(Diario Financiero) A una semana de que la Corte Suprema dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero El Morro, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso, defiende el proceso de consulta indígena que se realizó.
Dice que este dictamen no es como el de 2012, que paralizó el proyecto, pues ahora la consulta no se cuestionó.
«En este fallo, la consulta no fue cuestionada e, incluso, las últimas resoluciones judiciales sobre este tema nos han ido dando la razón», señala.
Troncoso dice que han aprendido de la experiencia de realizar este proceso, con procedimientos que son cada vez más reglados, documentados y registrados.
Respecto de cómo quedará el proyecto, y si habrá que hacer una nueva consulta, Troncoso explica que en estricto rigor, la corte sólo pide que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) «motive o funde su pronunciamiento respecto de la Adenda Nº 5 y sobre el documento que cierre de la consulta».
Por eso, en virtud de lo que diga ese nuevo informe, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama tendrá que analizar y decidir si amerita o no hacer una nueva consulta indígena.
Troncoso especifica que, de acuerdo al análisis que han realizado, en las próximas semanas ordenarán retrotraer el proceso de evaluación hasta la Adenda Nº 5, que es el último informe que entregó la empresa con respuestas a preguntas que habían formulado los servicios.
Ahí, añade, se establecerá un plazo para que la Conadi emita su nuevo pronunciamiento.
Titular activo
Consultado sobre si el actual proceso de consulta daba garantías a los titulares de proyectos de que se disminuiría la conflictividad de los mismos, Troncoso señala que ésta no es la misión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
«Una cosa distinta es cómo los titulares de proyectos se relacionan con las comunidades. No es tarea del servicio solucionar conflictos que puedan generarse entre titulares y comunidades», enfatiza.
A su juicio, el servicio debería abrir espacios de participación ciudadana e indígena, algo que, dice, han estado haciendo a través de las consultas para incorporar la variable ambiental en los proyectos de inversión.
«Es muy relevante que los titulares, previo a ingresar sus iniciativas al SEIA, tengan un relacionamiento con las comunidades desde las primeras etapas del proyecto, no un mes antes», apunta.
«Si no están resueltos estos temas, la evaluación ambiental se contaminará y terminará en la Justicia», dice el director ejecutivo del servicio.