(El Mercurio) Célebre en el mundo por su atractivo turístico, el Salar de Atacama es hoy un objeto de disputa entre el Estado, representado por Corfo, y la minera SQM, controlada por Julio Ponce. En medio de los escándalos por el financiamiento ilegal a la política que tiene a la compañía no metálica como una de sus protagonistas, la entidad fiscal pidió, en el marco del juicio arbitral con la firma controlada por Julio Ponce, terminar con el contrato por la explotación de 28.054 pertenencias mineras en este depósito salino, el tercero más grande del mundo en su tipo.
Aunque no hay nada oficial aún, puesto que las partes están en lo formal en un arbitraje y en período de conciliación, lo cierto es que el 11 de junio el comité ejecutivo de Corfo decidió pedir el término del contrato e intentar que otros actores exploten la zona, rica en nitratos, potasio y litio, así como otros minerales. De hecho, la entidad fiscal ya trabaja en crear un comité para que privados exploten estos recursos. Una decisión, señalan conocedores del acuerdo, que ha causado molestia porque Corfo rompió el deber de confidencialidad del arbitraje.
Terminar el convenio no es fácil. Primero, porque existe un acuerdo que expira en diciembre de 2030 y que extraoficialmente SQM valora en US$ 6 mil millones. Segundo, porque además de Julio Ponce hay inversionistas extranjeros que pusieron sus fichas en la compañía y en sus actividades en el Salar. Y tercero, porque el desarrollo de este conflicto está muy ligado al desenlace de las acusaciones de financiamiento ilegal a la política de parte de SQM.
Según BICE Inversiones, la disputa podría durar uno o dos años si las partes no llegan a un acuerdo conciliatorio. Quien quede descontento puede recurrir a la Corte Suprema.
La pelea es de proporciones. Según SQM, los productos que vienen del Salar de Atacama representan el 39% de sus ventas totales, que llegaron en 2014 a US$ 2.014 millones. Corfo, en tanto, estima que esta porción es mayor, de entre 60% y 75% de los ingresos. En el mercado calculan que un cambio en el contrato de explotación del Salar de Atacama afectaría entre 45% a 50% de la facturación global de la minera no metálica.
Corfo tiene como asesores legales externos a Ignacio Vargas y Joaquín Morales y el caso es llevado por el fiscal Pablo Lagos Puccio, primo del vocero de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio, quien fue director en Pampa Calichera (controladora de SQM) en 2012 y 2013.
Y un dato anecdótico. La sociedad que SQM creó para explotar la zona arrendada a Corfo es SQM Salar, la misma firma a través de la cual la minera realizó pagos a Giorgio Martelli, el encargado financiero de la campaña presidencial de Michelle Bachelet.
Contraloría dice que Corfo «descuidó» el contrato
Una pregunta que ronda en el mercado es cómo un contrato que tiene 29 años -la primera versión viene de 1986- está siendo cuestionado solo ahora. «Los gobiernos de la Concertación no vigilaron el cumplimiento del contrato. No se sabe si por desinterés o interés», dice un profesional ligado al Ministerio de Economía.
La mano cambió con el Presidente Piñera. El vicepresidente de Corfo del gobierno anterior, Hernán Cheyre, solicitó a la minera aclaraciones en materias técnicas, legales y económicas, y pidió verificar los pagos del contrato. Tras una primera revisión, Corfo detectó diferencias en los criterios del pago de arriendo y en diciembre de 2013 acordaron un arbitraje, a cargo de Héctor Humeres.
Ese mismo año, los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, José Antonio Gómez y Alejandro Navarro pidieron a la Contraloría que revisara el contrato con SQM Salar, en parte porque habían detectado que la firma había solicitado pertenencias mineras en la misma zona alquilada a Corfo y que esta entidad no había dicho nada.
La Contraloría advirtió que «existió descuido por parte de la Corfo en la supervisión del acuerdo» ya que «recién le exigió rendición de cuentas del mandato conferido a dicha compañía en enero de 2013, en circunstancias que aquel fue otorgado en el año 1993».
Minera afirma que contrato vale US$ 6 mil millones
El caso complica a la minera. Según profesionales ligados al controlador de SQM, si Corfo quiere terminar con el contrato por el Salar de Atacama debe indemnizar a la minera no metálica con US$ 6 mil millones. Esta cifra se obtiene al proyectar las ventas de productos provenientes de la zona en disputa de aquí al 2030, que es cuando se vence el acuerdo.
Además, cercanos a Julio Ponce advierten que el Estado de Chile abriría un conflicto con los otros accionistas extranjeros de SQM, como Potash Corp y el Bank of America.
