(El Mercurio) Los potenciales compradores de SQM en China, los accionistas en Estados Unidos, los socios en Canadá y Japón o el mercado bursátil en Chile. En distintos puntos del planeta están atentos a lo que ocurre en el salar de Atacama y, concretamente, mirando cómo evoluciona la pelea entre Corfo y SQM por la explotación de litio en esa zona del Norte Grande. Este negocio, que da entre el 40% y el 70% de los ingresos a la minera chilena, es objeto de una intensa controversia y dio pie a una demanda arbitral interpuesta por la entidad estatal en mayo de 2014 por diferencias en el pago de arriendo de las pertenencias en el área.
Pero esa no es la única acción legal. Hay otras, hasta ahora desconocidas, que amenazan con dilatar la solución del conflicto hasta el 2018. La más polémica de estas acciones fue interpuesta por Corfo en agosto de este año, a la que accedió «El Mercurio» por Ley de Transparencia. Esta segunda demanda arbitral es sobre el «Contrato de Proyecto en el Salar de Atacama», que establece las condiciones en que debe operar SQM para poder explotar litio en 28.054 pertenencias mineras de propiedad fiscal en el salar de Atacama.
Mientras en la primera acción legal la diferencia era monetaria -Corfo exigía el pago de una deuda por concepto de diferencias de arriendo de US$ 17 millones, más una indemnización de US$ 18 millones-, la nueva demanda, según el texto al que accedió «El Mercurio», tiene por objeto terminar con el contrato y la restitución de todo lo que este contiene: pertenencias, servidumbres, derechos de agua y distintos bienes. Incluso, pide «la terminación anticipada o disolución de la Sociedad Minera Salar de Atacama», cuyos accionistas son SQM Potasios y SQM. También exige una indemnización «de la totalidad de los perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales causados a la Corporación (Corfo), por las sociedades demandadas, como consecuencia de los incumplimientos contractuales que incurrieron».
SQM: Es una estatización encubierta
Ante esta nueva arremetida de Corfo, la minera no metálica presidida por Eugenio Ponce Lerou interpuso en septiembre pasado una demanda contra la corporación estatal, en la que plantea que si la estatal quiere revisar el precio pagado por la explotación del salar, que se contemple el período completo del contrato, desde 1997 hasta el 31 de diciembre de 2015. Según SQM, en esta cuenta no es la compañía la que debe dinero al fisco, sino al revés, Corfo adeuda a SQM una suma aproximada de US$ 500 mil.
La compañía también respondió a la segunda demanda de Corfo, donde pide que se le indemnice por los perjuicios que le provoca esta nueva jugada legal. Afirma que la estatal no desea continuar con contratos firmados hace más de dos décadas, y para ello ha ejecutado una serie de acciones para entorpecer el desarrollo de SQM Salar, la filial que opera en la zona. La minera sostiene que la corporación ha desplegado una campaña comunicacional destinada a hostigar a la empresa y crear una opinión pública desfavorable a su desarrollo. Incluso, SQM dice que esto es una estatización encubierta y que para tal fin Corfo ha agitado denuncias ante la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Aduanas, la Superintendencia de Valores y la Securities Exchange Commission de Estados Unidos.
La «técnica jurídica» tras las acciones
¿Cuál es el trasfondo de las nuevas demandas cruzadas? Según cercanos al proceso, esta nueva arremetida de Corfo busca dilatar la definición de este arbitraje, dado que las nuevas demandas se suman a la acción original o, como se dice en jerga jurídica, «se acumulan». Cercanos a SQM sostienen que Eduardo Bitran, vicepresidente de Corfo, definió esta estrategia porque el primer arbitraje, que está en su fase final, le daría la razón a SQM. En Corfo desestiman esta explicación.
Pero en lo que ambas partes concuerdan, es que con tres demandas «acumuladas» prolongan la disputa hasta por lo menos dos años más; es decir, hasta el fin del gobierno de Michelle Bachelet.
La primera acción arbitral está en plena etapa de peritaje. Se designó a la economista Andrea Butelman como perito independiente, y cada una de las partes nombró a un experto: Eduardo Saavedra, por Corfo, y Raphael Bergoeing, por SQM Salar. Este proceso debía terminar a inicios del 2017, pero la presentación de una segunda acción legal cambió este cronograma.
SQM: «Hemos invertido US$ 1.750 millones»
Para SQM, el negocio en el emblemático salar es clave. En una presentación ante el Congreso esta semana, el gerente general de la firma, Patricio de Solminihac, destacó que la compañía ha invertido más de US$ 1.750 millones en desarrollo productivo y tecnológico en la zona; emplea a más de 3.300 trabajadores y ha pagado al Estado sobre US$ 532 millones en patentes municipales, mineras, royalty minero e impuesto a la renta. Aclaró que ha cancelado en arriendos a Corfo unos US$ 243 millones, y solo en el año 2015 esa cifra ascendió a US$ 23,4 millones.
De Solminihac explicó que para financiar su proyecto en el salar de Atacama, SQM incluso emitió ADRs (acciones en el mercado estadounidense). En la presentación, el ejecutivo de la compañía minera dio distintos ejemplos de cómo distintos organismos del Estado -como el Sistema de Empresas Públicas y la misma Corfo- han fiscalizado el cumplimiento del contrato.