(La Tercera) La principal línea argumentativa de SQM en Estados Unidos para rechazar una demanda colectiva (class action) que interpusieron accionistas minoritarios en ese país, es que la minera es una empresa chilena, regida bajo leyes de Chile y que los casos de financiamiento irregular a políticos están siendo investigados en Santiago.
Eso, hasta que firmaron un acuerdo con el regulador de mercado de ese país, la SEC (símil de la SVS) y con el Departamento de Justicia de EE.UU. en el que reconocieron haber violado leyes estadounidenses, acordando el pago de multas por US$30 millones para evitar ir a juicio.
En la demanda colectiva que se sigue desde mayo de 2015, diferentes tenedores de ADS (acciones de SQM en Nueva York) acusan millonarias pérdidas luego de conocerse los casos de financiamiento político irregular. En la Corte de Nueva York, SQM presentó en octubre de 2016 un escrito ejemplificando con el caso entre la empresa Pirnik y Fiat Chrysler, donde la primera no había admitido violación de leyes estadounidenses, para tratar de desestimar el caso en su contra.
«El 13 de enero de 2017, SQM acordó pagar más de US$30 millones para resolver los casos penales y civiles presentados por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), encontrando que SQM violó la ley de EE.UU. Los acuerdos y las acusaciones contenidos y admitidos en el mismo, contravienen directamente la afirmación de SQM en su carta del 13 de octubre de 2016», dice el escrito ingresado a la Corte el pasado 18 de enero por los abogados de los tenedores de ADS.
Y agregan que, en el mismo acuerdo con la SEC y la DOJ «SQM admite, acepta y reconoce que es responsable bajo las leyes de los Estados Unidos por los actos de sus funcionarios, directores, empleados y agentes (…) Adicionalmente, la orden de la SEC establece que SQM ‘admite la jurisdicción de la Comisión'», es decir, EE.UU.
Pero el enfrentamiento sigue, citando el acuerdo de la minera con la autoridades del país del norte. «La información indica que SQM ‘deliberadamente y voluntariamente no implementó un sistema de controles contables internos’ suficiente para cumplir con la ley de los Estados Unidos», recalca el documento. «El acusado falsificó, a sabiendas, registros relacionados con pagos a PEP y entidades asociadas con PEP, con el fin de ocultar el verdadero propósito de esos pagos», remata.
SQM, el 25 de enero, respondió a los minoritarios y volvió a insistir en su tesis del forum non conveniens, que permite que un tribunal extranjero desestime un caso que no es de su jurisdicción. «Nada en los acuerdos de la DOJ y la SEC cambian el hecho que este caso está siendo revisado largamente por cortes chilenas y puede ser dimitido por la doctrina del forum non conveniens», dice el documento.
Y la minera agrega que dicho acuerdo «refuerza que las cuestiones presentadas en este caso tienen todo que ver con Chile y poco con los Estados Unidos, y que surgen exclusivamente de los pagos efectuados por chilenos a figuras chilenas usando moneda chilena e implicando la ley chilena de impuestos y financiación de campañas».
El tribunal aún no define si la class action sigue su curso o acoge los argumentos de SQM para desestimarla.