(Pulso) La investigación que lleva adelante la fiscalía no sólo está generando coletazos en el mundo político, sino que de paso podría desatar lo que el caso Cascada no logró: reconfigurar la estructura societaria al interior de SQM.
La salida de los representantes de Potash Corporation (PCS) del directorio generó un quiebre al interior de la mesa, reviviendo la disputa que durante más de una década Julio Ponce ha mantenido con los canadienses.
De hecho, tras conocerse la noticia se le abrió el apetito a eternos competidores de la industria. El máximo responsable ejecutivo de Israel Chemicals (ICL), Stefan Borgas, dijo en relación a un eventual ingreso a la propiedad en SQM que “es un paso muy grande, pero estoy seguro de que lo evaluaremos”. Agregó que “SQM es una compañía de buena calidad, por lo menos en términos de sus activos”, y que la adquisición total o parcial sería “muy adecuada”.
La declaración se produjo justo en momentos en que además de anunciar la renuncia de sus directores, PCS aclaraba que no pensaba vender el 32% que mantiene en Soqui. Sin embargo, en el mercado explican que ninguno de los dichos parecen fortuitos, y que de hecho las tres compañías se conocen entre sí.
PCS es el segundo mayor accionista en ICL, y a la vez la primera compró en 2004 el 8,4% que la segunda tenía en SQM. Fue justamente dicha transacción la que desató la guerra entre Potash y Ponce por el control de la mayor minera no metálica.
Años de disputas que entre 2006 y 2007 implicaron OPA y contra OPA de lado y lado, pero que finalmente se zanjó a favor de Ponce luego de alcanzar un pacto de accionistas con la firma japonesa Kowa, que le permitía tener el control al sumar el 2,3% de participación que mantienen estos últimos.
No obstante a este pacto, la compañía se encuentra estudiando el escenario actual, y de tomar cualquier decisión podría cambiar el escenario para Ponce. Consultados por Pulso, desde Kowa afirmaron que “hemos estado mirando las noticias”, pero que “por ahora no hay nada que podamos decir con respecto a este tema”.
Y es que la situación desencadenada por la investigación de financiamiento irregular de la política está empezando a afectar a SQM. En lo que va del mes la serie B ha perdido 23,02%, a la vez que en EEUU ya se presentaron demandas por parte de inversionistas.
En tanto, en Chile las clasificadoras de riesgo están pasando la cuenta a la compañía producto del riesgo reputacional. A Feller-Rate e ICR, se sumó ayer Humphreys, entidad que redujo desde “Categoría A” a “Categoría A-” los títulos del bono securitizado que se generó a partir del bono emitido por Pampa Calichera en 2007.
La clasificadora argumentó que la modificación “obedece a las serias circunstancias que afectan a la dirección máxima de SQM y que se han traducido en la renuncia de tres directores”, y que “estos hechos no son indiferentes para el desempeño futuro de SQM y, bajo este aspecto, se ha incrementado el riesgo del emisor de los títulos accionarios entregados en caución, al margen que el bono de Calichera continúe con la obligación de mantener una relación de 3:1 entre acciones de SQM y el saldo de la deuda”.