(Pulso) La modalidad bajo la cual se deben tratar las operaciones entre partes relacionadas -si bajo la ley de Sociedad Anónima o de Compras Públicas-, ha sido la “piedra de tope” para cerrar un plan de apoyo al cumplimiento entre Contraloría y Codelco.
Según trascendió, desde hace cerca de dos semanas los equipos jurídicos de ambas partes han sostenido reuniones con el objetivo de evitar una vía judicial. La idea sería buscar una salida “administrativa”, a través de un plan de apoyo al cumplimiento, mecanismo instaurado por la Contraloría en 2016 y que busca reducir y subsanar el efecto derivado de las debilidades advertidas en las auditorías a instituciones y empresas públicas. Sin embargo, a la fecha esto no se ha logrado.
¿La razón? Fuentes al tanto del proceso aseguran que la estatal insiste en que en el caso de una operación entre partes relacionadas deben regirse bajo la ley de Sociedad Anónima, la que permite este tipo de operaciones pero con resguardos. Al contrario, desde Contraloría apuntan a que la estatal está imposibilitada a realizar estas transacciones a menos de estar en circunstancias excepcionales, situación que debe informarse directamente al órgano contralor, la presidencia y/o la Cámara de Diputados, como indica la ley de Compras Públicas.
Respecto a los otros puntos que fueron objetados por la Contraloría en su informe de auditoría reservada y su dictamen respecto a la indemnización del director de Codelco Augusto González por $511 millones, no habría gran problema. Esto, ya que desde la propia estatal considerarían que las acciones aportarían a mejorar sus controles internos. Consultado de manera oficial, Codelco declinó contestar.
Hace dos semanas la primera minera de Chile publicó un inserto en los diarios de circulación nacional en la que recalcaron “la importancia de la acción supervisora de la SVS”, al tiempo que reiteraron la necesidad de que exista un control y fiscalizador externo radicado en Cochilco y en forma excepcional en la Contraloría.
No obstante, esta visión no es compartida por el Contralor, que tiene dentro de sus prioridades ejercer su control con mayor énfasis en las entidades estatales que manejan mayores recursos públicos, poniendo automáticamente a Codelco dentro de su radar.
Estas diferentes visiones podrían ser llevadas a tribunales, decisión que Codelco tomará una vez que se conozca la contestación del recurso de reconsideración interpuesto tras la auditoría a la estatal.