(La Tercera) Una sorpresa en el mundo legal ligado a los temas ambientales generó el fallo de la Corte Suprema que el martes paralizó el proyecto de oro y cobre, El Morro, que contempla una inversión por casi US$ 4 mil millones.
El máximo tribunal determinó que en la iniciativa de las canadienses GoldCorp y New Gold faltó el proceso de consulta indígena, según lo que dicta el Convenio 169 de la OIT.
Abogados señalaron que la resolución genera incertidumbre a la inversión y muestra que la nueva institucionalidad ambiental aún no está consolidada. Ello, al considerar que el caso podría haber sido visto por el Tribunal Ambiental (TA) y también porque en 2012 la iniciativa atravesó el mismo proceso, convirtiéndose la resolución de ese entonces en algo no definitivo. Dicho veredicto obligaba a la empresa a cumplir con la consulta indígena con la comunidad de huascoaltinos y establecía que después de ello, podía continuar.
“Hay una complejidad grande de la administración de cómo cumplir los fallos que ordena la Corte Suprema, porque de alguna manera el anterior fallo consideraba incluir a una comunidad específica dentro del proceso de consulta indígena y esta nueva resolución lo amplía”, dijo el ex director del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Ricardo Irarrázabal. “La jurisprudencia no termina de consolidarse y esto para el inversionista extranjero genera una gran incertidumbre”, acotó.
El abogado de la consultora ambiental Gisma, Enrique Oyarzún, señaló que si bien el fallo es correcto, “habría sido más congruente con la nueva institucionalidad ambiental, que la Corte Suprema hubiera confirmado el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, razonando que lo argumentado por los huascoaltinos debiera haber sido conocido y resuelto por el Tribunal Ambiental, en la instancia que hubiera correspondido: sea como demanda por daño ambiental o como reclamación de lo resuelto por el Consejo de Ministros”.