(La Tercera) El parlamentario alaba el celo con que la Comisión del Litio, formada a petición de la Presidenta Bachelet, ha llevado el tema. Espera, además, que en las conclusiones que esta entregue, el mineral no metálico no pierda el carácter de estratégico para el país, y que se acabe definitivamente con la fórmula de arrendamiento que existe para la explotación del recurso. La antigua fórmula debe ser reemplazada, a su juicio por una asociación público-privada, donde el Estado tenga una participación mayoritaria.
¿Cómo ha visto el trabajo que ha hecho la Comisión del Litio?
La Comisión ha sido muy celosa con su trabajo, y lo ha guardado hasta que la Presidenta lo conozca. Ahí están los representantes idóneos, los que más saben. Esperemos que haga un buen trabajo. Esta Comisión la formó la Presidenta Bachelet para que le entregue una propuesta, entonces, la Presidenta la puede tomar o no, o la puede matizar.
¿Cuál es su postura frente al carácter de estratégico del litio?
Nosotros pensamos que no debería perder el carácter de no concesible y que siga manteniendo el carácter de estratégico que hasta el momento había tenido. No obstante eso, creo que para que se cumpla este fin el Estado debería crear una especie de empresa nacional del litio. Además, esa organización debería tener un instituto que pueda investigar las bondades del recurso y avanzar en esa materia. Por otro lado, que también actúe como una contraparte, que pueda explotarlo a través de esta empresa o de asociaciones, donde no pierda el sentido estratégico.
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¿Cómo debería funcionar esta empresa?
Debiera ser una corporación similar a Codelco. Aunque a diferencia de lo que ocurre con el cobre, este producto no debería ser concesionable. Pero sí debería permitir que el Estado se asocie.
¿Que participación debería tener el Estado en estas asociaciones?
El 51%. Si no, perdería el sentido.
¿Se debería terminar con la fórmula que existe en la actualidad?
Deberíamos terminar la fórmula de arrendamiento con la que se ha explotado hasta el momento. La fórmula de arrendamiento deja al Estado muy desprovisto, y prácticamente lo desnaturaliza desde el punto de vista de ser un productor estratégico que pueda producir beneficios al país. Hay un tema jurídico muy débil, por lo tanto, normarlo a través de una ley es lo correcto.
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¿Eso significa revisar los contratos con Soquimich y Rockwood?
Creo que la fórmula debe ser revisada, no esos contratos. Esos contratos tienen una cantidad de años y el Estado tiene que cumplir con ellos. Utilizar ese método no me parece. Deberíamos normalizar esa situación a través de una ley. Revisar hacia atrás siempre es complicado, es difícil echar abajo un contrato de esa naturaleza. Esto no excluye que empresas como Soquimich y otros en el futuro quieran asociarse con el Estado para explotar el recurso, siempre y cuando el Estado sea el socio mayoritario.
¿Teme críticas que hablen de estatización del recurso?
El recurso es del Estado. El tema es cómo lo ampara el Estado de aquí en adelante.