(La Tercera) Febrero será el mes en que varios ministros del área económica tomarán vacaciones. Al volver, una de las primeras tareas que deberán encarar es la materialización del plan comprometido para agilizar la inversión privada.

En noviembre, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que antes del 31 de marzo el gobierno pondría en marcha 13 medidas de gestión y 14 modificaciones normativas. Junto a ello -detalló en ese entonces- se destrabarían US$ 6 mil millones en proyectos de inversión con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, sin causas judiciales abiertas y que, pudiendo comenzar a desarrollarse en 2015, tienen poblemas para hacerlo por mantener diligencias pendientes con el Estado.

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Hasta esta fecha, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, solo se ha limitado a comentar que el catastro del Ejecutivo se basó en un centenar de iniciativas, absteniéndose de entregar el detalle de las mismas. Esto, después de que -en un seminario de la Sofofa- diera abierto respaldo al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, del Grupo Luksic, argumentando que “los proyectos que cumplan con la institucionalidad se van a implementar”.

Sin embargo, tras un requerimiento realizado a través de la Ley de Transparencia -en el que se solicitó el nombre de los proyectos de inversión detectados por el gobierno que cumplen con los requisitos- la subsecretaria (s) de Hacienda, Andrea Palma, accedió a responder.

La autoridad dio a conocer una lista de 108 iniciativas que al 30 de septiembre de 2014 -momento en que comenzó el levantamiento de información para el plan- contaban con RCA favorable y aún no comenzaban su construcción.

El documento también incluye proyectos judicializados. Entre ellos, la central hidroeléctrica Cuervo (US$ 733 millones); y los proyectos mineros El Morro (US$ 2.500 millones) y Magnaneso Los Pumas (US$ 100 millones).

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Para cumplir esta meta el gobierno estaría priorizando un pull compuesto por cerca de 20 proyectos . Entre éstos, estarían la planta termosolar María Elena (US$ 3.290 millones); el parque Eólico Talinay II (US$ 1.200 millones); la central eléctrica Luz Minera -de Codelco- (US$ 758 millones); y la central a gas natural ciclo combinado Kelar (US$ 400 millones), ligada a BHP Billiton.

De todos modos, altas autoridades han anticipado que lo más probable es que el compromiso se logre con la materialización de inversiones por montos más bien pequeños.

La mayoría se ubicaría en las regiones de Antofagasta y Atacama, al estar vinculadas principalmente a los sectores de generación, transmisión eléctrica y minería. También habrá otros ligados a la producción fabril y al sector inmobiliario.

Según otra fuente del Ejecutivo, a la fecha cerca del 50% del plan estaría en funcionamiento.

En la mira

En cuanto a volumen de inversión, uno de los proyectos más relevantes que permanecen paralizados es la optimización del proyecto minero Cerro Casale (US$ 5.200 millones), controlado por Barrick y Kinross.

Según el sitio web del SEA, los recursos de reclamación asociados a esta iniciativa serán analizados por el Comité de Ministros este lunes 19 de enero, en la primera sesión del año que realizarán a las 15:30 horas en el Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo a un abogado conocedor del proyecto, Cerro Casale enfrenta otro problema: si no entra en marcha antes del 25 de enero de este año corre el riesgo de perder la autorización ambiental. Esto, debido a un cambio legal establecido en 2010, que fijó un plazo de cinco años para la ejecución de un proyecto desde la aprobación ambiental.

De acuerdo al especialista, varios proyectos que se han visto detenidos por problemas judiciales o administrativos quedarán expuestos a una discusión sobre su caducidad, que podría culminar -en algunos casos- en la obligación de ingresar una nueva propuesta al sistema de evaluación.

Del listado, otro de los proyectos que se encuentra en la fase final de obtención de los permisos correspondientes es Oxidos Encuentro, de la compañía Contractual Minera Encuentro (del Grupo Antofagasta Minerals) por US$ 600 millones. Un especialista ligado a la compañía afirma que, en la práctica, “aún no se nota que el gobierno quiera hacer los trámites más expeditos”.

En cuanto a otros, como la modificación al proyecto San Antonio -US$ 962 millones- Codelco informó que se encuentra suspendido, y que la división Salvador estudia el proyecto Rajo Inca como alternativa.

Problemas de permisos

A comienzos de diciembre comenzó a funcionar el equipo de técnicos a cargo de destrabar las inversiones, coordinado por Patricio Tapia, asesor del ministro de Hacienda. Será él quien presente los avances al comité de ministros del área económica.

Desde el gobierno señalan que los principales problemas a la hora de obtener permisos surgen en la Dirección General de Aguas y en el Servicio Nacional de Geología y Minería. En el sector privado, acusan que en el mejor de los casos el primer servicio se puede demorar ocho meses en entregar una respuesta.

También advierten retrasos en el ministerio de Bienes Nacionales, por ejemplo, al momento de vender o determinar concesiones de terrenos fiscales. “Hay concesiones que se pueden demorar más de cuatro años”, aseguran.

El comité pro inversión sesiona martes y viernes, a partir de las 08.30 horas, pero también realiza citas extraordinarias en caso de que sea necesario.