(La Tercera) Aseguran que el interés por perfeccionar la legislación no responde al conflicto de empresas estatales como Codelco y Metro, pero reconocen que la contingencia favorecerá el debate. A nueve años de entrar en vigencia, el oficialismo ya prepara una doble ofensiva para perfeccionar la actual ley de subcontratación.
El paso más próximo lo darán en el marco de la reforma laboral, anticipa el senador y presidente de la Comisión de Trabajo, el PS Juan Pablo Letelier. Junto a las senadoras DC Carolina Goic y PPD Adriana Muñoz propondrán en las próximas semanas incorporar la subcontratación como materia de negociación colectiva, para “que los trabajadores de la empresa principal puedan discutir hasta dónde se extiende”, afirma.
“Se ha abusado del proceso de subcontratación. Se ha metido a empresas contratistas en el giro principal de la mandante y eso muchas veces ha llevado a la precarización del empleo. Es un fenómeno global que en nuestro país se ha llevado a un extremo”, advierte el senador Letelier.
En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el oficialismo también se sumó y decidieron reactivar una moción presentada en agosto de 2014 por los diputados PS Osvaldo Andrade y PPD Tucapel Jiménez que modifica la ley de subcontratación y servicios transitorios. La propuesta establece la figura de “subcontratación impropia”, mediante la cual busca prohibir la subcontratación de funciones que pertenezcan al giro de la empresa principal. Así, esta modalidad quedaría reservada para labores anexas como vigilancia, alimentación, aseo y mantención. La moción agrega que será la Dirección del Trabajo la que defina los casos de subcontratación impropia o subcontratación no ajustada a los requisitos de la ley.
“La subcontratación puede tener sentido cuando se trata de empresas con giro distinto, con un rol de especialización o características que no son propias de la empresa principal. Pero no es lo que ocurre hoy. Se ha abusado y se usa ahora para reducir costos. Eso es lo que se denomina subcontratación impropia”, explica Andrade.
La semana pasada, y luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) declinara una invitación para asistir a la comisión a debatir al respecto, los parlamentarios acordaron que si este martes no hay más organizaciones que quieran acudir -ya lo hizo hace algunas semanas la Cámara Nacional de Comercio-se dará inicio a la votación en particular.
Si se concreta este escenario, la iniciativa pasaría a sala este mes, pasando posteriormente al Senado. El diputado DC Patricio Vallespín concuerda en que “hay temas que no están bien resueltos” en la legislación vigente y se muestra preocupado por el aumento de la externalización en el sector público, ya que “se están dejando de cumplir funciones permanentes que el Estado debe garantizar a los ciudadanos para tener servicios de calidad”.
Una de las materias que se debe delimitar, precisa Vallespín, es hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa principal de responder en caso de que el contratista no cumpla sus obligaciones laborales y asegura que los parlamentarios de la Nueva Mayoría plantearon su decisión a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón.
Aunque desde el Ejecutivo aclaran que no ven factible patrocinar una iniciativa al respecto, los parlamentarios están decididos a avanzar. “No necesitamos el respaldo del gobierno. Lo vamos a aprobar dentro de dos o tres sesiones y después pasará a sala. Se va a ir al Senado así”, adelanta Jiménez.