(El Mercurio) Seis propuestas hizo el Consejo Minero la semana pasada ante la comisión de Recursos Hídricos del Senado, en el marco del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. En el gremio comparten el objetivo de establecer una prioridad para el uso del agua en favor del consumo humano y el saneamiento, y reconocen que durante la tramitación se han introducido algunas mejoras al proyecto, pero advierten que en el proceso también surgieron «imprecisiones, contradicciones y disposiciones inconvenientes», como dijo su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, en la exposición. Lo anterior, comentó, surgen de «brechas entre los objetivos manifestados por el Ejecutivo y el contenido real del proyecto», y si no son modificadas, podría afectar de forma seria la actividad minera.

Carlos Urenda, gerente general de la entidad que reúne a las grandes empresas del rubro, explica que la minería consume solo el 3% del agua de todo el país, y aclara que cualquier restricción relevante a la disponibilidad de agua de fuentes continentales impactaría significativamente el desarrollo del sector, porque se debe considerar que utilizar agua de mar implica un alto costo que no puede ser asumido por todas las faenas.

Las medidas

El Consejo Minero busca que las seis propuestas sean consideradas en la tramitación del proyecto. En primer lugar, piden explicitar que los derechos de aprovechamiento de agua vigentes mantendrán sus atributos de uso, goce y disposición una vez que entre a regir la nueva ley, así como especificar cuáles serían las excepciones a esta regla. Segundo, en el gremio señalan que no tienen problemas en que se obligue a informar sobre las aguas del minero, pero Urenda advierte que «dado que estas aguas deben extraerse por razones de seguridad y continuidad operacional, crear un permiso previo para usarlas sería totalmente inapropiado y paralizante de la actividad».

En tercer lugar, solicitan que las nuevas concesiones se otorguen por un plazo no inferior a 30 años, y si se decide establecer una condición para no prorrogarlas, «la única debiera ser el no uso efectivo del agua», recalca el ejecutivo.

En cuarto lugar, el Consejo Minero señala que en lo relativo al caudal ecológico mínimo, se debiese «evitar la superposición regulatoria con el proyecto de ley de biodiversidad y no convertirlo en una especie de impuesto a la tramitación de permisos ante la Dirección General de Aguas (DGA), como son los relacionados con traslado de derechos y obras mayores», comenta, y agrega que para estos casos, el establecimiento de un caudal ecológico debiera analizarse en su mérito.

Además, el gremio pide no limitar el cambio de uso del agua cuando la actividad productiva que recibe el recurso está sometida al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dado que es en esa instancia donde se evalúa qué tan intensivamente puede usarse el agua. Por último, solicitan explicitar en el proyecto de ley que la facultad de disposición de los derechos de aprovechamiento actuales y nuevos seguirá vigente en la nueva norma.

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