(Pulso) Los próximos días serán claves para la defensa legal de Corfo en el litigio arbitral con SQM, que lleva adelante desde el pasado 14 de julio el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La entidad determinó encomendar a los consejeros Jaime Varela y Carlos Mackenney liderar un quipo legal para asumir la defensa de Corfo en medio del conflicto por el contrato de explotación en el Salar de Atacama. Así lo confirmó el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, quien acotó que el objetivo es recabar los antecedentes del caso a fin de continuar con la exposición de argumentos a favor de Corfo ante el juez árbitro Carlos Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.
“Hemos recibido un requerimiento de la Corfo y se conformó un equipo de trabajo que en este caso está integrado por abogados y consejeros del consejo y ellos son quienes se tienen que hacer cargo de un requerimiento específico que sea presentado”, señaló Juan Ignacio Piña.
A su juicio, las vicisitudes de cada causa determinan cómo se van conformando los equipos y en este caso era importante que hubiera un trabajo conjunto de consejeros que adicionalmente no pertenecen al mismo comité, para que pudieran mirar la causa desde distintas perspectivas.
Piña acotó que la misión que tienen los consejeros y su equipo es recopilar y analizar los antecedentes y proponer las acciones a seguir al Consejo de Defensa del Estado. “Para nosotros, todas las causas en las que existe patrimonio fiscal comprometido, sea gran cantidad de dinero o cantidades menores, tienen importancia porque esa es la función que tenemos que cumplir. Por lo tanto, desde ese punto de vista esta no es una causa que requiera una consideración especial”, afirmó el abogado.
Rechazo a conciliación
A inicios de julio, y ante el árbitro Héctor Humeres, la Corfo comunicó oficialmente su decisión de rechazar la propuesta del juez. “Como consecuencia de lo anterior, habiendo terminado el periodo de conciliación, Corfo proseguirá con el juicio, conforme al procedimiento establecido para estos efectos”, dijo la entidad a través de un comunicado.
En el juicio, Corfo solicitó, entre otras peticiones, el término anticipado del contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras de su propiedad, ubicadas en el Salar de Atacama. Asimismo, requirió el pago de las rentas de arrendamiento adeudadas a contar del primer trimestre de 2009 hasta la fecha del inicio del juicio, y de las rentas que se devenguen durante la tramitación del presente juicio arbitral, agregó el organismo estatal.
En 1993, Corfo pactó con SQM el arrendamiento de 28.054 pertenencias mineras hasta diciembre de 2030. Por el arrendamiento de esas pertenencias, SQM debe pagar un canon fijo de US$15 mil al año y una cifra variable igual al 1,8% de las ventas de litio y de cloruro de potasio. En 2012 la Corfo decidió analizar el efectivo cumplimiento del contrato. Concluyó que SQM había pagado menos de lo que debía pagar -se calculó inicialmente en US$2 millones-, y tras negociar con la empresa, el organismo decidió activar un arbitraje para resolver por esa vía las diferencias. Fue la nueva administración de Corfo, liderada desde marzo de 2014 por el ex ministro Eduardo Bitran, la que presentó la demanda ante el árbitro Héctor Humeres, en mayo de 2014. Corfo pidió la medida más extrema posible: el término anticipado del contrato de 1993, el pago de indemnizaciones y daño moral y la restitución de las pertenencias.