(El Mercurio) El último directorio de Codelco se extendió hasta bien entrada la noche de este jueves. Ahí, la mesa directiva aprobó una serie de normativas internas para evitar conflictos de interés, regular la relación con los políticos, evitar que la empresa sea «capturada» por distintos grupos y una batería de medidas anticorrupción. Aunque Óscar Landerretche, presidente del directorio, trabaja en esto desde septiembre de 2014, admite que fueron los casos de pagos a campañas políticas de SQM lo que hizo que Codelco sumara a su lista de cambios aquel destinado a regular cómo se contrata y se trata con las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
[Codelco exigirá que dos mil ejecutivos y trabajadores declaren intereses y patrimonio]
Landerretche mismo es un PEP, en su calidad de hijo de un ex ministro de Estado, así como algunos miembros de su staff ejecutivo. Él fue quien le mencionó a la Presidenta Bachelet que uno de sus ministros -el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza- le había hecho informes a la empresa, tema que incidió en la renuncia del ahora ex ministro.
En simple, las nuevas normas anunciadas por Codelco este viernes prohíben que la estatal dé dinero a centros de estudios ligados a partidos políticos; exige que una contratación de un PEP en la empresa sea visada por los niveles superiores, así como los contratos con firmas ligadas a estas personas. La cuprera tampoco puede dar financiamiento político de ningún tipo. Para evitar que los ejecutivos tengan negocios con Codelco, se creó la categoría de Personas Expuestas a Codelco, o PEC, que tendrán una vigilancia adicional.
Todo este cambio debe estar listo en diciembre, con una gerencia a cargo -de Compliance y Ética- y un presupuesto de más de US$ 300 mil, explica Landerretche.
-¿Cuánto de este cambio se debe al estallido del escándalo por el financiamiento ilegal de campañas?
«Es una mezcla: la abrumadora mayoría de estas siete normativas nuevas se venía estudiando desde septiembre, pero desde enero se sumó la relativa a los PEP. Tiene que ver con una convicción que teníamos en el directorio de que el estándar, de cara a la ciudadanía en estos temas -probidad, transparencia, conflictos de interés-, había cambiado y también había cambiado el estándar de la industria».
-¿Alguna recomendación presidencial del equipo político de La Moneda para no involucrarse en los PEP?
«Lo que yo he sentido, no solo desde La Moneda y de la Presidenta, sino que también de los ministros, particularmente del ministro de Hacienda, de la ministra de Minería y de los parlamentarios de las comisiones mineras, ha sido apoyo en este tema. A todo el mundo le preocupa que cuando uno haga estas acciones no se vaya a producir una sobrerreacción por el momento político».
-¿Cuál es, a su juicio, la medida más revolucionaria?
«Aumentar de 70 a dos mil las personas que declaran intereses y patrimonio, porque tiene un gran impacto operativo. No solo es que la gente haga estas declaraciones, sino que también se verifiquen que sean certeras y sirvan para evitar el conflicto de interés (a través de un software que genera alertas). Esa regulación, acompañada de otras, como la de mayor regulación y control en contratos con personas relacionadas y conflicto de intereses, hace que sean medidas muy potentes. Y la otra medida revolucionaria es la relativa a las PEP».
-¿Por qué es tan revolucionaria?
«Vamos a profundizar la definición de PEP, porque esa definición del mercado no funciona ni cubre la totalidad de los aspectos que son relevantes para la compañía. Codelco opera en lugares donde es una parte importante de la economía, la sociedad, la política y cultura del lugar. En Salvador, todo es Codelco; en Rancagua es la mitad, y también en Calama, Los Andes… Para nosotros, la definición formal de PEP es muy de ‘arriba’. Por ejemplo, no están en los PEP el candidato perdedor de una elección, o el asesor senior de una campaña política. Hay una serie de ‘incompletitudes’ en esa definición. Además, los directores han querido adicionarle algunas cosas, así que la aprobación de esta norma quedó pendiente para unas semanas más».
-¿Qué se adiciona?
«Un contrato con una persona PEP se eleva en términos de su aprobación, que va a una instancia de mayor jerarquía. Y una buena parte de los casos más delicados, aquellos que involucran a personas que han tenido mucho seniority político o que son contratos muy grandes, llega al directorio, y este tiene que explícitamente pronunciarse. Un poco como ocurre con los conflictos de interés, que llegan al comité de auditoría».
