(La Tercera) Una nueva institucionalidad para la inversión extranjera deberá presentar el gobierno en los próximos meses, según el compromiso adquirido en el marco de la reforma tributaria.
Con ese deber en mente, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, recibió ayer las conclusiones de la comisión que convocó la autoridad en septiembre para realizar una propuesta en la materia.
Participaron en esta instancia el vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), Jorge Pizarro, -secretario ejecutivo-junto a Christian Larraín, Rafael Aldunate, Rodrigo Álvarez, Jorge Carey, Carolina Fuensalida, Ricardo Vásquez, Jaime Estévez, Jovino Novoa, Sebastián Guerrero, Guillermo Vásquez, Patricio Palma, Andrea Repetto y José Pablo Arellano.
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El protocolo de acuerdo de la reforma tributaria estipuló que la nueva ley “deberá plasmar las recomendaciones de un comisión asesora transversal” y “supondrá la derogación del Decreto Ley 600”, dictado en julio de 1974. Entre otros, dicha normativa garantiza a los titulares de inversiones extranjeras que no se modificarán los regímenes tributarios y de franquicias especiales establecidos en sus contratos. El futuro de esta materia fue uno de los puntos en los que no hubo acuerdo en la comisión.
Según participantes de la instancia, el informe que bordea las 20 páginas da cuenta de tres visiones al respecto: eliminar dicha invariabilidad tributaria, mantenerla o modificarla. Lo primeros sostienen que el país ya no necesita ofrecer este mecanismo, debido a que su solidez económica, cuentas fiscales sanas y su posición de acreedor neto son suficientes para atraer inversiones.
El segundo grupo, en cambio, defiende la existencia de invariabilidad a través de dos opciones: mantener el esquema actual -en que los inversionistas pagan 7% adicional al impuesto de 35%- o establecer restricciones. Esta última alternativa apunta por ejemplo a establecer temporalidad o acotarla a ciertos impuestos.
En lo que sí hay acuerdo, asegura uno de los participantes, es en la necesidad de dotar al país de una nueva agencia para la promoción de las inversiones.
El diagnóstico es que el Comité de Inversiones Extranjeras está orientado a recibir y registrar inversiones, más que a fomentarlas. La idea es crear una agencia “más proactiva”, con más facultades para potenciar y difundir los atractivos del país.
Otra de las recomendaciones de la comisión es que se debe garantizar a los inversionistas extranjeros el acceso al mercado cambiario formal, para el envío de remesas de sus capitales al exterior.
Según el CIE, la mayoría de los inversionistas extranjeros ha utilizado el DL 600, mecanismo que implica un contrato con el Estado. A 2011, se materializaron US$ 82.021 millones a través de este procedimiento, lo que representa 56,5% del ingreso bruto de capitales a Chile.