La canadiense Potash Corp tiene un 33,75% de la propiedad y BofA -en representación de los tenedores de ADRs- otro 23,25%. «Eso es comprarse un conflicto con los inversionistas de Canadá y Estados Unidos», comentan en el círculo cercano al controlador de SQM.
En SQM dicen que son 15 mil personas las que dependen de la explotación del Salar de Atacama. Pero el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, hizo ver que en ningún caso estos empleos se van a perder porque «las ventajas naturales del Salar garantizan un enorme interés de empresas nacionales e internacionales, lo que asegura su viabilidad y las fuentes laborales».
La oportuna visita del CEO de una competidora de SQM, Rockwood
La segunda semana de julio llega a Chile el máximo ejecutivo de Rockwood Lithium, Luke Kissam, la empresa norteamericana que opera otra parte del Salar de Atacama y que como muchos otros en el mercado, está interesada en ampliar su presencia en el área. Oficialmente viene a revisar las operaciones y firmar un acuerdo de investigación con el Instituto de Innovación de la UC.
Pero en el mercado se sabe que tendrá reuniones con el Gobierno porque esta compañía tiene interés en expandir su operación en Chile.
El interés de Corfo es crear un comité para que se licite la explotación del litio y el potasio. En el primer negocio, los actores son más bien acotados: el grupo Errázuriz, la australiana Talison Lithium y otros operadores. Pero en potasio la cuestión cambia y hay más interés.
Las polémicas transacciones entre la minera y Kowa
Fue decisiva en inclinar la balanza a favor de Julio Ponce en su pelea con Potash Corp por el control de SQM. La japonesa Kowa, que tiene poco más del 2% de la minera no metálica, selló hace siete años un pacto de actuación conjunta con Pampa Calichera -una de las sociedades por las que Ponce controla la firma- justo cuando la artillería de la canadiense amenazaba seriamente con arrebatar el control de SQM.
Hoy Kowa también tiene un papel importante en la disputa con Corfo. Cuando la corporación estatal realizó la primera revisión del contrato en 2013, se detectó que las transacciones entre SQM Salar y Kowa eran declaradas por la arrendataria como transacciones con «no relacionadas», lo que implicaba una menor recaudación para Corfo. Cuando se les representó este «error», las firmas accedieron a reconocer estas ventas como transacciones con una relacionada.
Según Corfo, la información reportada a la autoridad de Valores de Estados Unidos, la Securities Exchange Comission (SEC), señala que hay ventas a Kowa de productos de litio por más de US$ 30 millones por año.
«En resumen: SQM ha vendido cerca de US$ 200 millones a través de Kowa a precios inferiores a los de mercado», dicen en la entidad estatal.
Firma de Ponce paga arriendo fijo de US$ 15 mil trimestrales además de un porcentaje por ventas
Desde los 70 Julio Ponce sabía del potencial del Salar de Atacama. En ese entonces el ingeniero forestal y en esos años yerno de Augusto Pinochet, era miembro del Comité de Sales Mixtas de la Corfo y luego llegó a ser gerente general de la entidad de fomento. Cuando a mediados de los años 80 ya había asumido como vicepresidente de Soquimich, se firmó el primer contrato relativo a la explotación de los recursos fiscales del depósito salino.
El pacto de 1986 fue acordado entre Corfo, la estadounidense Amax Exploration y Molymet, que en conjunto crearon la sociedad Minera Salar de Atacama (Minsal). En ella Amax tenía el 63,75%, Corfo un 25% y Molymet un 11,25%. Además de formar esta sociedad, poco después el fisco -a través de Corfo- le alquiló a la Minera Salar de Atacama las propiedades mineras en la zona.
La arquitectura del negocio cambia radicalmente en 1992, cuando tanto Amax como Molymet le venden su parte a una filial de Soquimich, SQM Potasio. Entonces el presidente de Soquimich era Julio Ponce.
A raíz de esto, en 1993, cuando Corfo era dirigida por René Abeliuk y el ministro de Economía y presidente de la Corporación de Fomento era Enrique Marshall, se firmó un nuevo acuerdo que dejó sin efecto el anterior. La vigencia del nuevo pacto es hasta el 31 de diciembre de 2030, y determina como precio de arriendo un importe fijo de US$ 15 mil al trimestre y una renta variable según el porcentaje de las ventas.
«Un contrato muy naif , con precios que no son de mercado», detalla un asesor del Gobierno. Según conocedores del texto, el acuerdo es poco atractivo para Corfo porque se suponía que originalmente la corporación estatal era socia del proyecto y por lo tanto, estaba sentada en los dos lados de la mesa, como arrendador del terreno y como parte de la firma que lo explotaba. «Pero en 1992 eso cambió y el espíritu del contrato se mantuvo igual que en 1986», señala un experto.