(La Segunda) La subsecretaria de Energía, Jimena Jara, se reunió el 24 de febrero pasado con un grupo de representantes de Antofagasta Minerals (AMSA) —la minera controlada por el grupo Luksic—, quienes le plantearon distintas «alternativas que permitan viabilizar el proyecto Tórtolas», según se lee en la descripción de la plataforma de la Ley del Lobby.
Podría tratarse de un proyecto cualquiera del área del cobre, donde la firma posee activos relevantes como Los Pelambres, Zaldívar o Centinela. Pero no. Se trata de una iniciativa que busca producir yodo y otros nitratos, que se ubica en Taltal, Región de Antofagasta, y que la minera tiene en una etapa de desarrollo muy preliminar, pero que en el futuro podría ser el puntapié inicial para su ingreso a un nuevo segmento productivo, la minería no metálica.
Pese a que en septiembre del año pasado la compañía enfrentó un duro revés en la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que le negó derechos de servidumbre sobre algunos terrenos fiscales donde existe un área reservada para proyectos de energías renovables, el interés de la firma en su desarrollo sigue vigente.
De hecho, otros representantes de la compañía se reunieron en noviembre del año pasado con el responsable de la Unidad de Inversiones del Ministerio de Minería, Juan Bustos, en otro intento por avanzar. Se trata de Rodrigo Moya, Juan Poblete y Juan Sepúlveda, todos del área ambiental y legal de AMSA, quienes plantearon el interés de reunirse con otros órganos del Estado.
El traspié en la Suprema
El camino que ha seguido el proyecto Tórtolas no ha sido del todo fácil. Si bien la compañía había recibido servidumbres sobre terrenos fiscales para su desarrollo —esto es, el dueño superficial autorizando a la explotación de las riquezas mineras bajo el suelo—, un convenio firmado en 2013 entre los ministerios de Energía y Bienes Nacionales decretó que en parte de esos terrenos se daría prioridad al desarrollo de iniciativas renovables en la zona. Varias hectáreas colindan con la propiedad de AMSA, por lo que se hace necesaria la obtención de estos permisos.
Con ello se desencadenó una dura batalla judicial. Primero en el Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta, que dictaminó que, dado que la mayor parte de los terrenos para el proyecto son de propiedad de AMSA, el fisco estaba obligado a entregar servidumbres. Eso fue desestimado por el segundo veredicto de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, derivando a una apelación a la Corte Suprema, instancia que en un fallo dividido finalmente acató la revocación de los permisos.
Consultada la compañía, respondió que está sosteniendo este tipo de reuniones con distintas autoridades, buscando un camino para viabilizar la iniciativa en el futuro, pero que por ahora no está entre sus prioridades de inversión.