(La Segunda) La pelea por la propuesta parlamentaria de las senadoras Isabel Allende (PS) y Adriana Muñoz (PPD) de limitar a 30 años los derechos de aprovechamiento de agua seguirá fuera del Congreso en caso de ser aprobada. Luego de que la Confederación de Producción y el Comercio (CPC) afirmara que un cambio de estas características podría atentar contra el derecho de propiedad, los expertos advierten que si esta indicación pasa, una vez más será el Tribunal Constitucional el que decida.
[Privados en alerta ante arremetida parlamentaria por cambios a derechos de aguas]
“No cabe duda que muchos de estos cambios afectan la propiedad, al modificar características esenciales de los derechos, sin existir indemnización alguna que compense tal afectación”, sostiene el abogado Matías Desmadryl, ex director de la Dirección General de Aguas (DGA) en la administración Piñera.
En la misma línea, su antecesor en la DGA en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner, expone que “este nuevo sistema rompe con una tradición que tiene nuestro país que viene incluso de la época colonial. En Chile, nunca hemos tenido ‘permisos temporales’ para aprovechar las aguas”. Para graficar esta eventual arremetida judicial, el socio de Puga Ortiz afirma que con esta propuesta “perderían los usuarios y sólo ganarían los abogados”.
Privados en guardia
Tanto la CPC como la Sociedad Nacional de Agricultura se opusieron a la propuesta de las senadoras, que en todo caso no cuenta con el patrocinio del gobierno. De hecho, el Ejecutivo tiene una propuesta que desliza la posibilidad de limitar los derechos de agua, pero no plantea la caducidad a los 30 años. En la minería y la energía también tienen reparos.
El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino sostiene que “en términos generales no se entiende bien el sentido de este proyecto”, tomando en cuenta que paralelamente existe una propuesta gubernamental.
En el sector eléctrico, el plazo de caducidad aparece como su principal preocupación. En su carta a los accionistas, el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, expresó que “los proyectos hidroeléctricos –que no utilizan derechos consuntivos de agua – requieren por su naturaleza de plazos de desarrollo y materialización más largos que los considerados en la iniciativa en trámite”.
La propuesta de Allende
Tras el revuelo generado entre los empresarios, la senadora Isabel Allende aseguró que con su iniciativa “nunca se ha propiciado la expropiación de los derechos constituidos legalmente sobre las aguas, ni su uso exclusivo. Lo que he planteado es que en caso de crisis se garantice el consumo humano y el saneamiento mínimo. En este sentido, buscamos establecer en rango constitucional que las aguas son un bien nacional de uso público –cuestión que ya existe en la legislación actualy que haya un manejo sustentable en el recurso hídrico”, explica la parlamentaria, quien añade que su equipo legislativo trabajará con Hacienda una propuesta que tenga en consideración el respeto a los derechos ya constituidos para entregar certeza jurídica a los usuarios.