«Y lo otro es que si alguien o una empresa es recomendada por un PEP, hereda las regulaciones del PEP».
-Usted es PEP. Para contratar, por ejemplo, como gerente de comunicaciones a Juan José Tohá (yerno del ex Presidente Lagos), otro PEP, ¿qué se tendría que haber hecho según la nueva normativa?
«Se tendría que haber llevado al directorio. Hoy, los gerentes se informan al directorio; ahora tendría que ser aprobado por el directorio».
-¿Qué pasa con los ejecutivos o directivo cuyas empresas relacionadas tienen contratos con Codelco?
«Eso no es PEP, eso es conflicto de interés. La normativa de conflicto de interés también se subió con la normativa de gobierno corporativo del 2009, pero además estamos incorporando otra definición, que es el PEC: Persona Expuesta a Codelco. Por ejemplo, cuando una persona es un gerente y hay un primo que es proveedor».
«Gran parte de los contratos con PEC hoy se lleva al directorio. Lo usual es que hay un gerente aquí y hay en otra división una empresa en la cual es gerente su hermano. Lo que va a pasar es que eso llega a un comité de auditoría, el comité de auditoría lo revisa, mira el historial, y si ha ocurrido muchas veces, pregunta por qué, y entonces hace una recomendación al directorio».
-¿Y se rechazan?
«Usualmente no se ha rechazado un contrato como ese en el directorio, porque se inhiben aquellos que no pasarían, se evitan el bochorno».
-Ejecutivos como Daniel Barría (hermano de la ex ministra de Salud Soledad Barría) estaban en Codelco y tenían una empresa relacionada que le daba servicios a la misma empresa. ¿Qué pasaría hoy en esta situación?
«Hoy en día, estas prácticas están expresamente reguladas. Los gerentes de Codelco tienen dedicación exclusiva, solo docencia. Pueden tener participación en una empresa, pero ahí entra la normativa de conflicto de interés».
«En los PEC, yo tiendo a sentir que el vínculo con Codelco juega en contra, es un hándicap. Yo he visto al comité de auditoría realmente decir: ‘¿no habrá otro proveedor similar, igual de competitivo?’, y a los proveedores PEP también les pasa lo mismo».
-¿Pero se terminan o no los contratos con ellos? En Endesa se terminaron…
«Codelco es una empresa enorme, y antes tenía aún más peso en la economía chilena. La proporción de abogados, ingenieros comerciales, ingenieros, que son familiares de, relacionados con y que han trabajado para Codelco es enorme, gigantesca. No es razonable creer que una compañía como esta nunca va a tener contratos con personas que alguna vez ejercieron una función pública».
«En PEP y PEC no podemos hacer como Codelco la promesa de no tener un solo contrato con personas políticamente expuestas ni expuestas a Codelco, con personas que han participado en la política chilena o con personas que son familiares o han tenido una vida laboral previa en Codelco. Lo que podemos hacer es garantizar que sean instancias superiores de la compañía las que tengan en cuenta los riesgos y beneficios de ese contrato, y esto se haga en forma transparente».
«La gente no puede contratar a sus familiares, no se puede. Hasta un segundo grado de consanguinidad está prohibido. Incluso, discutimos llegar hasta un tercer grado de consanguinidad, pero eso ya puede ser realmente restrictivo».
-La normativa de los PEC y PEP, ¿corre para todos los contratos o sobre ciertos montos para arriba?
«En ambos casos hay una tabla. En Codelco no hay contrato chico, en realidad. Pero, incluso, en la normativa actual, cuando un gerente hace uso de su facultad de asignación directa, si hay un PEP, tiene que reportarlo igual».
-En años anteriores hubo pagos a centros ligados a partidos, como el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) de la DC. ¿Se van a contratar asesorías a centros de estudio?
«Se van a prohibir. Corre para todos los centros de estudios ligados a partidos políticos».
-¿E incluso, a organismos con carácter técnico como Cieplan o Cesco?
«Cesco no está vinculado a partidos políticos, es técnico. Es como Fundación Chile, y ahí no estamos siendo muy justos. Si nos vamos en esa, hasta el gato está en un partido político».
-Pero Cieplan, ¿tendrá o no aportes?
«Se prohíben aportes a centros de estudio ligados directamente a partidos políticos, porque lo que importa es que muchas veces esas personas participan de las campañas y el tema es ese».
