(Diario Financiero) Con el camino despejado. Así tanto en La Moneda como en la Nueva Mayoría querían que la presidenta Michelle Bachelet llegara a su segunda cuenta pública ante el Congreso Pleno. El cambio de gabinete fue el primer tanque de oxígeno que, para muchos en la NM, resultaba imperioso con el fin de descomprimir el turbulento ambiente que se había instalado en el oficialismo. Luego, este lunes, se apagó el incendio del Servicio de Impuestos Internos (SII) con una «decisión de gobierno» como dijo escuetamente la misma mandataria tras pedirle la renuncia a su ex director, Michel Jorratt. Bajo ese escenario, en el comité político del lunes una de las premisas centrales que tuvo la reunión fue que era necesario que Bachelet arribara el jueves a Valparaíso con «la pista despejada».

Así los presidentes de partido aprovecharon esa instancia para transmitirle a la Presidenta, por medio de sus ministros, las prioridades que ellos veían necesarias de exponer en el discurso. Se trataba de la única oportunidad que tendrían los timoneles de jugar sus últimas cartas, pues la mandataria ya se encuentra desde ayer junto a un reducido grupo de asesores en Cerro Castillo para afinar los últimos detalles del discurso que entregará y que tendría una duración aproximada de 1:45 minutos.

En esta ocasión -a diferencia de la cuenta del año pasado que como todo primer discurso presidencial es más bien el lineamiento de una hoja de ruta- la Presidenta tendrá que rendir cuenta sobre lo ejecutado.

De ahí -dicen en Palacio- que ayer martes la mandataria apresurara la concreción de algunos compromisos como, por ejemplo, el envío de una reforma constitucional para brindarle autonomía al Servicio Electoral (Servel), uno de los pilares de las reformas de la agenda de probidad y transparencia que anunció hace algunas semanas, en cadena naciona. Además, ayer se firmó el proyecto de ley que modifica las normas sobre dotación de funcionarios municipales, una demanda que hace años venían esperando los funcionarios de dicho sector y que se coronó con una masiva ceremonia efectuada en el patio de los cañones con alcaldes de gran parte del país. Así también, otro proyecto que tuvo que ser apresurado en su tramitación fue la «Ley Ricarte Soto», que para La Moneda tendría un alto impacto público anunciar su pleno cumplimiento.

Las reformas estructurales

El año pasado la Presidenta dedicó parte importante de su discurso a dos de las reformas estructurales que se planteaban en su programa: la educacional y la tributaria. Ambas se encontraban en plena gestación y concentraban la mayor atención. Poco espacio hubo para la reforma constitucional y menos aún para la laboral. Este año las expectativas estarán centradas en estas dos últimas y, sobre todo, en las precisiones que se les están solicitando haga en torno al anunciado «proceso constituyente», en donde aún no se confirma desde Palacio si existirá o no una aclaración más en detalle de los alcances que éste tendría, y si se abre o no la opción de una Asamblea Constituyente.

En el tema laboral también han surgido algunas dudas, tanto en los sectores más de izquierda como de centro de la NM, respecto a cómo seguirá el proceso con el arribo de nuevos ministros al gabinete, y si ello traerá algún tipo de freno a la reforma. Desde el PC mirarán con bastante atención lo que la Presidenta exponga al respecto, pues es un área que los involucra directamente por su cercanía con la CUT. En tanto que en la educacional, los sectores estudiantiles esperarán que se den señales de cómo avanzará el proceso, que dada la coyuntura, y como en el mismo gobierno han reconocido, debió sufrir «un pequeño break».

En líneas generales en la NM esperan que Bachelet de una señal clara de cómo seguirá el ritmo de su gobierno y si habrá o no algún tipo de giro hacia algún lado con su nueva configuración.

Los ejes de su primer discurso ante el Congreso

«Traigo conmigo una gran responsabilidad: conducir al país por el camino que representa el anhelo tan legítimo de tantos chilenos y chilenas de vivir en un lugar mejor, con menos desigualdad, más oportunidades y con mayor calidad de vida», así comenzó la alocución de la mandataria el pasado 21 de mayo. El escenario era otro, no habían estallado ninguno de los casos de corrupción que hoy se conocen y las encuestas eran más favorables. Esa vez, Bachelet enfatizó que su gobierno venía a hacer eco de las nuevas demandas de la sociedad chilena, que se expresaban en su programa por medio de las llamadas reformas estructurales.

En términos de anuncios destacaron la creación de una AFP estatal, volver a recuperar el agua como un «bien público», la despenalización del aborto en casos especiales, la creación de un nuevo fondo nacional de medicamentos, la revisión de la ley de pesca, la capitalización de Enap, Codelco y Banco Estado, entre otras materias. Además, anunció la creación de nuevos estadios de fútbol y un plan nacional de tenencia responsable de mascotas.

Bachelet en aquella oportunidad ahondó en las llamadas 50 medidas para los primeros cien días, y los ítems que tuvieron más espacio en su discurso fueron educación, economía, vivienda, salud, trabajo y desarrollo social, por orden de los minutos que les dedicó. La mandataria terminó volviendo a insistir que su compromiso era trabajar «para que todos y todas tengamos una vida mejor, donde la igualdad de oportunidades, el emprendimiento y el premio al mérito sean una realidad».