“Hemos hecho un esfuerzo por avanzar de la manera más rápida y consistente posible en el proceso de consolidación institucional”, declara el superintendente del Medio Ambiente (SMA), Cristián Franz, al analizar lo que ha sido su gestión al mando de esta repartición pública desde que asumió el cargo en marzo de 2014.

Abogado de la Universidad de Chile, con 30 años de experiencia en materia medioambiental tanto en el sector público como en el privado, en conversación con MINERÍA CHILENA dice estar satisfecho “con lo hecho hasta acá”, pero reconoce que en este segundo tiempo –como él mismo lo define– “tenemos otros dos años por delante con más desafíos”.

Lo proyectado no es menor, considerando la meta de ampliar la dotación desde los actuales 154 funcionarios a 180 para fines de este año. Asimismo, se pretende aumentar el número de oficinas de la SMA en regiones, pasando desde las seis que existen hoy (Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Concepción y Valdivia) a nueve, con la incorporación durante 2016 de Iquique, Rancagua y Puerto Montt. La idea “es llegar a 2018 con oficinas en las 15 regiones del país y alcanzar una cifra cercana a las 220 personas”, adelanta Franz.

El abogado fundamenta el crecimiento de la entidad en el hecho que “el tema ambiental está siendo cada día más demandado, la gente está mucho más consciente de sus derechos, los reclama con mucha más fuerza e interés, y eso nos obliga a llegar con una respuesta oportuna a sus demandas y denuncias”.

¿Cuántos fiscalizadores tienen actualmente?

En términos de fiscalizadores, es decir lo que llamamos inspectores ambientales en terreno, tenemos 30 propios. A eso hay que sumar un conjunto de personas que están en los servicios u organismos sectoriales, producto de una alianza estratégica que lanzamos en 2014 con 16 servicios públicos, denominada Red Nacional de Fiscalización Ambiental (Renfa), donde la idea es aprovechar las capacidades en este ámbito que poseen la Dirección General de Aguas (DGA), Sernageomin, el Consejo de Monumentos Nacionales y Conaf, entre otros. Nosotros los convocamos a trabajar bajo la coordinación de la SMA, lo que ha resultado muy exitoso. Si se considera esa gente, perfectamente se puede ampliar la capacidad por diez. Es decir, además de los 30 propios uno podría decir que hay 300 afuera.

¿Cómo determinan las empresas o sectores que van a fiscalizar?

Todos los años se hace un ejercicio de programación de cara al año siguiente. En 2015 recorrimos el país y nos reunimos con las autoridades locales y organismos sectoriales de las regiones para identificar cuáles serían los proyectos prioritarios a ser fiscalizados este año. Otro criterio para efectuar este proceso es la distribución homogénea a lo largo del territorio nacional y que todos los sectores económicos estén representados.

¿Cómo se han desarrollado las labores de fiscalización?

Han ido evolucionando de buena manera. Hemos avanzado desde una fiscalización multifocal a una estratégica, que pone el foco en los aspectos más significativos de los proyectos.

¿Qué tipos de problemas han encontrado en la fiscalización al sector minero?

Nos hemos encontrado con los mismos problemas sistemáticamente, es decir, si categorizáramos los incumplimientos detectados al fiscalizar los proyectos mineros, el 80% de éstos tiene que ver con los siguientes hechos: el titular no implementa o no ejecuta la exigencia establecida en la Resolución de Calificación Ambiental; este mismo no entrega información que había sido comprometida en la RCA; y el titular ejecuta acciones distintas a las autorizadas.

Multas altas

En la cuenta pública de la SMA informó que la minería fue el sector que  tuvo las multas más altas durante 2015. ¿A qué se debe esto?

Los montos de las sanciones han sido los más significativos en la minería y la razón es simple: el tamaño de sus proyectos, el volumen del espacio que ocupan y la proporción de riesgo o daño que pueden provocar hace que las sanciones definitivas sean mayores. Por ejemplo, una jaula de salmones para 14.000 animales que tiene una superficie de 10 m2 tiene un potencial de daño mucho más reducido que el de un tranque de relave que ocupa cientos de hectáreas.

¿Entonces es una tendencia que la minería sea el sector que registre las multas más altas?