«El CED, Libertad y Desarrollo hacen estudios muy valiosos, existen capacidades técnicas que podrían ser valiosas para distintos tipos de análisis que se hacen en la compañía. Sin embargo, debido a los riesgos, creemos que es más transparente, más simple para la ciudadanía, prescindir de estos centros de estudios. Ahora, si los extendemos a todos los centros, es como matar una mosca con una bazuca».
-¿Codelco tiene prohibido hacer donaciones políticas?
«Sí. Desde la Ley del Gobierno Corporativo».
«No hemos detectado operaciones que se desvíen del marco legal al cual está sujeto Codelco»
A inicios de junio, Codelco respondió a varios oficios de la Cámara de Diputados en los que se pedía información sobre personas y sociedades específicas desde 2006, relativa a contratos que diversas figuras del oficialismo con Codelco. Se solicitó desde ese año en particular, porque previamente operó una Comisión Investigadora que revisó el período anterior. Aunque la política es entregar la información que solicite el Parlamento, no se hará pública la globalidad de los datos, debido a que hay contratos con cláusulas de confidencialidad, explica Landerretche.
-¿Están revisando los contratos con PEP y PEC de años anteriores?
«En enero encargué un estudio de auditoría para ver cuál era la importancia de las operaciones con PEP y PEC. Me parecía importante entender la dimensión del tema. Ese análisis ya está en sus fases finales, fueron presentados sus informes preliminares al directorio y ya dio instrucciones respecto de en cuáles áreas y en cuáles tipos de contratos hay que profundizar».
-¿Cuál es el resultado?
«Vamos a actuar en forma responsable, porque Codelco no es un juguete para andar haciendo operaciones comunicacionales contra nadie y a favor de nadie. En la medida en que tengamos algo que comunicar, lo haremos. Si el análisis nos lleva a que no hay irregularidades, pero hay una dimensión (por la relevancia del implicado) o una escala de ese tipo de operaciones (montos), lo vamos a reportar».
-¿Qué período abarca la auditoría?
«Estamos seguros de que tenemos la información desde 2009 en adelante, porque por obligaciones tributarias la compañía está obligada a guardar la información de hace seis años».
-¿Y más atrás?
«Al 2009 es el primer análisis. El directorio le instruyó al auditor que el período previo, entre 2006 (ya que para atrás esas investigaciones se hicieron) y 2009, donde queda una ventana, ese período va a ser investigado, pero es una segunda prioridad».
-¿Se va a revisar el período de José Pablo Arellano, Diego Hernández y Thomas Keller?
«Claro. Eso sí, la prioridad es mirar de ahora para atrás, porque primero nos importa mirar a la cara los temas de nuestro período de gestión. Después, más atrás. Cada uno de estos análisis es extremadamente engorroso y cuesta mucha plata».
-Hasta ahora, ¿han detectado financiamiento ilegal o desvío de dinero?
«Hasta el momento, en forma responsable, puedo decir que no hemos detectado operaciones que se desvíen del marco legal al cual está sujeto Codelco. Esto corre para todos los tipos de análisis: los que nos han encargado de la Cámara de Diputados, lo que hemos hecho de forma autónoma; los que hemos hecho como reacción a artículos en los medios, y las denuncias que llegan a través de los canales de denuncias. Ahora, dicho lo anterior, también es cierto que están haciéndose muchas investigaciones. Lo que digo es en forma preliminar».
-¿Han detectado boletas o facturas ideológicamente falsas?
«Hasta el momento, no. Para ser justos, para el análisis a ese nivel de profundidad, hemos priorizado lo de la Cámara y lo de la prensa, y es un universo acotado sobre el que te puedo decir eso. Respecto al análisis completo de PEP, lo que se ha hecho es una cuantificación del universo posible de transacciones, y ahora el directorio le ha dicho al auditor ‘priorice estos análisis para esta categoría’, que en general tiene que ver con personas de alto perfil, contratos más grandes y de mayor seniority «.
-¿A cuánto ascienden esas transacciones?
«No estoy ahora en condiciones de dar un número. Cuando lo tenga, lo vamos a comunicar».
-Codelco tenía presidentes de la DC (entre 1990 y 2010), y se decía que estaba cooptada por los partidos de la Concertación. ¿Lo ha visto en esta revisión?
