(Pulso) Un nuevo flanco se ha abierto en el sector minero: la necesidad de solucionar la especulación que se da a través de las concesiones mineras.
En medio del PDAC 2016 -la feria de exploración minera más importante del mundo, que se realiza en Canadá-, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, indica que si bien esta es una temática que complica al mundo minero, “evitaría” hablar de más cambios regulatorios.
¿La razón? A su juicio, la seguidilla de reformas ha elevado la incertidumbre entre los inversionistas, lo que dificulta la llegada de nuevos capitales en medio del bajo ciclo del cobre.
Más duro en sus juicios, añade que “muchas veces las reformas que hemos estado analizando y viendo en el país terminan en la discusión de la letra chica como tema principal en lugar de haber discutido primero los conceptos fundamentales”.
Además, critica la posibilidad de llevar a justicia penal los delitos ambientales, iniciativa que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente. “No se puede buscar sancionar penalmente incumplimiento de la legislación actual a los proyectos que fueron construidos hace 10 o 20 años”.
¿Qué se debería hacer para evitar la especulación con las concesiones?
Es verdad que existe en algunos casos puntuales, no de las compañías mineras sino de terceros, una mala utilización de las concesiones de exploración porque las utilizan para bloquear el que se desarrolle actividad minera y para proteger su propiedad de un eventual desarrollo de una actividad, y ahí es necesario hacer una revisión y reenfoque del problema, sin poner en riesgo la certeza que otorga la propiedad minera tanto para exploración como para explotación. La búsqueda de ese justo equilibrio es en lo que hay que trabajar, porque obviamente existen aprensiones del mundo minero si se entrara en una revisión profunda de los derechos de exploración o explotación, porque hemos visto que buenas iniciativas legislativas derivan durante su tramitación en el Congreso en proyectos que no tienen mucho que ver con aquello que los motivó. Por lo tanto hay que buscar cómo se sanciona a quién especula, cómo se sanciona a quién instrumentaliza o utiliza con otros fines las concesiones de exploración, más que cambiar la naturaleza y certeza jurídica que otorga.
¿Se debería cambiar la legislación?
Evitaría discutir hoy día un proyecto de ley o reglamento. Lo que es necesario es que exista un debate sobre cuál es el problema que queremos solucionar. Muchas veces las reformas que hemos estado analizando en el país terminan en la discusión de la letra chica como tema principal en lugar de los conceptos fundamentales. Esto se ve en la legislación tributaria, laboral, la modificación al Código de Aguas o la legislación sobre glaciares. Al final, nos quedamos en los detalles y perdemos de vista qué es lo que queremos proteger, promover, regular o arreglar. Por eso es que hemos tenido los problemas que hemos tenido en la discusión y desarrollo en todos los proyectos de ley que han generado una tensión muchas veces artificial e innecesaria, y eso es porque ha faltado debate previo. A veces el país se mueve por slogan, por frases sencillas, o por algunas ideas que acaparan la atención de la ciudadanía porque son estridentes o porque parecen tremendamente atractivas pero le falta el trasfondo, el estudio, y el análisis del impacto económico y social que tiene la aplicación de muchas de esas reformas.
¿Hay preocupación con la intención del Gobierno de llevar ante la justicia penal los delitos ambientales?
Nuevamente, la búsqueda de culpables y las sanciones penales muchas veces no son la solución a los problemas; la solución tiene que ver con temas de capacitación, formación, inversión y fiscalización. Cuando existe de manera extraordinaria algún impacto ambiental relevante por algún accidente en una compañía minera el origen suele ser un accidente, no hay falta de cuidado ni menos intención de causar un daño medioambiental. Por otro parte, los estándares han ido cambiando, lo que antes se aceptaba hoy no, pero eso solo significa que tenemos que tener un tiempo de adaptación, no se puede buscar sancionar penalmente incumplimiento de la legislación actual a los proyectos que fueron construidos hace 10 o 20 años. Eso es lo racional aunque pueda no parecer políticamente atractivo, y lo que hemos visto es que la discusión en el país se ha movido más por esto último que por lo primero.
Una de las críticas que se escuchó en el PDAC 2016 fue la baja participación de capitales chilenos en las empresas mineras…
A nuestro juicio existe poca participación de los inversionistas privados chilenos en la actividad minera, tanto en la gran minería como en la mediana. Son escasísimos los grupos chilenos metidos ahí y los chilenos tienen presencia, a través de las AFP, en prácticamente todos los sectores productivos: en la banca, el retail y en otras industrias productivas del país. Sin embargo, no hay inversiones en la industria minera, por lo tanto, es un territorio a explorar y desarrollar, y la experiencia que existe en Canadá o Inglaterra con mercados profundos mineros quizás sean ejemplos a imitar en un país que se define como minero.
¿No se relaciona con un bajo interés de la gran minería por enlistarse en Chile por considerar el mercado poco profundo?
Sí, pero no son los único actores en la minería. Fíjate en el mercado de juniors que existe acá en Canadá, Chile debería profundizar ese mercado de exploración y debería profundizar más fondos tipo Fénix, más fondos que permitan ir expandiendo la propiedad entre más chilenos que participan de una actividad que puede ser tremendamente lucrativa e interesante de desempeñar.