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Ricardo Irarrázabal: “Al sacar la consulta indígena del SEIA se generará un nuevo foco de judicialización”

Según el ex subsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, estos temas se pondrán sobre la mesa en el seminario “Desarrollo de Proyectos y Medioambiente: ¿Estado de Derecho o de Litigio?

(Pulso) ¿Cómo conciliar la nueva institucionalidad ambiental con eventuales vulneraciones a la Constitución?, y ¿qué rol le cabe al recurso de protección en esta materia? Esas son algunas de las reflexiones que se pondrán sobre la mesa en el seminario “Desarrollo de Proyectos y Medioambiente: ¿Estado de Derecho o de Litigio?”, que organizan Libertad y Desarrollo y PULSO.

Justo cuando el gobierno plantea cambios al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), con el fin de entregar mayor certeza a los inversionistas y a las comunidades, desacoplando la consulta, la discusión se enfoca en qué tan efectivas serán estas modificaciones en la práctica.

Según el ex subsecretario del Medio Ambiente y socio del estudio Arteaga Gorziglia & Cía, Ricardo Irarrázabal, las medidas podrían generar efectos adversos, y nuevos focos de judicialización.

¿Por qué se abrirían nuevos focos de judicialización?

Cuando uno perfecciona un instrumento la idea es que apunte a tener mayor certidumbre. Si uno genera certidumbre produce señales más claras para el titular del proyecto, disminuyendo la discrecionalidad. En ese sentido, esta separación tiene complicaciones que generan mayor incertidumbre desde el punto de vista del Estado como desde el titular del proyecto.

¿Por qué desde el Estado y desde los privados?

Porque no se sabe cuál será el acto administrativo que se somete a consulta. Ahora lo que se somete a consulta es un proceso que deriva en la Resolución de Calificación Ambiental. Y desde el punto de vista del privado, creo que generar dentro de un solo procedimiento, no sólo la consulta, sino que los impactos del proyecto, se puede asociar con los impactos culturales y socio ambientales que también se pueden evaluar en el SEIA, en una sola instancia.

¿Pero cómo se provocaría esta incertidumbre?

Al sacar la consulta indígena se generará un nuevo foco de judicialización, ya que no quedaría claro cuál es el acto administrativo que se busca. En su momento se generó la institucionalidad ambiental para ordenar las cosas y que el recurso de protección se usara para lo que realmente está definido. Entonces, ahora al sacar la consulta de la institucionalidad implica que la manera de impugnarlo sea mediante un recurso de protección.

El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, dijo que se entregó esa responsabilidad al SEA, pero no se traspasó recursos. ¿Qué piensa de esa afirmación?
Ese es un tema subsanable mediante la ley de presupuestos, por eso creo que la discusión pasa por definir cuál es la institución adecuada que debe llevar adelante la consulta indígena en el marco de evaluación de proyectos de inversión. En ese sentido creo que es el SEA.

Algunas voces dicen que suscribir el Convenio 169 de la OIT no fue una buena idea, ¿qué opina sobre eso?

Este es un convenio internacional firmado por Chile y como todo tratado tiene que cumplirse. Cuando nosotros, en el gobierno anterior, nos tocó ir a Ginebra a explicar el modelo con la consulta indígena incorporado en la tramitación ambiental de proyectos, tuvo muy buena aceptación por parte de las autoridades que rigen el Convenio 169 en la OIT. Por eso creo que no es tema el que no se cumpla el convenio. Acá se han hecho los mejores esfuerzos para cumplirlo y con muy buen estándar.

Muchos titulares afirman que una vez que se ha desarrollado la consulta, aparecen nuevas comunidades diciendo que se les restó del proceso, ¿pero cómo se resuelve eso?

Siempre habrá espacios grises sobre si hay o no efectos significativos, pero existe la posibilidad de ingresar de forma previa al sistema para solicitarle una suerte de consulta de pertinencia especial en cuanto a la significancia del impacto en cuanto a la temática indígena. Así, a posterior, se puede ingresar de mejor forma al sistema; mejor preparado.

Algunos magistrados han dicho que la judicialización es positiva para resolver discrepancias, ¿puede ser vista así?

Que existan recursos no es malo, implica que un tercero revise lo hecho por la administración. Es bueno que un tercero revise esos temas, incluso las empresas lo pueden hacer y recurrir a la justicia, no es algo malo. El problema es cuando la judicialización se instrumentaliza, cuando se usa para llegar a mejores acuerdos económicos. El problema es cuando la judicialización se usa para torpedear proyectos.

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