(La Tercera) El estudio legal Robbins Geller Rudman & Dowd presentó el 14 de abril una nueva demanda colectiva contra SQM en Estados Unidos, que abarca un plazo más amplio de compra de acciones (ADS en Estados Unidos) que las anteriores presentaciones de otros estudios de abogados.
La primera acción, interpuesta por el estudio Howard G. Smith en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en representación de inversionistas de la minera no metálica, consideró a quienes hubieran comprado acciones entre el 4 de marzo 2014 y el 17 de marzo de 2015. En la nueva presentación, sin embargo, se consideran las inversiones efectuadas entre el 30 de junio de 2010 y el 17 de marzo de 2015, ampliando de esta forma el plazo en cuatro años.
La demanda de Robbins Geller Rudman & Dowd acusa a SQM y algunos de sus ejecutivos y/o directores de violar la Ley de Valores de 1934.
Según la demanda, a lo largo del periodo definido, los acusados hicieron declaraciones materialmente falsas y engañosas y/o no revelaron que 1) el dinero de SQM era canalizado ilegalmente a campañas electorales de políticos y partidos chilenos desde 2009; 2) SQM presentó boletas o facturas falsas por millones de dólares a las autoridades chilenas para esconder pagos de sobornos desde al menos 2009 hasta el año fiscal 2014; 3) la empresa carecía de controles internos adecuados sobre su información financiera y 4) como resultado, los estados financieros de la empresa eran materialmente falsos y engañosos durante el periodo relevante.
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El precio de los ADS de SQM fue inflado artificialmente durante el plazo considerado, llegando a un máximo de US$ 66 en julio de 2011, dijo el estudio.
En tanto, en Chile los directores de SQM se preparan para celebrar un directorio clave el martes 21, donde analizarán la continuidad de varios de sus miembros, entre ellos, Julio Ponce, el presidente de la mesa y controlador de la compañía, quien ha sido cuestionado por otros accionistas como Potash Corp (PCS), minera canadiense que posee el 32% de la firma y derecho a tres directores.
Los representantes de PCS, Wayne Brownlee, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre, renunciaron a la mesa de SQM el 16 de marzo y su reintegro aún no ha sido definido por la canadiense, que espera gestos concretos de parte de Ponce que aseguren la transparencia del gobierno corporativo de la minera no metálica.