Esto siempre ha sido así. La minería representa un porcentaje importante del PIB, es decir, tiene que ver con el lugar que ocupa la actividad en la economía nacional. Siempre ha sido un objetivo prioritario para la Superintendencia fiscalizar la minería. Sería absurdo que la SMA de un país cuyo principal producto de exportación es el cobre, no fiscalice a las empresas que producen cobre.

Usted llamó a los titulares de los proyectos que se encuentren en situaciones de incumplimiento a acercarse a la SMA y autodenunciarse. ¿Esto ha sido acogido por las compañías mineras?

Esto no ha ocurrido con la minería. Por eso hice el llamado, porque veo que es un instrumento establecido en la Ley que no ha sido nunca ocupado prácticamente. La autodenuncia es un derecho que tienen los titulares que están en situación de incumplimiento para acercarse a la SMA, reconocer que están incumpliendo, entregar la información y cumplir un conjunto de requisitos. Con esto, tienen el derecho a acogerse a un programa de cumplimiento en el que pueden terminar siendo eximidos de la multa.

Desafíos

¿Se debe repensar la elaboración, contenido o extensión de algunas RCA como han planteado algunos expertos vinculados al sector minero?

Las RCA no se reelaboran, están ahí y hay 14.500 de ellas circulando. La discusión tiene que ver con la calidad de éstas. Aquí hay de todo, resoluciones muy pobres, genéricas y hasta algunas últimas, de 2015 o 2016, que son unos ladrillos gigantescos llenos de obligaciones y exigencias. También nos hemos encontrado con una RCA que tiene exigencias contradictorias en sí.

¿Ese aspecto es un desafío a afrontar entonces?

Hay una responsabilidad doble, por una parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que es el que dicta las RCA y que ha incurrido en errores que generan inconsistencias dentro de las resoluciones, pero también de los titulares de los proyectos, porque ha habido una tendencia de aceptar cualquier cosa que venga de las RCA con el objeto de tenerlas en la mano y poder lanzarse a construir, pero no han ponderado adecuadamente las obligaciones que están asumiendo cuando las reciben.

En general, ¿cuáles son los desafíos pendientes de la SMA?

Tenemos que hacer un esfuerzo importante en materia de fiscalización, hay que profundizar el trabajo que hemos venido haciendo de capacitar a los fiscalizadores, no tanto en los temas, sino que en el nuevo modelo de fiscalización que busca hacerla más eficiente, racionalizar el proceso y concentrar la mirada en los aspectos más significativos de los proyectos, no en los detalles.

Si vamos a fiscalizar un proyecto minero en el norte, nuestra principal preocupación tiene que estar puesta en los recursos hídricos. Nos interesa ver qué está pasando con los pozos de extracción de agua, con los tranques de relaves, con las plantas desalinizadoras o con todo el sistema de canales perimetrales que puedan recoger eventuales aguas lluvias; qué está pasado con la lixiviación en pilas y la eventual contaminación de aguas subterráneas producto de la falta de impermeabilización de una pila. Es decir, cosas que tienen que ver con la operación de un proyecto y el eventual daño que pueda producirse en un recurso hídrico.

La nueva institucionalidad ambiental

Tras la publicación de la Ley Nº 20.417 en 2010, se rediseñó la institucionalidad ambiental de Chile, a partir de lo cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, como entidad encargada del diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental. A éste se sumó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dedicado a administrar el instrumento de gestión ambiental denominado “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEIA).

Junto con ellos se crearon la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), con la misión de fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental y los Tribunales Ambientales, el de Antofagasta (que aún no se encuentra operando), Santiago y Valdivia.

En el caso del Tribunal Ambiental de Santiago, está pendiente desde hace más de dos años el nombramiento de un ministro titular abogado. Esta situación podría complicarse aún más, porque a fines de este año expira el periodo del ministro titular licenciado en Ciencias. A la fecha, no ha habido nombramiento y de no realizarse, este tribunal vería dificultado su funcionamiento. Como consecuencia, es el Tribunal Ambiental de Valdivia el que lo debe subrogar, lo que implicaría un alza en la carga de trabajo de este último, ya que además deberá atender los requerimientos de su par de Antofagasta –actualmente subrogado por el de Santiago–, cuya plaza concentra principalmente la actividad minera del país.