(Pulso) Tras la serie de demandas presentadas por accionistas de SQM en el Southern District de Nueva York, y un eventual monitoreo de la US Securities and Exchange Commission (SEC), en territorio nacional se abrió un nuevo flanco en el caso que investiga el fiscal nacional, Sabas Chahuán; un flanco que incluso podría conllevar nuevas imputaciones a ejecutivos de la minera no metalica y en paralelo una eventual investigación administrativa por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Se trata de eventuales vulneraciones a la Ley del Mercado de Valores (LMV), pero particularmente en lo que dice relación con la entrega de información maliciosamente falsa al mercado, enfoque que está siendo monitoreado.

Según conocedores del caso, si se demostrara una inconcordancia entre los reportes contables de la empresa contenidos en los Estados Financieros enviados a la SVS, con los que realmente se generaron, podría configurarse este tipo penal que responsabiliza a quienes proporcionen o certifiquen información falsa al mercado.

Según fuentes conocedoras, en la Ley del Mercado de Valores no sólo se persigue la responsabilidad de la administración de la compañía, sino que también se podría investigar a directores, administradores, gerentes de un emisor de valores de oferta pública o bien a las auditoras externas que certificaron los Estados Financieros.

“Se debe analizar si es que hubo un error y se actuó de buena fe o bien si existió responsabilidad tributaria que a la postre generó estados de resultados falsos. Ahí se debe definir si la responsabilidad viene desde la interna y si hubo responsabilidad en las auditorías externas. Otro elemento que se debe determinar, y que está en la Ley de Sociedades Anónimas, es si la administración de la compañía destinó fondos para campañas políticas sin la aprobación del directorio. Ahí también existiría un tema complejo a investigar”, explica un destacado abogado que pidió mantener su nombre en reserva.

Así las cosas, no sólo la Fiscalía y la SVS monitorean el caso: las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), como Cuprum, que solicitó explícitamente a la entidad liderada por Carlos Pavez investigar el caso. También los querellantes que han litigado en cada etapa del extenso proceso Penta-SQM se encuentran monitoreando este flanco en la bullada investigación.

“En el marco de la LMV, la entrega de información maliciosamente falsa al mercado es algo que se debe investigar (…). Además, creemos que, eventualmente, más adelante se deberá citar a declarar a las auditoras externas de las empresas vinculadas al caso para obtener información. La idea es que el Ministerio Público tenga las herramientas para investigar”, comenta Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente.

Alerta externa

Las primeras llamadas de alerta sobre una eventual entrega de información falsa al mercado vinieron desde EEUU: el estudio Pomerantz LLP presentó una demanda colectiva acusando de dicha irregularidad a Patricio Contesse González, Patricio De Solminihac y Ricardo Ramos.

“Los estados financieros de la compañía fueron materialmente falsos y engañosos en todos los períodos relevantes”, se señala. Adicionalmente, en la demanda se expresa que “la compañía carecía de controles internos adecuados sobre la entrega de reportes financieros”.

El documento agrega que, “como resultado de los actos ilegales y omisiones de los demandados, y la precipitada disminución en el valor de mercado de valores, los demandantes y otra clase de miembros de la compañía han sufrido significativas pérdidas y daños”. Además de la demanda colectiva presentada por Pomerantz LLP, en paralelo otro estudio de abogados, Peiffer Rosca Wolf, en Ohio, trabaja en acciones legales del mismo tipo.

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