(El Mercurio) En Codelco ya preparan la estrategia judicial para enfrentar la controversia que la estatal mantiene con la Contraloría. Esto, tras la auditoría reservada del ente fiscalizador que cuestionó contratos de la minera con empresas relacionadas, que suman alrededor de US$ 783 millones. A su vez, por el pronunciamiento del organismo fiscalizador que hace observaciones a la indemnización por $511 millones concedida a un ex director de la cuprera.

Es por ello que este lunes se reunirá el directorio de Codelco para determinar los pasos a seguir en este conflicto y también ver las medidas que tomarán para la protección de los trabajadores por posibles cuestionamientos a indemnizaciones.

No obstante, ya se definieron los abogados que conformarán el equipo. Entre ellos figuran Luis Cordero y Pedro Pablo Gutiérrez, quienes asesorarán a la minera para recurrir a los tribunales de justicia por la controversia con Contraloría. Sin embargo, en la estatal aún estarían a la espera de la respuesta de la Contraloría frente a la reconsideración presentada al informe por los contratos. Aunque en su comunicado público la minera adelantó que «las recientes declaraciones del contralor (Jorge Bermúdez, en el Congreso) anticipan el rechazo» de la reconsideración, como ocurrió con la acción presentada tras el dictamen relativo a la indemnización.

Si se rechaza la reconsideración por la auditoría, en los próximos días la estatal definiría la vía por la que impugnará el informe en los tribunales. Entre las opciones podría presentarse un recurso de protección contra la Contraloría en la Corte o un recurso de nulidad de Derecho Público ante un juzgado civil, aunque no se descartan otros tipos de acciones.

También integraría el equipo jurídico el abogado Emilio Pfeffer, quien abordaría los aspectos constitucionales del conflicto, y sus pares Juan Carlos Ferrada y Luis Lizama, especialistas en derecho público y laboral, respectivamente.

En la Contraloría, su comité judicial cuenta con Urbano Marín y Pedro Pierry, ambos expertos en derecho público y ex presidente y ex ministro, respectivamente, de la Suprema.