(Diario Financiero) El proyecto de ley de fortalecimiento de las regiones avanza a paso firme en el parlamento, y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara, luego de que la presidenta Michelle Bachelet ingresara indicaciones sustitutivas en enero pasado.

Mientras ese debate continúa, el gobierno se propone avanzar en paralelo en un punto específico del proyecto: el ordenamiento territorial.

La idea de la actual administración no es sólo trabajar en el tema específico de la obligatoriedad del plan regional de ordenamiento territorial -que incluye la agenda de descentralización-, sino más bien crear uno de carácter nacional. A este último se adecuarán luego los gobiernos regionales a la hora de aplicar sus propias políticas y también será fundamental a la hora de analizar proyectos de inversión que, por su magnitud, consideran a más de una región.

En esa línea, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, adelantó que este viernes se comenzará a tratar el tema a nivel interministerial, en el marco de sesión del Comité de Ciudad, Vivienda y Territorio en Arica, y que contará además con la asistencia de los ministros de Vivienda, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y Medio Ambiente, entre otros.

El personero también reveló que se espera que dentro de estos días se firme el decreto supremo que permita constituir el equipo responsable de elaborar este plan nacional -que será liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo- y definir una comisión técnica de apoyo al mismo. Esta instancia espera escuchar a todos los sectores con el fin de crear un programa «armonioso».

La intención es que en la creación de este marco, además de expertos, tome en cuenta la visión de todos los actores involucrados, incluyendo organizaciones ciudadanas y empresariales.

La comisión a cargo estará conformada por doce ministerios, entre ellos Vivienda, Energía, Obras Públicas y Medio Ambiente, es decir, todas las carteras que tengan algún impacto sobre el territorio. «Consideraremos en esa política todos los impactos probables que una inversión va a tener en el territorio», declaró Cifuentes.

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El subsecretario señaló que lo que se busca con esto es establecer criterios homogenos, de manera tal que «un empresario sienta que no hay diferencias ostensibles dentro de los criterios que se aplican en una región y los que se aplican en otra».

Y para eso, recalca, primero se necesita una política nacional que establezca los criterios fundamentales sobre los cuales los gobiernos regionales «puedan actuar después».

Lo dice el proyecto

El punto cuatro de las indicaciones sustitutivas que ingresaron en enero al proyecto de fortalecimiento regional, trata el tema específico del ordenamiento territorial.

En dicho apartado se precisa que el plan contendrá un diagnóstico con las características, tendencias y potencialidades del territorio regional, orientando a su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macrozonificación territorial.

Según detalla la iniciativa, el plan regional de ordenamiento territorial será elaborado por el mismo gobierno regional, incluyendo el trámite de consulta pública. Debe ser aprobado por el consejo, previo informe de las secretarías regionales ministeriales competentes y su cumplimiento será obligatorio para ministerios, servicios públicos y municipalidades.

Lo anterior ha generado inquietud en el mundo privado, ya que algunos gremios han señalado que este ordenamiento podría dificultar el desarrollo de proyectos de carácter energético, por ejemplo, por la falta de conciliación entre el desarrollo que defina el gobierno regional y el requerido por el país.

¿Otros puntos sensibles para el empresariado? De aprobarse el proyecto, los gobiernos regionales serán los encargados de disponer las áreas de protección de recursos naturales y del patrimonio pasajístico, entre otras materias.

Subsecretario de Desarrollo Regional responde a privados: «Queremos que el empresario sienta que hay una ruta bien clara»

Frente a las inquietudes que han surgido en materia de ordenamiento territorial por parte del mundo privado, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, entrega una respuesta clara: con el plan nacional se pretende, entre otros objetivos, dar claridad y transparencia al sector privado, a través de un programa creado con la participación de todos los actores.

«Lo que buscamos es establecer un orden que nos permita transparentar la toma de decisiones», destaca el subsecretario. Así, se intenta terminar con los casos de empresas que, independiente del sector, deciden hacer un proyecto, pasan por años de estudio y en la recta final, reciben una negativa.

Situaciones como estas no son desconocidas en Chile. En 2010, el entonces presidente Sebastián Piñera solicitó la relocalización del proyecto termoeléctrico Barrancones, pese a que este contaba con la aprobación de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) local.

«Esa termoeléctrica había gastado tres años de estudio y nadie fue capaz de decirle antes ‘oiga señor, aquí no’. Entonces, perdió plata, perdió tiempo y lo que necesitamos es transparentar eso. Decir ‘mire, las empresas de energía van a tener que cumplir estos estándares, pero además se van a poder localizar en tales lugares’, y eso da claridad, transparencia para el sector privado», plantea.

La autoridad recalca que esto se busca hacer de manera seria, de acuerdo a los criterios técnicos correspondientes y siguiendo estándares internacionales, que garanticen que se harán inversiones sostenibles tanto a nivel ambiental como económico, «pero también buscamos que el empresario sienta que hay un camino y una ruta bien clara, que es consistente y que si él la sigue, no puede sino llegar a tener éxito».

«Para nosotros el proceso de descentralización implica mayores facultades de los gobiernos regionales, mayores responsabilidades, pero también un Estado más ordenado, que sea capaz de tomar decisiones y que no deje al simple juego de la iniciativa privada -por muy legítima que sea-, algunas decisiones que escapan al ámbito privado y son más bien del ámbito público», complementa.

En ese sentido, la autoridad hace espacio a la autocrítica, pues asume que en materia de ordenamiento territorial se ha observado más bien «una especie de desorden, donde cada uno hace lo que quiere», tanto a nivel público como privado. «Lo que buscamos es un marco de acuerdo que sea algo consensuado, discutido, estudiado, con opinión de especialistas muy formado en áreas específicas, y que cuando tengamos ese marco, digamos ahora sí podemos hacer las cosas con un cierto orden y certezas», concluyó.