pelambres. ¿Les preocupa que ejecutivos y ex ejecutivos puedan ser procesados?

-Nos preocupa sobremanera. No es posible que ex gerentes generales de Minera Los Pelambres, o yo, personalmente, como presidente del Directorio de Minera Los Pelambres, estemos en medio de un proceso judicial a pesar de que la compañía actuó en conformidad con los permisos y autorizaciones que otorgaron los organismos competentes del Estado chileno. Pelambres siempre actuó con el convencimiento de que estaba realizando su actividad en Chile y de acuerdo a la ley. Por lo mismo, creemos que tenemos un sólido caso legal.

-¿Cómo analizan las últimas resoluciones de los tribunales argentinos?

-La justicia argentina ordenó extender la investigación penal sobre los ejecutivos de Pachón, ante lo cual no me corresponde pronunciarme. Además, ordenó la implementación de ciertas medidas de prevención y el inicio del retiro de las rocas, de acuerdo a un plan que deberá elaborarse por personal especializado. Entendemos que esto último debe ser abordado por los Estados. Nosotros hemos propuesto al Tribunal la realización de medidas inmediatas para prevenir cualquier efecto adverso, mientras se defina una solución definitiva.

-¿Qué piensan de las acciones que ha llevado adelante Glencore en tribunales argentinos?

-No quiero calificarlas. Pero, como cualquier empresa minera seria, ellos saben que la forma apropiada e internacionalmente usada para controlar posibles riesgos de un depósito de roca estéril como Cerro Amarillo es su cierre ambiental. Ellos tienen botaderos similares en Chile (Collahuasi, Lomas Bayas y Altos de Punitaqui) y en Argentina (Bajo La Lumbrera y, en el futuro, Pachón). Además, al tratar de categorizar los botaderos de estériles como residuos peligrosos, cuando toda la evidencia dice que no lo son, están perjudicando la minería, particularmente en la propia Provincia de San Juan, y también en Chile. Por eso no entendemos sus acciones judiciales, las que además han generado un problema para ambos estados.