(El Tipógrafo) Hasta la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que analiza la Reforma al Código de Aguas, llegó a exponer el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, quien aprovechó la instancia para advertir sobre el grave impacto económico que tendría el proyecto para el Fisco, en caso de convertirse en ley.
“Si el proyecto se aprueba, el Estado deberá desembolsar alrededor de US$27 mil millones por conceptos de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso”, señaló Crespo.
El especialista detalló que el Estado debería destinar US$17 mil millones solo “a cancelar las indemnizaciones a los propietarios de derechos consuntivos expropiados a los agricultores, sin contemplar lo que correspondería pagar por ese concepto a otros sectores como el industrial, la minería, las sanitarias e hidroeléctricas”.
A este gasto se sumarían otros US$ 400 millones que se gastarían en la adecuación de la distribución de derechos, ya que, al aprobarse el proyecto sería necesario rediseñar la infraestructura del sistema al establecer una diferenciación del aporte al caudal ecológico entre grandes y pequeños propietarios.
El presidente de la SNA manifestó además que el sector público debiera asumir el costo de la gestión de la distribución que hoy manejan los privados, lo que representaría un valor de US$ 2.480 millones por año, según estudio realizado recientemente por la Dirección General de Aguas.
Adicionalmente, Crespo expresó que “al asumir el sector público la distribución, podría ser necesario expropiar toda la red actual, constituida por servidumbres privadas, lo que implicaría un gasto de US$ 7 mil millones”.
Paralelamente, el timonel de la SNA explicó las negativas consecuencias que traería la aprobación del proyecto para el sector agrícola, lo que generaría un efecto perjudicial para las arcas fiscales. “Al establecer la caducidad de los derechos a 30 años se producirá una severa afectación del valor comercial de las propiedades explotadas y de la certeza jurídica para invertir a largo plazo”.
Crespo concluyó que “estamos ante un proyecto inconstitucional, que busca limitar la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento de agua, cambiando radicalmente su naturaleza jurídica. Hablemos claro, es una expropiación encubierta de esos derechos, sin fijar la indemnización que corresponde. Los agricultores de Chile no aceptaremos un nuevo despojo de nuestros derechos”.
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