Para analizar el trabajo realizado por los organismos fiscalizadores, la Comisión Investigadora de los problemas ambientales de la Región de Antofagasta, citó al Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz y al Jefe Regional (s) de la Superintendencia de Medio Ambiente, para analizar la fiscalización que el organismo ha realizado a las empresas involucradas en la contaminación de metales pesados.
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El Superintendente de Medio Ambiente presentó ante los diputados de la Comisión la labor realizada por el organismo en materia medioambiental, refiriéndose al trabajo efectuado por los fiscalizadores y detalló las medidas que la entidad ha tomado para sancionar a las empresas involucradas en esta problemática.
“Hoy hemos puesto a disposición de la Comisión Investigadora una serie de antecedentes respecto a la fiscalización que hemos hecho en estos nueve meses, en especial con la operación de la empresa ATI en el Puerto de Antofagasta, las medidas que hemos dictado, los procedimientos sancionatorios que hemos iniciado y las detenciones que hemos realizado para combatir los problemas que acongojan a los ciudadanos de la Región”, recalcó el Superintendente, según consigna la nota publicada en el portal de la Cámara Baja.
Refiriéndose a las empresas sancionadas, sostuvo que tanto el galpón SAG como el de ATI recibieron una sanción de clausura de 30 días en su funcionamiento, según lo dictó el Tribunal Ambiental.
Respecto de los antecedentes entregados por el Superintendente, los diputados que conforman la comisión se mostraron inconformes con la fiscalización y las medidas adoptadas por parte del organismo a cargo, por lo que manifestaron su descontento, argumentando que la presentación solo se refiere a lo que ocurre dentro de los galpones mencionados anteriormente, y no alude a las medidas tomadas en función de la situación actual de la región. Asimismo, manifestaron que habría una debilidad en las medidas de corrección y posteriores sanciones aplicadas.
Concentrado de cobre
Durante la sesión los diputados consultaron al Superintendente sobre el traslado de concentrado de cobre que las empresas mineras realizan en la región.
Al respecto, el Superintendente argumentó que dichas empresas se rigen por la normativa, punto sobre el cual los legisladores discreparon, demostrando con antecedentes previos que al menos la empresa minera Sierra Gorda no cumple con lo establecido dentro del marco legal, según consigna la nota.