(El Mercurio) “La primera condición es que cualquier proyecto tiene que ser aceptado por la comunidad. No podemos desarrollar un proyecto que la comunidad no quiere”. De esta forma, Valter Moro, gerente general de Endesa Chile, esbozó en una reciente entrevista con “El Mercurio”, la hoja de ruta de la compañía en su relación con las comunidades.
Endesa Chile es una de las empresas que ha hecho el click sobre la importancia del tema después de varios reveses en que la comunidad se ha movilizado contra algunos de sus proyectos más emblemáticos, como HidroAysén y, recientemente, Punta Alcalde. La empresa de capitales italianos está creando una nueva gerencia de sustentabilidad para intensificar sus relaciones con la comunidad desde el inicio de cada proyecto.
Hay otras tantas compañías, en particular del área minera y energética, que también están creando o potenciando equipos para abordar sus relaciones con el entorno.
En las empresas de comunicaciones también están reaccionando frente al nuevo escenario. El panorama se divide entre veteranos en el tema, como Tironi y Asociados, Imaginacción Consultores y Extend, y actores que se han sumado más recientemente, como Azerta, Feedback, Grupo Etcheberry y Nexos.
La contraparte, las comunidades, ya no solo desarrollan sus estrategias en la tradicional junta de vecinos, sino que cuentan con dirigentes organizados, abogados y asesores.
A futuro, el panorama de este negocio nuevamente podría cambiar. El proyecto de asociatividad que prepara el Ministerio de Energía, y que busca que las comunidades participen en el desarrollo de los proyectos energéticos, planteará nuevos desafíos.
Ya no basta con que una empresa anuncie su llegada
“Con la evaluación de que, al final, todos ganaron y perdieron un poco, ayer se firmó el acuerdo que selló el término del conflicto por el paso del gasoducto GasAndes a través de la localidad de San Alfonso, entre representantes de la firma y los habitantes de la mencionada zona. La empresa se prepara para iniciar los trabajos previos para el cruce del río Maipo”.
Así informó “El Mercurio”, el 27 de junio de 1996, la suscripción de un acuerdo entre esta empresa y la comunidad de San José de Maipo, compromiso que se alcanzó tras un largo proceso, que abarcó protestas por parte de los vecinos que rechazaban que el trazado del gasoducto que traería gas desde Argentina pasara cerca de sus casas hasta el cierre de los accesos del fundo Cascada de Las Ánimas.
Fue uno de los primeros casos chilenos en que la comunidad opuso resistencia a la materialización de un proyecto empresarial de gran envergadura y fue, además, el puntapié inicial de una actividad que, con los años, se ha convertido en una creciente industria formada por consultores, abogados y una amplia gama de expertos en materia de relación con la comunidad.
Tironi y Asociados fue una de las primeras firmas que operaron en este negocio. De hecho, nació en 1994 y fue la consultora que asesoró a GasAndes en las negociaciones con la comunidad de San José de Maipo.
“Supuso hacer un trabajo intenso en mostrar las cualidades del proyecto y construir consensos con las comunidades para el proceso de construcción”, recuerda el sociólogo Francisco Garrido, socio y director de Tironi y Asociados, quien considera que esta actividad nació en Chile con el advenimiento de la democracia, precisamente porque ese cambio de contexto hizo que las decisiones empresariales dejaran de ser privadas y comenzaran a enfrentar la demanda de la ciudadanía por transparencia y estándares de participación.
Extend también fue una de las primeras empresas en este rubro. Estuvo detrás de una campaña de iluminación de multicanchas de Chilectra en 1995, en tiempos donde entrar con las camionetas de esa compañía a algunos barrios era complejo, reconoce Pilar Velasco, directora de la firma. Por lo mismo diseñaron un proyecto inédito en esa época que trabajó sobre intereses comunes entre la empresa, los vecinos y los municipios de barrios vulnerables, cuenta.
