«El riesgo país no basta». Con esa frase Diego Hernández, vicepresidente de Sonami, resumió el rol que debe jugar el Estado para volver a atraer las inversiones, ofreciendo reglas claras y con estabilidad tributaria. Recalcó la importancia de esta última, «sobre todo la del royalty», dijo.
Al intervenir en el Coloquio «Aporte de la minería al desarrollo de Chile, apuntando al crecimiento», organizado por el Ministerio de Minería y el Instituto de Ingenieros de Chile (IIMCh), el ex presidente ejecutivo de Antofagasta Plc instó al Gobierno a revisar las condiciones para volver a atraer las inversiones, e hizo hincapié en la necesidad de una regulación más eficiente. «Hoy tenemos una torta de mil hojas de regulaciones», opinó.
Cartera competitiva
Según Hernández, Chile tiene una cartera de proyectos mineros competitiva. Manifestó que los acuerdos sociales, confianza y gobernabilidad son esenciales para transformar ese potencial en realidad. Asimismo, sostuvo que el país debe aprovechar las ventajas estructurales que tiene para el desarrollo minero: su calidad de yacimientos, un parque productivo instalado y maduro, acceso a puertos, así como su trayectoria de país minero.
«La producción tiene espacio para seguir aumentando si se hacen las inversiones», afirmó.
Mercado del cobre
En cuanto al mercado del cobre, el vicepresidente de Sonami dijo estimar que la oferta y demanda global estén ajustadas hasta 2020, con una demanda por parte de China que aumentaría del orden de 1,2 o 2% anual. Luego, sin la entrada de nuevos proyectos, habría un déficit, y el metal rojo sería el primer commodity en recuperarse. Previó que el precio del cobre se mantendría en los niveles actuales en 2016, 2017 y tal vez en 2018. Hizo ver además que construir nueva capacidad productiva demora más que antes, por lo que es probable que los ciclos de precios duren un poco más en ambas direcciones, es decir, que tengamos ciclos bajos más largos y ciclos en alza más extensos que antes.
Impacto regional
En tanto, el gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Fernando Cortez, llamó la atención sobre la pérdida en la calidad de vida en esa región, a pesar de aportar los mayores recursos al fisco provenientes de la minería del cobre. Hizo notar la fuga de capitales que se da por los trabajadores «conmutados», es decir, aquellos que trabajan en la región, pero que no viven en ella, estimada en cerca de US$900 millones al año.
Observó que los recursos que entrega la Región de Antofagasta al fisco y los que vuelven a la zona «no conversan», dado que se dan en una relación de 8 a 1. De acuerdo con Cortez, «es una responsabilidad pública» propender a una mayor reinversión en aquellas regiones que generan excedentes para el Estado.
Un tema en que coincidió el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCh), Juan Pablo González, quien cuestionó que las regiones mineras tengan los más altos indicadores económicos y los más bajos indicadores sociales.