(Diario Fianciero) Sin éxito en lo formal terminó la solicitud de reconsideración realizada por Codelco ante la Contraloría, luego de que el órgano emitiera un dictamen a raíz de la indemnización del ex director, Augusto González, tras acogerse a un plan de retiro en Chuquicamata, donde se señaló que la administración no tenía libertad de disposición patrimonial, lo que en definitiva se interpretó como una limitación a la hora de hacer negociaciones colectivas y establecer planes de retiro.
Este rechazo en lo formal, sin embargo, no fue un impedimento para que en la estatal valorara la señal que les entregó Bermúdez, ya que según se desprende en algunos de los párrafos, la resolución original no buscaba limitar la facultad para negociar y establecer beneficios con los sindicatos.
En el texto del dictamen se lee que la Contraloría “no ha determinado la imposibilidad de que Codelco lleve a cabo negociaciones colectivas con sus trabajadores, como pareciera entender el interesado”. Y agrega que tampoco se afectará a los contratos ya vigentes, situación que había causado cierto revuelo dentro de los sindicatos de la corporación, así como de las demás empresas del Estado, las que incluso iniciaron una ofensiva para clarificar el punto.
En el mundo legal, de todos modos ponen cierta cautela. Esto porque de todos modos el contralor se guarda la posibilidad de fiscalizar en caso de que se produzcan dobles incentivos al momento del retiro, como ocurrió con González.
La Contraloría señaló que con su resolución se había “limitado a exigir al directorio el mínimo resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar en cuanto administrador de bienes ajenos y, particularmente, de recursos públicos”.
La empresa “debe manejar el patrimonio que el legislador ha puesto a su disposición de un modo congruente con los principios básicos de toda administración de recursos públicos, lo que implica una gestión eficiente y eficaz que responda al interés general de la entidad por sobre el particular”, agregó en su escrito.
Además, Bermúdez reforzó que cuenta con la potestad de fiscalizar directamente el actuar de la empresa, citando la normativa incluida en la Constitución, facultad que fue utilizada en el pronunciamiento original.
Se aquietan las aguas
En la minera, que hoy dará a conocer sus resultados al primer trimestre, no quisieron emitir comentarios al respecto.
Sin embargo, mediante una comunicación interna que circuló entre sus más de 18 mil trabajadores se desprende que la corporación quedó conforme, dado el “reconocimiento que hizo de las atribuciones de su gobierno corporativo y del modelo de gestión”, que según explican, están en línea con las exigencias de Contraloría.
El texto interno menciona que la cuprera entiende que se encuentra sujeta a los controles y responsabilidades que dicta la normativa, “los que son adecuados para resguardar el cumplimiento de los referidos principios en el contexto de sus actividades empresariales”.
Se desprende que existe confianza desde la administración en que con esta aclaración se ratificarán “las restantes materias propias de la gestión del gobierno corporativo”.
CALIFICAN BONOS COMO «AAA»
Con la máxima nota fue calificada la línea de bonos inscrita hace unos meses por Codelco, esto según la clasificadora de riesgo Feller Rate. El «AAA» recibido por la estatal, «refleja el soporte potencial extraordinario del Estado de Chile, dada la importancia estratégica y su fuerte vínculo con éste», explican desde la clasificadora, la que mantiene una perspectiva «estable» que se fundamenta en el financiamiento comprometido por el Estado, sumado a la satisfactoria posición de liquidez.
Con todo, desde la empresa anunciaron que esta emisión no se efectuaría durante este año, sino que en 2018.