Imaginacción Consultores, fundada en 1996 por Enrique Correa, ex ministro secretario general de gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin, es otro actor con años en la materia. El área de Comunicación Estratégica de esta firma está liderada por Claudia Miralles, ex jefe de gabinete del Ministro Oscar Landerretche, presidente de la Comisión Nacional de Energía durante la crisis energética de 1999. “Hoy no sirve pensar que un actor solo comunica a través de medios, sino que comunica en sus vínculos. ¿Qué significa? Otrora una empresa, cualquiera fuera el rubro, se instalaba, utilizaba como canal un medio de comunicación y daba por anunciada su llegada. Hoy eso es imposible”, señala Claudia Miralles.
Los actores de la industria
Desde ese momento, el mercado se ha ido poblando de actores que, con mayor o menor éxito, han operado la mayoría de los casos emblemáticos en que el desarrollo económico y los intereses de las comunidades han aparecido enfrentados. El negocio tiene más de veinte años, pero es durante la última década cuando experimenta su consolidación, de la mano de ciudadanos más empoderados y conscientes de sus derechos, la masificación de las redes sociales y una regulación claramente más exigente.
Según varios de los principales actores de esta industria, fue la promulgación por parte del Estado de Chile del Convenio 169 de la OIT en 2008 -que consagró la participación de las comunidades indígenas en proyectos que afecten directamente su entorno- que terminó por instalar la necesidad de mirar las controversias como una buena fuente de negocios.
Esto llevó a varias empresas de comunicaciones a abrir departamentos de relaciones comunitarias y, en otros casos, a formar filiales dedicadas a esta actividad. Es el caso de Entorno Social, una empresa que nació en 2014 de la alianza entre la firma de estudios de impacto ambiental SGA, de Jaime Solari -hermano del ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari- y de la socia de la empresa de asesorías comunicacionales Azerta y ex jefa de campaña de Joaquín Lavín, Cristina Bitar.
“Se nutre de la experiencia de SGA y Azerta en sus respectivos ámbitos de competencias, lo que fortalece su propuesta de valor”, señala Miguel Flores, director de esta empresa y ex Subsecretario de Desarrollo Regional durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Flores afirma que, en este breve tiempo, la empresa ya ha participado en proyectos emblemáticos. Por ejemplo, el cierre de consulta indígena en la Región de Los Ríos, asociada al Proyecto de transmisión Línea 2×220 kV Ciruelos – Pichirropulli, de la empresa Eletrans.
“En el marco de la evaluación de impacto ambiental de ese proyecto, logramos cerrar dos procesos de consulta indígena en menos de tres meses”, afirma.
Grupo Etcheberry, fundado por María Elena Etcheberry, abogada y ex superintendenta de Isapres, también abrió el año pasado su área de Sustentabilidad y Asuntos Comunitarios. Lidera esta área Alex Ramos, ingeniero civil industrial quien trabajó en temas de sustentabilidad en empresas como Colbún y CGE.
Sin dar nombres, Ramos cuenta que hoy están trabajando con una empresa de retail muy grande, con uno de los mayores generadores de energía y un importante transmisor de energía. “El área surge porque María Elena Etcheberry se dio cuenta como parte de su tarea normal que el tema comunitario se había transformado en algo sumamente relevante para industria. Hoy la reputación depende también de tener una muy buena relación con la comunidad y en muchos casos de ahí parte todo”, señala.
Si bien ya venía trabajando por años en el tema, en 2014, Valor Estratégico, fundada por Rodrigo Rivas, periodista ex director de Asuntos Corporativos de Barrick Gold, y ex director de comunicaciones y jefe de Asuntos Públicos de la División El Teniente de Codelco, se integró a Extend como una empresa independiente dentro del grupo.
Claro que no todos los emprendimientos en esta industria han resultado exitosos. A fines de marzo de 2014, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, el abogado Luis Hermosilla y el ex ministro Pablo Longueira anunciaron la creación de una consultora que se especializaría en asesorar proyectos en su relación con las comunidades. Sin embargo, a fines de junio de ese año, los tres profesionales anunciaron el término del proyecto.
