(La Tercera) Un trabajador contratista muerto tras enfrentamientos con Fuerzas Especiales, caminos tomados, maquinaria quemada, pérdidas por más de US$ 27 millones diarios y una violencia inusitada registra, hasta ahora, la paralización de los trabajadores contratistas de Codelco.
El viernes pasado, los incidentes entre carabineros y manifestantes dejaron una víctima fatal en la división El Salvador, en la Tercera Región, donde según la cuprera estatal se han registrado los peores incidentes, incluyendo el saqueo de sus instalaciones.
Desde la madrugada del martes que las principales rutas que conducen a los yacimientos de la minera están cortadas por el movimiento sindical. El miércoles, más al norte, en la división Gabriela Mistral, los manifestantes quemaron un “aglomerador” avaluado en US$ 1,7 millones. Esta maquinaria prepara los minerales para la lixiviación.
La violencia del conflicto fue uno de los temas principales del directorio extraordinario convocado por la minera el jueves. Esa mañana, y por casi dos horas, los ocho integrantes de la mesa se reunieron de urgencia, dado el cariz que comenzaba a tomar la pugna de los trabajadores contratistas.
Durante la cita se decidió iniciar una completa revisión a la relación con ese grupo laboral. Los directores de la mayor productora de cobre del mundo y la principal estatal chilena encomendaron a su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, que prepare para este jueves 30 de julio “una presentación legal y económica-financiera sobre la historia de las negociaciones con las organizaciones subcontratistas”, dijo una fuente al tanto de la solicitud.
Durante estos días, Pizarro deberá recabar todos los antecedentes que llevaron a que Codelco se convirtiera en protagonista de un conflicto que por cada jornada de paralización significa pérdidas por más de US$ 27 millones, según cálculos entregados por él mismo.
Según comenta una fuente, en la cita del jueves pasado reinaba el desconcierto. Hasta ahora, algunos directores no consiguen entender cómo Codelco terminó siendo garante de los beneficios que los contratistas han logrado con sus empleadores, como lo especifica el llamado acuerdo marco.
Ese documento surgió en 2007, tras 37 días de huelga por parte de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a 40.000 trabajadores que prestan servicios a la estatal. La paralización de ese año afectó principalmente a la división El Teniente.
En esa ocasión, en la división, ubicada en Rancagua, fueron quemados ocho buses que trasladaban a los trabajadores de planta del yacimiento. Eso marcó el inicio de un violento enfrentamiento entre los empleados de la minera y los contratistas. Para terminar con el conflicto se llegó a un acuerdo que implicó la renegociación de los beneficios cada dos años y que Codelco asumiera su hoy cuestionado rol de garante.
Foco en productividad
Este año, sin embargo, Codelco no quiere sentarse a negociar. Ese fue el mensaje que Pizarro envió en Calama cuando presentó el Reporte de Sustentabilidad de la minera hace unas semanas: “Los contratistas no son trabajadores directos de Codelco. Lo digo fuerte y claro”, señaló en la oportunidad.
La estatal estaría por cambiar las reglas del juego. De hecho, el jueves próximo y tras escuchar la presentación que haría Pizarro, el directorio también abordará si hay espacio o no para establecer una nueva política general de trabajo con contratistas o subcontratistas, cuenta un director. Esto implica, agrega otra fuente , que se seguirán respetando los derechos adquiridos por los trabajadores tercerizados, pero que se le pondrá un foco especial a la productividad.
Este es un tema que preocupa a la administración. El presidente de la minera, Oscar Landerretche, dijo en una entrevista a inicios de año que un trabajador tercerizado le cuesta a Codelco US$ 2.500 versus los casi US$ 5.000 de uno propio.
Desde 2006 a la fecha (antes de esta nueva movilización), la minera ha debido asumir costos por unos US$ 500 millones, debido a los paros de contratistas. En el período analizado, la cuprera ha estado paralizada 124 días por los trabajadores externos, mientras que los propios han detenido las faenas por sólo 40 días.
Capitalización en riesgo
El acuerdo marco también genera un fuerte impacto en Codelco. El martes, Pizarro aseguró que cumplir con el petitorio de la CTC implicaría US$ 1.000 millones para la estatal en el largo plazo, en un escenario en que la firma ni siquiera tiene los recursos necesarios desde el Fisco para concretar su plan de inversiones 2015 y con un precio del cobre cayendo en picada. El viernes, el metal rojo anotó un nuevo mínimo en seis años: US$ 2,36 la libra (ver infografía).
Por eso, en el directorio extraordinario del jueves pasado los ocho integrantes acordaron respaldar completamente las gestiones que impulse Pizarro para solucionar el conflicto. Sobre todo, porque si la situación se alarga por una semana más, tendría un costo similar a la capitalización que en junio autorizó el gobierno para la empresa: US$ 225 millones, estima un director de la compañía.
Según el presidente de la Asociación de Empresas Contratistas Agema, Cristián Vizcaya, este nuevo petitorio de la CTC no tendría sentido, ya que el acuerdo suscrito en 2013 “se está cumpliendo íntegramente”, asegura.
Agrega que quienes hoy se están movilizando no forman parte de los sindicatos con los cuales Agema lleva negociaciones. “Ellos quieren instalar una negociación de tipo ramal y eso no corresponde”, dice el ejecutivo.
Hasta el cierre de esta edición, el conflicto entre los contratistas de la minera continuaba.