(La Tercera) Satisfecho con el trabajo que ha realizado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) está su titular, el abogado de la Universidad de Chile Cristián Franz. El organismo más joven del Estado comenzó a operar hace dos años y ya en este poco tiempo enfrenta el mayor cuestionamiento al proceso sancionatorio más emblemático que ha impulsado desde su puesta en marcha: la sanción que en mayo de 2013 emitió en contra del proyecto minero Pascua Lama, de propiedad de la canadiense Barrick Gold.

En marzo del año pasado, el Tribunal Ambiental echó por tierra el trabajo del naciente equipo fiscalizador de la entidad y acusó vicios de ilegalidad en el proceso, revocando la sanción, incluida la millonaria multa de US$ 16,5 millones que se le aplicó hace dos años a la minera, por una serie de incumplimientos ambientales que se agruparon en una sola falta.

Esta semana, el proceso contra el proyecto minero de Barrick inició una nueva fase, donde la SMA debe subsanar los errores del proceso anterior y cumplir con el nuevo estándar que le impuso al Tribunal Ambiental. A esto se suma la apertura de nuevas formulaciones de cargos contra el yacimiento por incumplimientos ambientales, distintos a los detectados en las sanciones de 2013, todo en un contexto de cambios en la superintendencia. Franz se encuentra reestructurando la SMA, trabajando en una mejor coordinación del trabajo de los 140 empleados del organismo y diseñando nuevos protocolos de fiscalización.

“La resolución del Tribunal Ambiental le pegó muy fuerte a la SMA y nos obligó a poner atención, porque el Tribunal Ambiental ha puesto un estándar muy elevado a nuestro trabajo”, afirma el personero.

Pero el abogado también se ha enfocado en mejorar la relación del organismo con las empresas, las que han cuestionado su actuar luego de los traspiés que ha enfrentado en el Tribunal Ambiental. Además de Pascua Lama, la SMA también pidió el cierre de Ventanas, de Codelco, lo que fue negado por el tribunal.

Franz se ha reunido con la Sofofa, la Sonami y el Consejo Minero, ocasión en que ha transmitido el mismo mensaje: en el corazón de la entidad no está pasar multas de manera irracional, sino que se cumpla la normativa ambiental. En su opinión, es necesario un cambio cultural por parte de las empresas y eso se logrará sólo con los años, cuando Chile logre niveles de incumplimiento ambiental semejantes a los países Ocde, de 15% a 20%. Hoy está lejos de ese estándar, pues llega al 67%.

¿Cuáles son los reparos que plantea el fallo del Tribunal Ambiental?

La resolución sancionatoria de Pascua Lama de mayo de 2013 recibió del Tribunal Ambiental un severo reproche de legalidad. Se nos dijo que la resolución carecía de motivación y que la aplicación del concurso infraccional a los incumplimientos ambientales, que es la acumulación de las infracciones, no correspondía, porque es una materia que existe en el derecho penal, pero no corresponde exportar livianamente al ámbito del derecho administrativo sancionatorio. Además, se dice que la SMA no se pronunció respecto de solicitudes realizadas por algunos demandantes que tenían calidad de interesados y tampoco se les concedió el medio de prueba que realizaron, pese a tener legitimidad. Se nos dijo también que hay que recalificar las infracciones y recalificar el incumplimiento a las medidas, porque, a juicio del tribunal, ellos deben ser “gravísimos” y no “graves”, como se estimó en su momento. Tampoco se consideraron todos los antecedentes asociados con la conducta anterior de la empresa, dado que la compañía había sido sancionada con anterioridad por otros servicios, como la DGA y Sernageomin. Finalmente, se nos indicó que no se analizó la afectación a la calidad de las aguas o el riesgo que esto puede tener para la población. ¿Cómo pretende reabrir el proceso?

Queremos hacernos cargo de todo esto. De alguna forma, el fallo del Tribunal Ambiental nos fija una condición de borde. Nos dice que tenemos que desarrollar los procesos sancionatorios de acuerdo a estos criterios y a estos elementos esenciales que no pueden faltar.