«Hay muchas cosas que se dicen que proceden de una memoria respecto de Codelco, pero los chilenos tienen que recordar que hay una ley de gobierno corporativo que se estableció en 2009, se implementó en 2010, y tengo que decir que cualquier persona que ha trabajado en esta compañía sabe que hay un antes y un después de esa ley. Cualquiera de esos problemas históricos, con las regulaciones que existen, ya tiene un avance enorme. En una empresa de este tamaño, siempre hay problemas; pero afirmo que Codelco no es una empresa corrupta. No lo es. No es una empresa que tenga problemas de corrupción graves que no podamos enfrentar con mejoras de gestión y mayor control».
-¿Cree que hoy Codelco está tomada por algún partido político?
«No creo que Codelco esté tomado por partidos políticos. Por ejemplo, en lo que respecta al directorio, en el proceso de designación de los vicepresidentes y gerentes generales del equipo de (Nelson) Pizarro, creo que hay solo una persona que tiene una militancia conocida. La mayoría son ‘viejos mineros’. Más bien prima una cultura de desprecio a la política, encuentran que es algo que se les mete donde no debe. En términos globales, Codelco es una empresa que está hoy al servicio de sus dueños, que son todos los chilenos, y que no está capturada por intereses especiales. En aquellos casos que existan, el directorio está completamente comprometido a impedirlos».
-Cristián Quinzio (consejero jurídico de Codelco) fue nombrado por Giorgio Martelli en su declaración a la fiscalía como uno de los arquitectos de la estructura financiera de la campaña de Bachelet. ¿Lo va a remover?
«Quinzio está contratado en Codelco desde antes del directorio actual. Él ha sido contratado en su carácter de abogado y como uno de los que más conocen el tema minero. Yo tengo una buena opinión de su trabajo en el tiempo que ha trabajado conmigo, sabe un montón de estos temas. Sobre las cosas relacionadas a sus actividades previas, no haré comentarios, a menos de que se llegue a la convicción de que hay una dificultad que debe abordar la compañía».
-¿Qué harán si lo llaman a declarar en calidad de imputado?
«Tendríamos que discutirlo, pero no lo hemos evaluado en el directorio. Hasta el momento, el desempeño del consejero jurídico dentro de la empresa ha sido satisfactorio».
Cobre: el mercado cree que en dos o tres años va a empezar a subir
Codelco tiene un plan de inversiones histórico, de más de US$ 20 mil millones. Y necesita recursos, parte de los cuales los suministra Hacienda a través de la capitalización de excedentes. Una etapa del proceso se cierra este martes, cuando Hacienda defina la entrega de parte de los recursos bajo el cargo de retención de utilidades. Luego viene la capitalización como tal, donde la firma pedirá entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones.
-¿Hacienda les va a otorgar lo que están solicitando?
«Es algo que tiene que decidir Hacienda».
-Si no les dan, ¿qué opciones tienen?
«Siempre evaluamos la pertinencia de la estrategia que está haciendo Codelco con condiciones cambiantes, pero no tenemos ninguna información que nos induzca a pensar que hay un cambio mayor. La ley es muy clara, Codelco va reportando la evolución de sus proyectos de inversión y Hacienda va haciéndose un juicio de cuánto de la capitalización comprometida es pertinente, dado el avance de los proyectos y la necesidad que ven en los tiempos más inmediatos».
-En el caso de que no les entregaran todos los recursos, ¿lo financiarían con más deuda?
«Codelco tiene tres formas: recursos internos, deuda y capitalización. A Codelco no le es tan relevante la temporalidad precisa de la capitalización en términos de meses, porque desde su punto de vista los escenarios son más largos. Si se entrega después o antes, uno lo puede ajustar con bastante facilidad con la política de financiamiento. Lo que importa más es el tema global, y allí no hay ninguna información que pueda dar».
-En una presentación en la Cámara de Diputados señalaron que tendrían cerca de US$ 600 millones menos de excedentes este año por el precio del cobre. ¿Prevén que puedan ser aún menos?
«Es tan sensible el precio del cobre y los pronosticadores se equivocan siempre. Las decisiones de Codelco tienen que ver más con los escenarios de largo plazo de oferta y demanda de cobre, y ese escenario se ve mejor».
-¿Subirá el valor del cobre el próximo año?
«No voy a dar mi pronóstico, pero puedo decir que el mercado cree que en los próximos dos o tres años se acaban un poco las holguras en la oferta y va a empezar a subir (el precio)».