Proyectos de hasta tres años no vinculados a resultados
¿Cómo se contratan estas asesorías? Tal como ocurre en otro tipo de negocios, las firmas consultoras participan en procesos de licitación que abren las empresas que necesitan mejorar sus relaciones comunitarias, mineras, eléctricas y forestales, principalmente.
Las empresas de asesorías tienen varias formas para cobrar sus honorarios, entre ellas un fijo mensual por sus servicios con independencia de los logros asociados a estos: “no hay bonos si es que una empresa logra instalarse en una determinada zona ni descuentos si no logra hacerlo”, explica un actor. Otra modalidad es cobrar por horas hombre dedicadas a los proyectos y remuneraciones según objetivo logrado.
En algunos casos, se trata de iniciativas puntuales, como la materialización de un proyecto que genera resistencia en una comunidad y que se extienden por un año, por ejemplo. En otros, se suscriben contratos de largo plazo, que pueden extenderse hasta por tres años y que buscan obtener “una licencia social para funcionar en paz”, señala el socio de una de las principales consultoras del mercado.
Alex Ramos, de Grupo Etcheberry, explica: “Prestamos asistencia en procesos de calificación ambiental, en levantamiento de línea base de medios humanos que es entender realidad local de las comunidades que enfrenta el proyecto; apoyamos a las empresas en participación ciudadana y somos una especie de mediadores en reuniones con comunidades”.
En reserva un director resume: “Aquí se perdieron varios años pensando que la asociatividad era construir una multicancha. Ahora se busca que la comunidad participe en la construcción y en la operación de un proyecto”.
En la misma línea, Francisco Garrido, de Tironi y Asociados, señala que cuando las empresas comenzaron a asumir el tema de la responsabilidad social lo hicieron pensando en destinar parte de sus recursos a apoyar proyectos que le interesaban a la comunidad, pero que no tenían nada que ver con el giro de su negocio. Eso también cambió: “El aporte debe ser parte de mi negocio, no una chauchera que tengo disponible para la comunidad. En plantas donde se utilizan guantes de descarne, por ejemplo, la empresa le puede comprar a un proveedor en Santiago o puede apoyar la formación de una pyme para que produzca los guantes localmente. Esto es conectar el desarrollo de la comunidad con mi negocio”, afirma.
Para Rodrigo Rivas, de Extend, desde el punto de vista de la empresa, la compensación monetaria tiene que ser la parte final del proceso de relacionamiento con la comunidad y no el motor de la relación. “Lo que importa primero es tener una relación, conocerse, saber cuáles son sus problemas, cómo es nuestro proyecto, saber cómo les afecta. Y, en ese proceso de relacionamiento, que es de largo plazo, llegar eventualmente a las compensaciones. Las relaciones marcadas y mediadas por las compensaciones, finalmente por las lucas, son de corto plazo”, estima.
Claudia Miralles, de Imaginacción Consultores, agrega: “Las empresas, en la mayoría de los casos, tienen que compensar. El desafío que viene es cuál es la compensación justa. Y la respuesta es que una empresa privada no puede sustituir las tareas del Estado”.
¿La principal amenaza? No llegar primero
La intervención de una comunidad consta de cuatro pasos fundamentales, según señala el director de una de estas firmas: identificación de los líderes; entregarles información sobre las implicancias del proyecto con sus alcances positivos y sus externalidades negativas antes que se enteren por la prensa o por canales informales; identificar qué necesita la comunidad, lo que implica ir más allá de lo que los líderes quieren. Solo a partir de ese diagnóstico, se inicia la negociación.
Aunque no todas las empresas trabajan de la misma forma. Imaginacción Consultores interviene desde la empresa y no desde la comunidad. “No trabajamos directamente con las comunidades -a pesar de que si el cliente lo requiere lo podemos acompañar-, recomendamos condiciones metodológicas a los clientes: primero saber dónde se instala, qué conflictos han ocurrido, qué actores hay. Las empresas como las nuestras facilitan que la conversación entre actores locales ocurra”, asegura Claudia Miralles.