¿Esos errores se podrían atribuir a la inexperiencia de la entonces naciente SMA?

No me atrevería a calificar las razones por las cuales se generó esa resolución. La resolución del Tribunal Ambiental le pegó muy fuerte a la SMA y nos obligó a poner atención, porque el Tribunal Ambiental ha puesto un estándar muy elevado a nuestro trabajo. Por eso, la instrucción que he dado es aspirar al más alto estándar de calidad posible. Hoy, el objetivo es apuntar a un trabajo de excelencia y de calidad.

¿Qué cambios ha impulsado para cumplir esa instrucción?

En el área de fiscalización, tenemos que caracterizarnos por ser una institución que funda sus decisiones en procedimientos de calificación objetivos y robustos. No podemos dejar ningún elemento al azar cuando vamos a terreno. Por eso, preparamos nuestras inspecciones con anticipación, nos coordinamos con los organismos sectoriales que nos acompañan a hacer las visitas y definimos tareas previamente. Toda esa estructura cambió, porque antes se iba y se fiscalizaba cualquier cosa. En el área de sanciones, les dije que todos queremos llegar a la casa a dormir tranquilos. Entonces, para que no vuelva a pasar esto que le ocurrió a la SMA, donde se generó una resolución y el Tribunal Ambiental la tiró por la cabeza y nos dijo que era ilegal, vamos a generar procesos sancionatorios que estamos seguros que los podemos defender en ese tribunal y en cualquier otro.

¿Hoy existe esa seguridad?

Hay que apuntar a la calidad en las resoluciones. De hecho, cuando llegan resoluciones a mi oficina para despacharlas y las leo, si no quedo convencido de que eso lo puedo ir a defender personalmente ante el Tribunal Ambiental no lo firmo. A eso me refiero con entregar certeza a la gente con el trabajo que se está haciendo.

Espaldarazo

¿La resolución que emitió el Tribunal Ambiental a favor de la sanción que impusieron a Endesa por Bocamina II es el espaldarazo que necesitaban para reforzar la confianza?

El fallo de tribunal de Valdivia fue un espaldarazo. Confirma que estamos haciendo las cosas bien. Pero tenemos otras situaciones que nos apoyan, como la multa que le impusimos a la mina El Soldado, de Anglo American, que fueron US$ 5 millones y la pagaron, y que Caserones pagara una multa de US$ 12 millones que le cursamos en abril. ¿De qué habla todo esto? Habla de que los titulares de los proyectos no sólo reconocen los incumplimientos, sino que ven que no vale la pena ir a un tribunal cuando las resoluciones tienen fundamentos técnicos bien argumentados.

¿Eso lo deja más tranquilo en cuanto al trabajo realizado?

Del punto de vista de la calidad de nuestro trabajo me siento muy tranquilo. Ha habido una diferencia con el trabajo previo de la SMA y eso lo he podido comprobar en distintos espacios, donde converso con titulares de los proyectos. Me han invitado varios gremios a mostrar lo que estamos haciendo, como la Sofofa, la Sonami o el Consejo Minero.

¿Se está recomponiendo la relación entre la SMA y los privados?

No sé cómo era la relación antes. Yo tengo una relación muy cordial. En cada oportunidad les manifiesto que no nos interesa estar pasando multas por la vida. Lo que nos interesa es que en Chile se cumpla la normativa ambiental; ese es el objetivo que está en el corazón de nuestro actuar. Entonces, si la sanción es una herramienta que nos permite modificar culturalmente los titulares de los proyectos y avanzar en ese cumplimiento, la vamos a usar y la estamos usando. Pero tengo claro que el cumplimiento ambiental no se agota en el establecimiento de una sanción. Lo que tiene que operar es un cambio cultural en los actores del mercado y en la forma en que realizan sus proyectos. Esto no es menor si tomamos en cuenta que en Chile hay 15 mil resoluciones de calificación ambiental.

¿Cuándo se puede generar ese cambio cultural?

