Cuatro temas concentraron la atención del discurso realizado por el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en el marco de la Cena Anual de la entidad: la evolución del mercado de los commodities; los desafíos que enfrenta el sector en materia de competitividad y productividad; la actual agenda legislativa, y lo que denominó como la “institucionalidad desafiada”.
Fue precisamente este cuarto punto el que concentró los más duros cuestionamientos por parte del dirigente.
Institucionalidad Desafiada
Ante una asistencia encabezada por la Mandataria Michelle Bachelet, el presidente ejecutivo del Consejo Minero sostuvo que preocupa la forma en que se están resolviendo las discrepancias y conflictos que se generan en torno al desarrollo de algunas actividades productivas, como es el caso de la minería y energía.
Señaló que frente a algunos de estos conflictos se ha generado una sensación de “falta de protección que el ordenamiento jurídico debe proporcionar a todos, incluso a empleadores y empresarios”. Y agregó que este escenario pone en tela de juicio el funcionamiento de algunas instituciones, que no estarían preparadas para estas nuevas demandas de la sociedad actual.
A modo de ejemplo, indicó que en el tema laboral ya no es extraño presenciar conflictos que terminan en huelgas ilegales, tomas de faenas y caminos… “Frente a ello, lo habitual es que la fuerza pública no intervenga argumentando que no cuenta con las atribuciones o que requieren de órdenes de fiscales o jueces”, precisó.
Respecto a la resolución de conflictos generados en torno a proyectos mineros y energéticos, dijo que el problema radica en que aquellos que son sometidos a conocimiento de la justicia ordinaria “terminan obstaculizados o paralizados en la Corte Suprema. No es razonable sostener que todas las empresas cuyos proyectos son objetados judicialmente hagan mal los estudios de impacto ambiental”, estimó.
Y acotó que “aunque las demandas, aspiraciones o peticiones (de la comunidad o ciertos grupos) sean razonables, estas no se pueden acoger –por parte del Poder Judicial- si para ello es necesario torcer o desfigurar las instituciones. En la práctica constituye una suerte de derogación de la ley por parte de los tribunales de justicia, puesto que se maneja el contenido para lograr objetivos ajenos a ella”.
Agenda legislativa
Con respecto a la intensa agenda legislativa impulsada por el Gobierno –y su impacto en el dinamismo del sector minero-, Joaquín Villarino expresó una postura más conciliadora, abogando por la conveniencia de un diálogo público-privado.
No obstante, dijo que “desafortunadamente, esta agenda coincide con la pérdida de competitividad y productividad del país y de la industria minera en particular, y con la baja de los precios de los commodities. ¿Cuánto influye cada uno de esos factores en la postergación de inversiones y en el enfriamiento de la actividad?, nadie lo puede decir con certeza. Lo que sí nos atrevemos a afirmar, es que el conjunto de factores está influyendo de manera negativa”.
Al respecto, hizo notar que según el catastro de las empresas socias del Consejo Minero, el monto de proyectos actualmente en ejecución asciende sólo a US$15.500 millones, mientras que otro conjunto de iniciativas por US$47.500 millones, se encuentra en evaluación, “esto es, no hay decisión de inversión definitiva”, puntualizó.
Asimismo, comentó que las inquietudes y cuestionamientos planteados por el sector minero a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo no deben tomarse como una hostilidad, “sino como un honesto aporte para la mejora de las modificaciones”.