En el trabajo en terreno, ¿cuál es la principal amenaza? No llegar a tiempo a una comunidad: “el año pasado, trabajamos en un proyecto en el norte que pretendía sacar agua del mar, llevarla a una zona alta y devolverla al mar para generar energía eléctrica. Pero la empresa se encontró con una ONG que, antes que llegáramos, propagó la idea de que el agua se iba a devolver al mar con una temperatura más alta, afectando la pesca. Llegar primero es básico”, afirma un actor en reserva.
Visiones cruzadas entre asesores y dirigentes
Los asesores y dirigentes de comunidades no ven con buenos ojos la acción de las consultoras. El abogado Lorenzo Soto es asesor de un grupo de pescadores de Coronel que se oponen al proyecto termoeléctrico Bocamina, de Endesa, y afirma que el trabajo de los consultores externos apuntó a dividir a la comunidad: “Me tocó verlo. Recurren a las viejas prácticas de permear a las comunidades y sus dirigentes para dividirlas. Levantan comunidades paralelas para llegar a acuerdos forzados”, señala Soto, quien representa a comunidades indígenas en la Tercera Región.
La misma visión tiene el dirigente de los pescadores de Coronel, Hernán Cortés, opuesto al proyecto Bocamina: “las empresas asesoras ocupan artimañas para separar a los grupos que estamos peleando. Divide y conquistarás, esa es la práctica que llevan a cabo, con ofertones y argucias”.
Las consultoras, en cambio, tienen una opinión dividida sobre los abogados y ONG que trabajan en representación de las comunidades. Un director argumenta: “han sido capaces de producir transformaciones súper relevantes, que las propias empresas han sabido asumir. Hay que relevar ese papel, el papel de mover los estándares de cómo se hacen las cosas en Chile”, afirma este actor, quien agrega que el trabajo de los abogados y las ONG les ha permitido, en parte, desarrollar este negocio.
“Nos hemos topado con los abogados representando intereses de defensa legal, de intereses específicos, negociando compensaciones y ese tipo de cosas. Cumplen su tarea y nos ayudan a justificar la nuestra”, agrega.
Otro director estima que hay activistas que falsean información y crean sensaciones negativas sobre proyectos de inversión incluso previas al asentamiento de una empresa en el terreno. “Lo riesgoso para el país es que los activistas se instalen como una industria. Un caso emblemático es Patagonia sin Represas, que logró finalmente instalar un clima de opinión respecto de un proyecto en particular, que no se lleva a cabo. En general, cuando hay dificultades en regiones, desde la lógica del grupo, hay que generar corriente de opinión y esta está en Santiago”, dice.
Para el gobierno, las negociaciones directas entre empresas, abogados, ONG y comunidades tensionan el tejido social. Con esta idea, el Ministerio de Energía está elaborando un proyecto de asociatividad que podría cambiar drásticamente las reglas del juego.
En una entrevista con “El Mercurio”, el 17 de enero de este año, el ministro del ramo, Máximo Pacheco, adelantó que en marzo el Gobierno presentará un proyecto que busca evitar los pagos directos por parte de las empresas a las comunidades. Para esto, una idea es que las generadoras nuevas cuya capacidad instalada supere los 20 MW paguen a las comunidades un valor fijo por megawatt generado y los recursos serían administrados por una corporación, fundación, o bien, por el municipio.
Otra de las disposiciones que incorporará la iniciativa es la obligación de pagar patentes en las mismas comunas donde se desarrollan los proyectos. Hoy, la mayoría paga donde están sus casas matrices.
El trabajo de las empresas “puertas adentro”
En las empresas, el trabajo con las comunidades también está tomando fuerza como un área importante dentro de la organización. Los “plus” que se le puedan dar a un proyecto en términos de beneficios sociales ya no se ven como “gastos extra”.
