(La Tercera) La nueva concepción del derecho de aguas, que deja de ser un activo en el patrimonio para convertirse en un derecho de uso y goce temporal esencialmente vinculado al interés público, es el cambio fundamental que advierte la abogada Carolina Seeger en la propuesta del gobierno para reformar el Código de Aguas.

Eso se traduce, explica Seeger, abogada de recursos naturales y energía del estudio Fontaine & Cía, en que de prosperar la modificación no sólo podrá “ser limitado en su ejercicio sino que además caducado”. El cambio conceptual es evidente en la eliminación en el texto de “toda referencia al vocablo ‘dueño’ que reemplaza por el más sutil ‘titular’”.

Para la abogada, la prelación de usos que se plantea, privilegiando el consumo humano, “parece adecuada” si se busca cumplir con los estándares de la ONU. Pero a su juicio la fórmula para llevar a los hechos esa prioridad debiera ser únicamente la reserva de caudales por parte del Estado y la reducción temporal del ejercicio del derecho en períodos de escasez. “No concuerdo con que dicha prelación se utilice para otorgar derechos de agua nuevos, pues me parece un freno a priori al desarrollo de determinadas actividades económicas”, comenta.

Seeger estima que el cambio de derechos por concesiones a 30 años no necesariamente es negativo. Cuando existe una actividad o un bien público, “la técnica concesional es lo usual, y es a mi juicio lo recomendable, pues permite al particular tener acceso al uso y/o explotación del bien público y a la vez lo somete a un estatuto jurídico de derechos y obligaciones respecto de la Administración (Estado)”, explica.

Por ahora, resalta, quienes debieran estar atentos a la tramitación del proyecto son quienes tienen constituidos derechos y no los han inscrito en el Registro de Propiedad de Aguas, ya que tendrán sólo seis meses para regularizarlos una vez que la ley entre en vigencia. Si no lo hacen, corren el riesgo de que sean caducados.