(Pulso) A casi dos años de la ruptura del cartel del potasio, las empresas productoras del mineral parecen no recuperarse del todo.
El 26 de julio de 2013, cuando el directorio de Uralkali tomó la decisión de poner fin al acuerdo que tenía con Belaruskali, los papeles de las empresas ligadas al sector se desplomaron en torno a un 20%, daño que no todas han sido capaces de reparar. Si bien en parte han levantado cabeza, el caso de la chilena SQM parece ser distinto. El financiamiento irregular de la política, la renuncia de los directores elegidos con los votos de Potash Corp (PCS), la disputa con Corfo y los cuestionamientos al controlador, Julio Ponce, la tienen tan afectada como a la propia productora bielorrusa.
La misma Uralkali es una de las empresas que siguen sin volver al precio que marcaba el 25 de julio de 2013, perdiendo desde dicha fecha un 53,98%; sin embargo, SQM es la firma con mayores pérdidas. Así, su ADR se desploma un 56,79%.
De hecho, la competencia de Ponce, y segundo mayor accionista de SQM, PCS, renta 1,56% en el mismo período, mientras que sus similares como Israel Chemichal y Mosaic Co pierden 28,85% y 11,29%, en tanto Agrium Inc y K+S ganan 20,78% la primera, y 40,25% la última.
¿Qué explica entonces las diferencias en sus precios?
Según Carla Rojas, de Bice Inversiones, “con la ruptura del cartel del potasio cambió la industria estructuralmente, empezaron a competir por volúmenes por sobre precios. Sin embargo, en el caso de Soqui, evidentemente hemos visto una caída importante en el precio de la acción, de hecho es la peor acción del IPSA en lo que va del año y evidentemente está relacionado con los temas de gobierno corporativo que le están afectando, de eso no cabe duda. Los institucionales y los inversionistas están con temor, independiente de los fundamentales que pueda tener”.
SQM, a diferencia de las otras compañías, ha sufrido una serie de ruidos a raíz de los problemas de su controlador. Dos meses después de las noticias provenientes de Bielorusia, la SVS formuló cargos contra Ponce, para un año después sancionarlo por US$70 millones a raíz de su participación en las operaciones cascada. En octubre del mismo año, aparecían boletas de SQM en el marco de la investigación por financiamiento irregular de la política, algo que hasta entonces sólo involucraba a Penta.
La crisis se vio agravada a raíz de dicha investigación. A semanas de llevarse a cabo la junta de accionistas los minoritarios solicitaron la salida de Ponce, presión que creció luego de que el 17 de marzo los tres directores elegidos con los votos de PCS renunciaran.
En ese contexto, Andrés Galarce, de EuroAmerica, comenta que la explicación se debe a dos factores: la pérdida de participación en el negocio del yodo, y el tema de gobiernos corporativos. “Éste ha afectado mucho, ha generado la salida de institucionales, parte importante de la diferenciación con sus pares se debe al manejo de su gobierno corporativo”, apunta.
Y los ruidos no han parado. El pasado 17 de junio, en el marco del juicio arbitral que tiene con SQM por el arriendo de 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, la estatal decidió rechazar la conciliación y pedir el término anticipado del contrato de alquiler, que vence en 2030.
Humphreys estimó que si SQM perdiese la concesión del Salar de Atacama (evento al cual la clasificadora le asigna una baja probabilidad de ocurrencia), los ingresos bajarían un 39%. Esto ha llevado a un descenso adicional del papel.
Aguas arriba
Desde la caída del cartel, las sociedades aguas arriba a través de las cuales Ponce controla SQM han realizado una serie de acciones tendientes a bajar su deuda, que para ese entonces superaba los US$1.000 millones. Sin embargo, podría incurrir en otras.
En un reciente comunicado, Fitch Rating señaló que “los pagos de deuda realizados durante 2014 por distintas filiales del grupo (Calichera) y que fueron financiados vía aumento de capital y caja, mejoraron el perfil de deuda. Las próximas amortizaciones relevantes serían de US$51 millones en 2016 y US$270 millones en 2017. Este último pago le impone un desafío de financiamiento a la compañía, ya que Fitch proyecta un Ebitda para el grupo en torno a los US$70 millones para 2016 y 2017. A marzo de 2015, el grupo mantenía caja y valores líquidos por US$57 millones”.
Cercanos a las sociedades cascadas, sostienen que están conscientes de la situación, y que existe la posibilidad de renegociar los créditos bancarios, a la vez que podrían enajenar papeles SQM-B que no están prendados a favor de ningún accionista, y que hoy valen más de US$100 millones. De hecho, en 2014 Calichera vendió más de US$200 millones en papeles serie B, monto con el cual prepagó algunos créditos, a la vez que renegoció otros.