Claudia Miralles, de Imaginacción Consultores, explica cuáles son las recomendaciones generales para las compañías: “Siempre recomendamos a las empresas que incorporen a la función de comunicaciones corporativas un responsable de gestionar las relaciones con el entorno, así como en su minuto tenían un jefe de prensa, hoy comunidades, entorno o relaciones institucionales son un tema. Recomendamos mantener una buena relación con el municipio, entendiendo que por definición este es la entidad más importante para la comunidad”, señala.
Barrick impulsa una estrategia de relacionamiento con las comunidades en los países donde tiene operaciones. A partir de 2011, ha destinado US$ 3 millones para desarrollar proyectos de desarrollo sustentable cerca de su mina de cobre Lumwana, en Zambia; US$ 2 millones a las comunidades de Libertad y Ancash, en Perú; US$ 850 mil para apoyar un centro para niños discapacitados en la Región de Atacama; US$ 2 millones en un proyecto que suministrará agua en el noroeste de Tanzania y US$ 2,4 millones en el valle de Porgera en Papúa Nueva Guinea.
Minera Escondida, de BHP Billiton, es otra de las compañías que mantiene una fuerte inversión en las comunidades. Según su reporte de sustentabilidad, en 2013 invirtió US$ 31 millones en la comunidad, cifra que ascendió a US$ 159 millones entre 2010 y 2013.
Las lecciones de Freirina: ya no se trabaja para cumplir solo con la ley
Agrosuper también ha potenciado su trabajo “puertas a dentro”, en particular después de su fallida planta en Freirina. Pilar Velasco, directora de Extend, cuenta que para la empresa y todos quienes trabajaron en la planta de Freirina la situación marcó un antes y un después. Si antes se trabajaba de acuerdo a lo que dictaba la ley, hoy eso no basta y se trabaja con la premisa de generar bienestar social en las comunidades. “La planta de Freirina tenía estándares sumamente buenos, estaba hecha con la mejor tecnología, y estaba preparada para responder incluso en su trabajo con la comunidad de acuerdo a una empresa que lo hace todo bien. Por lo tanto, cuando lo hizo mal porque tuvo una falla, no tuvo la rapidez ni la capacidad de escuchar las señales aunque se nos estuvieran mostrando. No es que no las viéramos, en la cultura interna de la empresa no estaba internalizado que había que ir más allá de lo que la ley requería”, explica Pilar Velasco y resalta que la experiencia de Freirina ha servido de ejemplo para todos los involucrados en ese proyecto y para otras empresas productoras.
En Arauco también incorporaron cambios importantes en esta materia a partir de 2012: ese año, la compañía comenzó a trabajar con la consultora FSG, con el fin de desarrollar un diagnóstico de los programas comunitarios que estaban impulsando en ese momento. Ese levantamiento dio origen a otras iniciativas: el programa Somos Socios; el Programa de Vivienda para Trabajadores (PVT); y el proyecto del Centro de Entrenamiento y Formación Laboral, que está en etapa final de evaluación.
Según el gerente de Asuntos Corporativos de Arauco, Charles Kimber, estos cambios le han permitido a la empresa implementar una serie de proyectos de inversión: “El gran aprendizaje de Arauco en materia de sustentabilidad ha sido conocer y desarrollar una serie dispositivos de gestión de procesos complejos, para llevar a cabo grandes proyectos como PRES Constitución, aprobación proyecto MAPA, cierre del juicio con el CDE y creación del Consejo Científico Social, certificación de Manejo Forestal Sustentable bajo estándar FSC”. Pese a estos ejemplos aún hay trabajo pendiente de cara a la comunidad. Pilar Velasco menciona a las salmoneras, las compañías de telecomunicaciones y la construcción. “Hay muchos edificios que se construyen en Santiago y son un par de inversionistas que hacen el edificio con cero conciencia del entorno. Ahí hay un desafío para la Cámara de la Construcción y los desarrolladores de considerar que el vecino tiene su casa y su vida ahí”, asegura.