Latinoamérica posee una importancia estratégica para Canadá en materia de inversión minera, debido a que en esta zona se encuentran muchas de las operaciones en el extranjero de sus compañías. Así por ejemplo, casi el 26% de la cartera de proyectos mineros en Chile –especialmente auríferos- corresponde a capitales canadienses.
En la actualidad mantienen presencia en la mediana y gran minería nacional firmas como Teck, Barrick Gold, Kinross Gold, Yamana Gold, Amerigo, Goldcorp, Mandalay, Breakwater Resources, Atacama Minerals y Cerro Grande Mining.
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Como consecuencia de lo anterior, las firmas canadienses han incorporado en sus estrategias diversas directrices que ayuden a elevar los estándares en la responsabilidad corporativa de sus operaciones, tanto en las prácticas ambientales como sociales.
Rod Thomas, presidente de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), precisa a MINERÍA CHILENA que muchas empresas implementan lineamientos como son los Principios Voluntarios de Seguridad y Negocios, el Global Reporting Initiative (GRI), las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la guía e3-Plus Marco de la PDAC. “Estas iniciativas ayudan a las compañías a reducir los riesgos, minimizar los impactos adversos y optimizar los beneficios para todos los relacionados con sus operaciones”, comenta.
Sin embargo, el accionar de las firmas mineras canadienses no ha estado exento de cuestionamientos. Recientemente un grupo de ONG latinoamericanas entregó el documento “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual analiza los impactos generados por 22 proyectos mineros en nueve países de la región. En esta nómina figuran “Minera Petaquilla” (Panamá); Lagunas Norte (Perú); y Pascua-Lama (Chile-Argentina).
Rodrigo Weisner, socio de Puga Ortiz Abogados, comenta que si bien esta iniciativa no tendría consecuencia jurídica inmediata, sí es tema para las compañías mineras del país del norte incorporar las preocupaciones planteadas por las comunidades acerca de las prácticas de la minería canadiense.
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