Hace 10 años, la Ocde le dijo a Chile que si se quería unir a este grupo selecto, su institucional ambiental tiene que ser modificada y separar el brazo fiscalizador del que aprueba el proyecto, y tener un tercer actor que genere las políticas, que es el Ministerio del Medio Ambiente. Hoy tenemos una institucionalidad que cumple con ese estándar. Puede ser precaria y con pocos recursos aún, pero estamos en eso. El desafío es que al otro lado de la mesa tengamos titulares de proyectos que también cumplan los estándares Ocde en materia de gestión ambiental de proyectos.

¿Las empresas le han manifestado la necesidad de cambiar ese estatus?

Lo he sentido. He tenido conversaciones muy francas con ellos. Saben que tienen problemas. Saben que el estándar en materia ambiental es más bien bajo y reconocen la importancia de avanzar lo más rápido y consistentemente posible en superar esa condición. Lo que va a pasar es que habrá una curva donde van a ocurrir tres cosas: primero, la SMA va a crecer y se va a consolidar, porque en tres años más tendremos oficinas en todo Chile y se va a duplicar su personal, de 140 a 300 empleados en 2018. Es un proceso irreversible, donde la calidad y la cantidad de la fiscalización sólo puede aumentar. Esto ya lo hemos hablado con las empresas. Acá, las reglas cambiaron y las empresas tienen un escenario diferente. Luego, va a ocurrir que la curva de las sanciones va a ir creciendo en algunos años más y va a alcanzar un peak y en algún minuto va a empezar a operar el cambio en la conducta. Por tanto, y tercero, esa curva va a empezar a descender hasta estabilizarse en un nivel de cumplimiento como el de los países Ocde, de entre 15% 20% de incumplimiento. El nivel de incumplimiento de Chile hoy es 67%.

Pascua Lama

Usted mencionó que habrá nuevos procesos en contra de Pascua Lama. ¿Hay un equipo especial a cargo?

La fiscal instructora Camila Martínez tiene dedicación exclusiva a Pascua Lama, porque tenemos dos procedimientos en forma paralela y, además, por tratarse de Pascua Lama, que es un proyecto significativo para la SMA por la historia que tiene con nosotros. También, porque tenemos que hacernos cargo del fallo que nos dio el tribunal y debemos hacerlo en un corto tiempo.

¿Cuánto tiempo tomará este nuevo proceso sancionatorio?

Para el caso de Pascua Lama 1, quisiéramos tener una resolución de reemplazo hacia julio o más tardar agosto de este año. Respecto de la nueva formulación de cargos, tenemos plazos de tramitación que hoy están en el orden de los seis meses. Por lo tanto, con la formulación de cargos que hacemos ahora, a fines de abril, deberíamos ser capaces de llegar a una resolución sancionatoria a fines de octubre.

¿La revocación de la resolución de calificación ambiental (RCA) tiene más peso hoy?

Si la pregunta es si hay un empeoramiento de la situación de Pascua Lama en este nuevo proceso, claro que lo hay, porque hay que considerar que uno de los criterios que establece el artículo 40 de nuestra ley dice que para definir la sanción hay que tomar en cuenta la conducta anterior del infractor. Entonces, cuando se tiene un proceso sancionatorio previo y que terminó en una sanción y procedimientos anteriores de sanción, hay que considerar la conducta previa del infractor, que en el caso de Pascua Lama, por decirlo de alguna forma, tiene los papeles manchados.

¿Por los incumplimientos de Barrick se puede pensar que el reconocimiento de errores por parte de la empresa no es tal?

Para no personalizar en Barrick, creo que las causas del incumplimiento es multifactorial. Los titulares de proyectos no han sopesado la importancia de cumplir con la normativa. Esto puede ser, tal vez, porque teníamos una institucionalidad débil. Ponerse al día y cambiar el chip les va a tomar tiempo, porque no estaban acostumbrados a que la institucionalidad los fiscalizara, los multara o incluso les revocara la RCA. Eso antes no existía y acostumbrase llevará tiempo.