(La Tercera) En el Ministerio del Trabajo hablan de reforma y en Hacienda, de una agenda laboral. Pese a la diferencia conceptual, en ambas carteras existe claridad de que antes de fin de año el gobierno debe dar una señal de cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia laboral.
La tarea no es fácil para el Ejecutivo, que por un lado busca responder a las expectativas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -que en julio de este año respaldó la propuesta de salario mínimo a cambio de que la reforma laboral ingresara al Congreso este mes- y, por otro, cuidar las señales que envía al sector empresarial en un contexto de desaceleración económica, donde las expectativas de los agentes económicos hoy apuntan a una expansión para 2014 bajo el 2% y algunos ponen en duda las metas planteadas para el ejercicio entrante.
Ante esa encrucijada, el gobierno evalúa soluciones en al menos dos de los cambios centrales que plantearía dicha reforma y que son justamente los que han despertado dudas en el sector privado.
La intención, dicen desde el oficialismo, es que el proyecto que establecerá cambios en materia de negociación colectiva ingrese al Parlamento con el mayor res- paldo posible.
Prohibición acotada
Por eso, y aunque la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, había anticipado la eliminación del reemplazo en huelga “sin letra chica”, una de las opciones que estaría analizando el gobierno es acotar la prohibición a un tiempo determinado para no afectar procesos productivos.
Una medida de este carácter, puntualizan desde la Nueva Mayoría, podría fijarse en base a la duración promedio que registran las huelgas en la Dirección del Trabajo.
También se debate si se considerará o no como reemplazo la reubicación de trabajadores no sindicalizados dentro de la misma empresa, en caso de huelga. Esto, dicen en el gobierno, podría permitirse si una determinada función se considera como esencial para la actividad productiva.
Hoy, el artículo 381 del Código del Trabajo permite el reemplazo de trabajadores en huelga cuando se cumplen requisitos como: que la oferta del empleador estipule condiciones idénticas a las del contrato laboral vigente más un reajuste según el Indice de Precios al Consumidor (IPC); reajustabilidad mínima anual según IPC para el período de contrato; el pago de un bono de reemplazo equivalente a cuatro UF (hoy $ 24 mil aproximadamente) por cada trabajador contratado como reemplazante. En este caso, el reemplazo podrá realizarse desde el primer día en que se hizo efectiva la huelga. En cambio, ese reemplazo sólo podrá efectuarse desde el día 15, siempre que el empleador ofrezca el mencionado bono de 4 UF.
Titularidad sindical
Otro de los puntos en los que el Ejecutivo busca generar máximo consenso es en la titularidad sindical.
En ese sentido, lo que Hacienda y Trabajo estarían evaluando es establecer que para que el sindicato sea titular de los beneficios obtenidos en la negociación colectiva -esto es, que la empresa no pueda extender los beneficios a los trabajadores no sindicalizados, como ocurre actualmente-, es que éste represente a un porcentaje significativo de los trabajadores de la empresa. Esto, afirman, permitiría, a su vez, que desaparezcan los grupos negociadores que constituyen una suerte de “multiRUT” de los sindicatos.
Más que un debate técnico, desde el oficialismo admiten que el cariz en esta etapa de la discusión es más político. Más aún, apuntan a que se trata de un debate “ideológico”.