(Diario Financiero) Una buena noticia recibió hace unos días Antofagasta Minerals (Amsa). Esto, porque la provincia de San Juan (Argentina) informó la semana pasada oficialmente al Tribunal Federal de San Juan que consideraba aceptable el proyecto de cierre del botadero Cerro Amarillo, obra que por error fue construida por Los Pelambres sobre territorio argentino, en propiedad del proyecto El Pachón, de Glencore.
Desde Amsa señalaron que con esto, ahora avanzarán en la ingeniería de desarrollo, que es la que contiene un mayor detalle de las obras necesarias para ejecutar el cierre ambiental del botadero.
La empresa destacó que con este visto bueno que les dio la autoridad local, queda definido qué es lo que se debe hacer para dar tranquilidad a la provincia de que posibles efectos ambientales del botadero se controlarán de manera adecuada.
Entre las medidas que propuso la empresa, además del cierre ambiental, se contemplan auditorías del programa de Naciones Unidades para el Medio Ambiente (PNUMA).
Ahora se deberá definir qué permisos adicionales pueden requerirse para avanzar en las obras de cierre.
Según prensa transandina, en caso que el tribunal apruebe la propuesta, serán necesarios permisos de paso ocasional por parte de la Cancillería y del Ministerio del Interior de Argentina, para que personal y maquinaria puedan pasar la frontera, un tema que no ha habido consenso entre las empresas, ya que Glencore es de la idea que eso podría alargar el cierre del botadero de estériles, dadas las autorizaciones adicionales que se requieren.
Otra diferencia es que El Pachón plantea que los escombros deben ser retirados de su propiedad, frente a la postura de la minera local de que el cierre ambiental es la manera definitiva de tratar este tipo de instalaciones mineras.
El conflicto entre ambas compañías surgió el año pasado, cuando solicitaron a la justicia argentina que Pelambres retirara los cerca de 50 millones de toneladas de estériles depositados en su territorio.
El error se produjo por diferencias en las cartografías utilizadas, las que -según se ha argumentado en el proceso- tendría límites diferentes a los oficiales. El botadero funcionó hasta 2011 y en 2012 se colocaron señalizaciones adicionales que ayudaron a clarificar las dificultades de interpretación que existían.